El Gobierno sigue sin dar respuesta a los tenedores de tarjetas de crédito no bancarias. Cuando el Banco Central dispuso un plan de pago de hasta un año para los saldos de tarjeta de crédito que no pudiesen abonarse correspondiente a abril, excluyó a las tarjetas no bancarias, las cuales llegan a cobrar por la refinanciación de las deudas más de 120 por ciento anual. La asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) le remitieron el jueves pasado al Banco Central un pedido para que dicte una regulación sobre el tema, luego de que Comercio Interior y la AFIP se desentendieran del asunto.

Las tarjetas no bancarias son plásticos emitidos por hipermercados, grandes cadenas comerciales, mutuales y/o cooperativas. Generalmente se pagan a través de lugares como Rapipago o Pago Fácil, que recién esta semana comenzaron a atender al público con númérdo de DNI. Si bien no se cobran intereses entre la fecha de vencimiento hasta el momento en que se habilitó la opción, dado el sector al que apunta este crédito, para muchas personas hoy el saldo es imposible de afrontar.

El aumento de la informalidad y el deterioro de los ingresos en los últimos años potenció la proliferación de las tarjetas no bancarias. Las entidades más conocidas que ofrecen este tipo de préstamos son Efectivo Si, Credial, Credipaz, Centro CARD, CMR Falabella, COTO Cicsa, Italcred y Tarjeta Naranja, junto a un centenar de marcas solo para el Área Metropolitana de Buenos Aires, según el Registro de empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra del BCRA.

"Nos presentamos en Comercio Interior con el tema y desde la Dirección de Defensa al Consumidor nos dijeron que lo regula el Central", explicó a este diario Pedro Busetti, titular de Deuco. Para los usuarios de tarjetas de crédito vinculadas a una cuenta bancaria, en el caso de no contar con los fondos para afrontar el débito o quienes elijan pagar el mínimo y refinanciar el saldo, el Central acordó con los bancos una tasa de 43 por ciento anual, tres meses de gracia y nueve cuotas fijas para vencimientos que operen hasta el 30 de abril.

"Lamentablemente, la Comunicación omite incluir a los usuarios de empresas no financieras de tarjetas de crédito y a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de compra, excluyendo de este modo, a millones de usuarios. La norma discrimina al sector más débil de la sociedad, que accede a este tipo de financiamiento que generalmente no ofrece las mejores condiciones del mercado", señala el documento enviado a la entidad que conduce Miguel Pesce. Desde la autoridad monetaria aseguraron a Página/12 que "por ahora no hay nada". Y remitieron que se trata de un tema más fiscal. Desde AFIP coinciden en que es un tema regulatorio. 

"Solicitamos a las autoridades del Banco Central que en forma urgente dicte una medida que establezca que los saldos impagos correspondientes a vencimientos de financiaciones de entidades no bancarias, comerciales, mutuales, cooperativas, entre otras, bajo el régimen de tarjeta de crédito que operen a partir del 13 de abril hasta el 20, deberán ser automáticamente refinanciados como mínimo a un año de plazo con tres meses de gracia en nueve cuotas mensuales, iguales y consecutivas", se argumenta en el documento de Deuco.