Al anunciar la fecha de la huelga general, los triunviros que conducen la Confederación General del Trabajo (CGT) eligieron un discurso muy crítico respecto del gobierno del presidente de Mauricio Macri, también de la conducta de buena parte del empresariado. Los secretarios generales dieron cuenta de la tremenda paciencia que concedieron al oficialismo, de los perjuicios sufridos por los trabajadores, de la inflación de y la devastación del aparato productivo. Apuntaron incumplimientos del Gobierno y de las patronales sobre el bono de fin de año y el compromiso anti despidos.
No confrontaron con nada ni nadie más. Renunciaron (sin decirlo aunque claramente) a enredarse en las polémicas sobre el cierre de la movilización del 7 de marzo. Juan Carlos Schmid consignó su masividad y “una formidable demostración de descontento popular”.
El paro se hará sin movilización, lo que estaba tan cantado como el día fijado para realizarlo. Las palabras de los triunviros no (se) dejaron margen para una marcha atrás.
Comenzará una nueva etapa, en la que la acción directa incidirá mucho aunque acaso menos que la puja distributiva en las paritarias. En la jerga futbolera, ante un traspié, se acostumbra decir que el domingo “habrá revancha”. En rigor, es una nueva oportunidad. Las conducciones sindicales atraviesan una encrucijada similar. Claro que para ganar hay que jugar mejor…
Entre tanto, el macrismo escala en la oratoria y la praxis antisindical. Las invocaciones al diálogo y al consenso son simulacros, cortinas de humo: tejen promesas que no se cumplen o confunden su publicidad fantasiosa con la dura realidad.
Hagamos, a vuelo de pájaro, una reseña de gestos y decisiones belicosos recientes del oficialismo que en la adversidad se radicaliza, para peor.
Comencemos con un mensaje, colmado de simbolismo y preavisos. En un acto realizado en la Casa Rosada, Macri alegó sorpresa por la llegada de Raúl Torres, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y ex senador. Torres llegó tarde, lo que conociendo las dotes de regisseur de Jaime Durán Barba, quizá haya sido ensayado. El presidente evocó que en tiempos del “Efecto Tequila” el grupo Socma estaba en apuros, al borde de la quiebra. El entonces empresario le propuso a la UOM, por intermedio de Torres, “un plan con turnos rotativos, algo flexible”. Se comidieron juntos a hablar con Lorenzo Miguel, quien aceptó la iniciativa. La anécdota incluyó la oposición de Francisco “Barba” Gutiérrez quien, recordemos, es también dirigente de la UOM pero combativo.
Macri se emocionó con el recuerdo, dizque lagrimeó un poquito. La apología de la flexibilización laboral (que hizo llorar a millones de argentinos durante años) es una señal inquietante. Tan solo, abusando del sarcasmo, se puede agradecer la sinceridad del presidente. Explicita el rumbo, su objetivo, las herramientas que anhela poner en práctica, una era dorada a la que piensa regresar.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, no se conforma con macartear al “kirchnerismo”. Además, acumula ilegalidades en el conflicto con los docentes. Adopta y exacerba una costumbre del oficialismo, descripto por sus panegiristas como un ejemplo de institucionalidad.
La supresión de la Paritaria Nacional Docente (PND) viola la ley tanto como la creación de un plus salarial en parte retroactivo. Aunque esté planteado “al revés”, es una quita salarial, un castigo a quien ejerció un derecho constitucional. Viola las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, abusa del derecho del empleador, discrimina.
El macrismo interpreta que cumplir la ley es opcional. Un recurso que puede usarse o desecharse según las conveniencias del momento, como si fuera convocar a una conferencia de prensa o sacar un spot publicitario. No es así: la PND no es disponible y el “plus” inventado por Vidal vulnera la normativa laboral.
Otra movida pro oficialista es la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo privando de personería a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp). Tal es el verdadero nombre del sindicato que, por inercia o por simplificar, se sigue nombrando como “Metrodelegados”. Lo fueron mientras disputaron con la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) la personería gremial. La obtuvieron, en dura lid y en buena ley, durante el gobierno kirchnerista, al que le sacaron canas verdes con sus medidas de fuerza. Pero el Ministerio de Trabajo habilitó el exigente procedimiento administrativo, en el cual la Agtsyp demostró más representatividad que la UTA.
La mayor parte del Poder Judicial es aliada política del Gobierno y este fallo en un gremio de transporte, dictado justo días antes de un paro general, apesta a favor desde Tribunales a la Casa Rosada. Jurídicamente es insostenible, políticamente tiene una finalidad nítida.
Tal vez el Indec pueda postergar el índice de precios al consumidor de marzo pero los trabajadores tendrán su propia estimación acerca de la caída del poder adquisitivo del salario, tras el ardiente verano. Los despedidos y suspendidos, masa creciente, añadirán agravios mayores.
La furia del Gobierno no consigue ocultar esos hechos. Tampoco les serviría de mucho preguntarles a los triunviros si cometen el delito de ser kirchneristas. Los tres podrían responder con franqueza que no, que apenas (nada menos) están “condenados a representar” a los laburantes.
