Desde Brasilia.

Cuando la omertá se rompe. El Supremo Tribunal Federal abrió un investigación sobre los presuntos ilícitos cometidos por Jair Bolsonaro y el exministro de Justicia y Seguridad Pública Sergio Moro. El capitán retirado y el otrora juez de la causa Lava Jato fueron actores determinantes de una sociedad casi mafiosa --junto a jueces, editores y banqueros-- que se conjuró contra el régimen democrático, primero en el golpe que derrocó a Dilma Rousseff en 2016 y luego en 2018 para encarcelar y posteriormente proscribir de las elecciones a Luiz Inácio Lula da Silva.

Como hacen los arrepentidos ( los "pentiti" de las películas de la Cosa Nostra) Moro rompió el pacto de silencio con el presidente el viernes renunciando al ministerio con revelaciones serias que dieron lugar al  proceso iniciado de manera inusualmente rápida por el Supremo. Con base en esos dichos, el fiscal general de la República, Augusto Ares, solicitó el inicio de una investigación que fue abierta este lunes por el juez Celso de Mello, el más antiguo miembro del Supremo.

A siete meses de jubilarse, por cumplir la edad límite para el cargo, De Mello demostró estar dispuesto a llevar adelante una pesquisa rigurosa sin los ambajes de una Corte dócil ante el poder de turno. Si su investigación obtiene pruebas para imputar al presidente el caso puede derivar, dentro de algunos meses, en su separación por 180 días del cargo. Nada indica que la salida provisoria Bolsonaro esté garantizada, pero difícilmente alguien hubiera apostado que el político de ultraderecha enfrentaría una situación jurídica tan comprometida un año y cuatro meses después de iniciado su mandato .

Llamado "decano" del Supremo, De Mello ya ha emitido pareceres severos frente a los atropellos de Bolsonaro contra la democracia y antes lo hizo contra las maniobras ilegales de Lava Jato cuando esa causa se convirtió en el paradigma del "lawfare", la guerra política a través de medios judiciales. El dato es que, en la actual coyuntura, este magistrado está más cerca de iniciar un proceso que permita suspender a Bolsonaro de que el Congreso acepte dar cauce a alguno de los más de treinta pedidos de impeachment presentados en la Cámara baja. Dos de ellos redactados después de la crisis disparada el viernes. Por lo pronto, el magistrado dio un plazo de hasta 60 días para que el ahora abogado Sergio Moro –-perdió su cargo de juez cuando asumió como ministro-- se presente para esclarecer sus imputaciones contra Bolsonaro y las respalde con pruebas porque, de no hacerlo, podría ser procesado por calumnias.

El diario Folha de San Pablo publicó este martes que en el Palacio del Planalto hay algunos funcionarios temerosos de que el despechado Moro presente documentos o audios comprometedores. Al renunciar,  Moro desató la peor crisis política del actual régimen acusando a su entonces jefe de violar la ley y la Constitución, al requerir informes de inteligencia de la Policía Federal en causas bajo secreto de sumario que envuelven a sus hijos, Flavio, Carlos y Eduardo.

Moro fue más lejos en su delación: contó algunos pormenores de su reunión con el recién electo Bolsonaro, en noviembre de 2018, en la que se arregló que la familia del responsable del Lava Jato iba a recibir una pensión vitalicia sostenida con fondos no revelados. Un arreglo costoso para beneficiar a Moro, sin ningún amparo legal, celebrado en los días de euforia de fines de 2018, cuando la ultraderecha militarista festejaba junto al partido judicial la victoria sobre el Partido de los Trabajadores, derrotado en el balotaje. Borrachos de poder, ambos dieron como muerto al PT y a Lula, quien iba a "pudrirse en la cárcel" .

Siguiendo el guión de las peleas entre "famiglias" , lo que detonó la ruptura entre Bolsonaro y su ministro estrella no fueron razones ideológicas sino una disputa de intereses, de cotas de poder. Moro rechazó la remoción del director de la Policía Federal, el comisario Mauricio Valeixo, que era su ladero desde la causa Lava Jato, y quien tuvo entre otras misiones la de ser uno de los coordinadores del encarcelamiento de Lula, en abril de 2018 en un sindicato de San Pablo, hasta su mediático aterrizaje en helicóptero en la Superintendencia policial de Curitiba, donde pasó 580 días privado de la libertad.

Ante el inicio este lunes de la primera fase de la causa en el Supremo, Bolsonaro no pareció amilanarse ni estar preocupado por la denuncia sobre sus aprietes a la policía. Nombró como nuevo jefe de la Policía Federal a Alexandre Ramagem, un amigo de su hijo Carlos, el más implicado en el citado proceso. De esa forma no dejó dudas de que va a controlar a esa policía y tratará de obstruir el proceso. Luego de la designación de Ramagen y del pastor evangélico, Andre Luiz Mendonca, al frente de la cartera de justicia , el capitán presidente posteó una foto en la que aparece en un club de tiro de Brasilia.