A pesar de que los principales medios argentinos insisten en presentar el problema surgido en las cárceles como producto de conspiraciones políticas, crisis como la planteada en Devoto se repiten en los penales de todo el planeta. El presidente Alberto Fernández aprovechó una pregunta sobre el tema para explicar la preocupación oficial sobre el tema y responder a los ataques de los opositores duros, como la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y sus habituales usinas periodísticas.

"No es un problema solo de la Argentina --argumentó Fernández--. Cada dos por tres me encuentro con Bullrich diciendo que yo estoy inventando todo esto para indultar a los presos. La verdad es que quiero que hablemos con seriedad. Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad."

El Presidente contó que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó que los Estados debemos atender la salud de los que están presos y ahí recomiendan la prisión domiciliaria o las pulseras electrónicas". "En Chile, hace 10 días, liberaron a 1.300 presos", ejemplificó. 

En línea con las instrucciones de la CIDH frente a la posible aparición de covid-19 en casi todos los penales, con inmensa cantidad de contagiados tanto entre presos como entre penitenciarios, también Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud  recomendaron que se otorguen excarcelaciones y prisiones domiciliarias que descompriman las cárceles.

En ese sentido, el juez de la Casación bonaerense, Víctor Violini, firmó un fallo siguiendo los lineamientos internacionales y lo propio hicieron después la Casación Nacional y la Casación Federal. En Estados Unidos, decenas de miles de internos fueron enviados a sus casas a cumplir con el final de sus respectivas condenas.

En la Argentina, esos fallos provocaron polémicas, en esencia iniciadas por Carolina Píparo, hoy dirigente del PRO, con el argumento de que Violini le rebajó la pena al hombre que le disparó y le hizo perder su embarazo. 

El dato es absolutamente falso. Violini se inclinó porque la muerte del bebé fue un homicidio y que los autores no fueron cómplices secundarios sino coautores, o sea que se inclinó por las calificaciones más duras. Las penas luego fueron impuestas por otros dos jueces, Benjamín Sal Llargués y Daniel Carral, y después se concretó la confirmación de la Corte Suprema.

Los fallos de la Casación Nacional y la Casación Federal también fueron en línea con las sugerencias trazadas a nivel internacional. Los criterios básicos consisten en otorgar excarcelaciones y prisiones domiciliarias a los mayores de 60, los enfermos de tuberculosis, HIV y varios tipos de hepatitis, las mujeres con niños pequeños, las embarazadas. En todos los casos, siempre y cuando no hubieran cometido hechos violentos.

En estos últimos casos --los de hechos graves-- no puede haber medida general, sino que es resorte de cada juez. Finalmente, los presos insisten con una reducción de pena, pero es algo descartado tanto por el presidente Alberto Fernández como por el gobernador Axel Kicillof. En total, en Provincia de Buenos Aires las morigeraciones superarían los 2.000 casos y en Devoto se baraja una lista de 990.

Como es obvio, y lo sostienen las autoridades mundiales, la vida carcelaria es contraria a los protocolos de aislamiento que requiere el virus, y por eso la tendencia es a reducir la cantidad de internos en cada unidad. En Devoto hay casos insólitos. Presos que ya salían tres días por semana y que en lugar de otorgarles la prisión domiciliaria los tienen ahora sin salir, en peligro de contagio. Hay internos de avanzadísima edad y en el SPF un total de 1007 presos con penas menores a tres años. Según el Ministerio de Justicia, si los magistrados lo disponen, tienen pulseras electrónicas para monitorear las prisiones domiciliarias.