El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) está haciendo un relevamiento de los espacios de asistencia y asesoramiento en materia de violencia de género en la provincia que deben seguir funcionando durante la pandemia. 

Además, las directoras del organismo solicitaron una reunión por videoconferencia con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, para abordar la problemática de la violencia institucional y acercarle recomendaciones sobre la labor que debe realizar la Policía en materia de género.

La directora del OVcM, Ana Pérez Declercq, explicó a Salta/12 que en el interior hay 32 municipios relevados que tienen áreas de género, los otros 28 no tienen y en algunos se están conformando. 

"Hay un porcentaje importante de municipios sin área de género, con pocas psicólogas. Retomamos el relevamiento en contexto de aislamiento. Estamos preguntando los horarios de atención, cuál es la conformación de los equipos técnicos, y qué distancia tienen de las defensorías y fiscalías. Aprovechamos para pedir datos que tiene que ver con la asistencia para poder difundirla", sostuvo Declercq. Indicó que en la mayoría de los espacios faltan psicólogas para contención de las víctimas.

La directora señaló que han registrado reclamos durante la cuarentena. "Muchas personas manifiestan no haber recibido la atención necesaria. En cuanto a registros puntuales, tenemos el caso de una mujer que llamó 3 veces al 911 cuando estaba siendo amenazada, la Policía no llegó nunca a dar con ella cuando tienen la obligación de localizar a la víctima, solo dieron con el agresor. Hay persecución hacia las personas trans, con un decreto de necesidad y urgencia que da poderes extras a la Policía", sostuvo Declercq.

La directora planteó que en cuanto a la negativa de recepción de las denuncias, la situación más emblemática fue la que surgió con la referenta feminista Irene Cari, que fue detenida varias horas mientras asistía a una adolescente judicializada que había escapado de un hogar. 

Canales de comunicación 

"Nuestra recomendación a Seguridad plantea que se tienen que establecer canales de comunicación y articulación entre la Policía y los organismos de derechos humanos. En primer lugar pedimos que se garantice el derecho a denunciar, que no haya obstáculo. Que se realice la atención por personal capacitado, que haya vehículos necesarios para que se puedan mover. Que se cumplan medidas de protección, seguimiento y supervisión de casos", dijo Declercq.  Señaló que debe haber intervención de psicólogos y psicólogas con el personal policial que trabaja en situaciones traumáticas como de violencia de género o suicidios. 

Otros de los pedidos a Pulleiro es que en las comisarías se entregue folletería sobre derechos sexuales y reproductivos. "Es el lugar a donde van las víctimas ante un hecho de abuso sexual. Hemos asistido a personas a las cuales en ningún momento se les informó del protocolo y del kit profiláctico", precisó la directora. El OVcM también pide que haya sanciones al personal de la fuerza que cometa violencia institucional. 

Declercq anunció que desde el Observatorio preparan un amicus curiae para presentarse en el amparo que realizaron las organizaciones de derechos humanos contra las facultades otorgadas a la fuerza policial por el DNU provincial ya que las mujeres y el colectivo LGBTIQ conforman el sector más vulnerable.