Al disponer el aislamiento social preventivo y obligatorio como la medida más contundente para enfrentar el riesgo sanitario, el gobierno de Alberto Fernández lanzó al mismo tiempo una batería de medidas sociales y laborales para atender el riesgo económico.

Prohibición de despidos, suspensión de aumentos de tarifas y de cortes de servicios por el no pago de las boletas, ampliación del programa Repro en el cual el Estado cubre parte del salario de empresas en crisis, disminución y postergación de las cargas patronales, el plan ATP (Asistencia de emergencias al Trabajo y la Producción), aumento del monto del seguro de desempleo, créditos subsidiados a pymes al 24 por ciento anual, ampliación de la cobertura social y previsional (bonos a jubilados y AUH, el Ingreso Familiar de Emergencia), créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, y el Estado haciéndose cargo del 50 por ciento del salario (con un máximo de 33.500 pesos) de los trabajadores privados en relación de dependencia.

El paquete de cobertura social, laboral y económica es de dimensión y magnitud muy importante para que la pandemia, que tiene un elevado costo personal y familiar por el confinamiento, no genere más angustia por la incertidumbre acerca de cuál será el flujo mensual de ingresos en los hogares y en las empresas.

El Gobierno armó un paquete de asistencia económica de 5,6 por ciento del PIB entre los meses de abril y junio para combatir los efectos del coronavirus. El monto estimado entre gasto fiscal y facilidades financieras alcanza los 1,7 billones de pesos.

La intervención sanitaria y económica de la administración Fernández es excepcional, más aun teniendo en cuenta con una economía arrastrando la recesión macrista y con la desarticulación y debilitamiento de las funciones básicas del Estado de los últimos cuatro años.

Ahora bien, en este contexto de crisis global y de reacción rápida e intensa del Gobierno para amortiguar los costos ineludibles de la pandemia, irrumpió un acuerdo UIA-CGT a contramano de lo construido en esta emergencia.

Cuando empieza a girar el inmenso dispositivo de protección social, laboral y económica, se anuncia un inoportuno pacto, con el aval oficial, de reducción del 25 por ciento retroactivo a abril para miles de trabajadores y trabajadoras suspendidas.

El Estado decidió hacerse cargo del 50 por ciento del salario, con giros directos a la cuenta del trabajador, de empresas que se inscriban en la AFIP. ¿Cuál es el motivo entonces para que trabajadores y sus familias, que están cumpliendo la cuarentena con una integridad y una conducta solidaria impresionante, tengan que padecer en estas circunstancias críticas el recorte de un cuarto de sus ingresos?

Ingresos que han sido castigados con dureza durante el macrismo, con pérdidas fulminantes en términos reales, y que en estos meses, sin ajuste de paritarias y con alza de precios de alimentos, siguen siendo golpeados.

Hasta ahora hubo iniciativas con más o menos efectividad, aciertos y errores en la gestión, pero ninguna fue de tan escasa sensibilidad y criterio económico como la de pactar el recorte del salario de trabajadores suspendidos por culpa de la crisis generada por la pandemia.

El Gobierno tiene la oportunidad de corregir ese desvío impropio del sendero colectivo que la sociedad está transitando.