Los reclusos de la cárcel mendocina de Boulogne Sur Mer protestan por las condiciones carcelarias en las que se encuentran frente a la covid-19. Son unos 200 y lo hicieron, igual que los presos de Devoto, sobre los techos del penal. Unos días atrás realizaron una huelga de hambre y se cosieron los labios. A pesar de los momentos de tensión, el martes hubo una extensa reunión donde negociaron con las autoridades penitencarias, el director de servicio penitenciario Eduardo Orellana, otros funcionarios del Ejecutivo de Mendoza y los jueces de Ejecución Penal, entre ellos Sebastián Sarmiento. 

El gobernador Rodolfo Suárez se pronunció en contra de todo reclamo que tenga que ver con la liberación de presos. "No tenemos por qué andar liberando gente que ha cometido delitos, en otros lugares salen y vuelven a delinquir", expresó el mandatario provincial, en sintonía con el pensamiento del secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Suárez también señaló que “desde el gobierno no vamos a propiciar salidas, aunque eso luego quedará en manos de la Justicia". 

"Las declaraciones del gobernador generaron malestar, pero les expliqué que las vías para buscar libertades anticipadas o prisiones domiciliarias se analizarán caso por caso, no deben esperar una actitud discresional del gobernador que nunca iba a venir, que tienen que pelear por sus derechos pero de otra manera", relató el juez Sarmiento ante Página/12.



El lunes, unos cien presos del penal mendocino de Boulogne Sur Mer se subieron por más de dos horas a los techos de un sector de la unidad en reclamo de beneficios ante la pandemia del coronavirus. Las autoridades dijeron que exigían una mesa de diálogo y la presencia de la justicia, algo que comenzó a concretarse el martes en un encuentro donde se analizarían quiénes pueden acceder a beneficios.

Según Orellana, “hubo unos disparos (por parte de los guardias) que buscaron en un principio controlar la situación y ellos (por los presos) inmediatamente empezaron a reclamar la presencia de alguna autoridad penitenciaria”. Ante la promesa de ser escuchados “inmediatamente la situación finalizó, cumplieron con su palabra de bajarse de los techos y no producir daños”.

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura se había presentado en el penal para entrevistar a presos que se encuentran en huelga de hambre desde hace dos semanas en reclamo de "celeridad en el otorgamiento de prisiones domiciliarias a personas que integran grupos de riesgo enmarcados en covid-19; pronta resolución de libertad asistida y condicional, aplicación de protocolos de salud en los complejos penitenciarios y entrega de elementos de limpieza". “En definitiva, se solicita descomprimir la población carcelaria para garantizar condiciones de salud”, indicó el comité.

Las mujeres que están alojadas en la cárcel de El Borbollón también se plegaron a la protesta, reclamando que las dejasen usar teléfonos celulares, autorizados en todos los penales de la provincia hasta que vuelvan las visitas. La directora no accedió y ante un ruidazo fueron reprimidas con balas de goma, como informó PáginaI12 ayer.

Al cierre de esta edición, el juez Sarmiento dijo a Página/12 que los reclusos están elaborando un petitorio general que les enviarán a las autoridades. Se hizo una reunión con los referentes de los pabellones de Boulogne Sur Mer, otros magistrados, el subsecretario de Justicia, el director del Servicio Penitenciario, las procuraciones penitenciarias federal y provincial, y la dirección de Derechos Humanos de la Corte. "Estuvimos dialogando, con cierto grado de tensión normal, pero con mucho respeto. Se acordó una metodología de trabajo para que acerquen los pedidos de los reclusos al Servicio Penitenciario, y se va a contrastar si esos pedidos están en el ámbito judicial o les falta un empujón desde lo administrativo", describió el magistrado, y agregó que habrá otro encuentro el jueves próximo.

Las personas privadas de su libertad sostienen que es imposible el aislamiento por coronavirus en la cárcel, y vienen adoptando estas medidas extremas para visibilizar su pedido, porque temen que el virus se propague en los complejos penitenciarios por el hacinamiento y las “malas condiciones de limpieza”. La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que "la prioridad es salvar vidas" y que "si el virus ingresa en los ámbitos carcelarios colapsarán todos los servicios de salud y no tendrán capacidad para atender a ellos ni a nadie".