La Corte Suprema de Brasil abrió una investigación para determinar si el presidente Jair Bolsonaro cometió delitos, tras un pedido del fiscal general Augusto Aras por las denuncias realizadas el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, que podrían derivar en un proceso de juicio político contra el mandatario.

La decisión fue tomada por el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, quien tomó un pedido del fiscal general, Augusto Aras, para que se investiguen los delitos denunciados por Moro el viernes pasado, al renunciar a su cargo, en los que señalaba que el presidente brasileño pretendía manipular las investigaciones que lleva adelante la Policía Federal.

Según Moro, ex juez de la Operación Lava Jato y líder de la persecución judicial contra Lula da Silva, Bolsonaro echó al jefe de la policía federal para reemplazarlo por otro que le pudiera dar acceso a investigaciones y material de inteligencia.

El ultraderechista nombró este martes a Alexandre Ramagen, un hombre de la confianza del clan Bolsonaro, como nuevo director de la Policía Federal. Como nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública designó al abogado y pastor presbiteriano André de Almeida Mendonça, hasta hoy al frente de la Oficina de Abogacía del Estado.

Se especula con que la Policía Federal bajo el comando de Moro tenía información sobre los tres hijos del presidente, que forman parte de su entorno político de mayor confianza. 

Dos de los procesos que salpican al clan Bolsonaro abordan un supuesto "gabinete del odio" que estaría dirigido por Carlos y se dedicaría a difundir en las redes noticias falsas y ataques contra sus adversarios políticos; y otro afectaría a Flávio por supuestamente confiscar ilegalmente parte de los salarios de sus colaboradores en su época de concejal en Río.

Cómo sigue el proceso contra Bolsonaro

El juez Mello dio 60 días de plazo para interrogar a Moro, que en caso de no tener pruebas de sus acusaciones corre el riesgo de ser acusado de falsa testimonio. El exministro ya mostró conversaciones de la aplicación WhatsApp con Bolsonaro en las que el presidente le pide acceder a investigaciones que la Justicia abrió contra sus aliados y sus hijos.

Una vez que se concrete la investigación ordenada por la Corte, el fiscal general deberá resolver si presenta o no la denuncia contra el presidente. Este proceso suele demorarse porque la denuncia debe presentarse ante la Cámara de Diputados, donde se requiere una mayoría especial de los dos tercios para aceptarla y, eventualmente, disponer el apartamiento por 180 días del cargo del jefe del Estado.

En 2017 eso ocurrió con el entonces presidente Michel Temer, quien fue denunciado por corrupción por el fiscal general, pero el Congreso rechazó la acusación. Recién cuando dejó el cargo el proceso avanzó.