El interrogante sobre la relación entre las decisiones que se toman desde las altas esferas de la política y los señalamientos y las recomendaciones que se elaboran en los espacios de producción de conocimiento en sus diversos formatos –agencias y centros de investigación científica, ámbitos profesionales especializados- suele actualizarse en momentos críticos.

La pandemia de la Covid-19 está mostrando los límites del orden contemporáneo. Interpela desde diferentes dimensiones y pone en revisión cuestiones diversas, entre otras la matriz de desigualdades profundas que organiza nuestras sociedades. Algunos autores señalan que la era del neoliberalismo, entendido como la primacía de los intereses del mercado sobre todos los demás intereses sociales, está llegando a su fin.

En este escenario global, en el que la reacción de las naciones más ricas tuvo efectos devastadores sobre sus poblaciones, la Argentina mostró una temprana capacidad de respuesta y parece haber logrado atenuar los estragos posibles. 

Las decisiones tomadas por el gobierno nacional han sido destacadas en diversos foros. En cada discurso realizado desde fines de febrero, cuando se intensificaron los debates sobre cuáles eran los pasos a seguir frente a la expansión de la Covid-19, el presidente Alberto Fernández no sólo destacó la labor de los y las especialistas en salud, de los biólogos y de otros científicos y científicas vinculados directamente con el tratamiento de la pandemia, sino que se encargó de resaltar que no tomaría decisiones sin la consulta con los expertos de diferentes campos del conocimiento: economistas, sociólogos y sociólogas, especialistas en políticas sociales, entre otros.

La valoración del actual gobierno argentino en relación con la producción de conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico había sido expresada ya desde antes de asumir la gestión. La promesa de la restitución del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como también de las carteras de Salud y de Trabajo, se efectivizó en el primer momento de gobierno. La idea de “volver a poner en valor el trabajo de nuestros científicos” como un compromiso de campaña se materializó con el aumento de las becas doctorales y posdoctorales que otorga el Conicet. En el nuevo gabinete, tres ministros provienen directamente del campo académico y varios altos cargos de gobierno son ocupados por investigadores científicos, una conformación inédita.

Es cierto que la experiencia anterior, la gestión de la coalición Cambiemos, permite una fácil contrastación. Desde 2016 se había reducido en 50 por ciento el ingreso a la carrera de investigador científico en el sistema nacional. En 2018, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva había sido desjerarquizado y convertido en secretaria. Entre 2016 y lo asignado para 2020, el presupuesto asignado al área había bajado del 0,35 al 0,21 por ciento PIB. 

Frente al escenario de desmantelamiento y desfinanciación de la ciencia y la tecnología, el gobierno de Alberto Fernández resignificó la demanda y “redobló la apuesta” ya desde los dos primeros meses de gestión. Pero la pandemia de la Covid-19 armó un nuevo escenario en el cual la valoración positiva del conocimiento experto se profundizó.

Ahora bien, se sabe que aun cuando los especialistas pueden ofrecer herramientas que contribuyen a sustentar las acciones del Estado, estas herramientas no siempre se aplican. ¿Cuánto escuchan los gobernantes a sus consejeros científicos y expertos? ¿Siguen los decisores políticos las recomendaciones que se elaboran en los espacios de producción de conocimiento? ¿Entienden los consejeros las restricciones materiales, técnicas y políticas de quienes deciden las políticas? ¿Qué esperan unos de otros? 

No hay una única respuesta para entender este dialogo. Una clave de lectura es reconocer una relación de mutua legitimación. Además de la posible aplicación de las indicaciones de los especialistas de las distintas áreas, más allá de ese uso instrumental, el conocimiento experto tiene una función legitimadora, provee legitimidad a las autoridades, a sus argumentos y a sus decisiones. Puede, también, otorgar autoridad y contribuir así a la consolidación de posiciones políticas particulares. Por su parte, cuando los gobernantes hacen públicas sus consultas y confirman su confianza, cuando asignan recursos y aplican las medidas sugeridas, refuerzan el valor de ese conocimiento y los lugares de autoridad que ocupan los científicos y expertos.

Aun así, cada forma de vinculación conocimiento/política y política pública debe inscribirse en su contexto y situación histórica. Algunos estudios han mostrado como ese vínculo ha sido más o menos fecundo según los países y las experiencias de gobierno. En ese análisis, el politólogo uruguayo Adolfo Garcé invita a pensar en "regímenes políticos de conocimiento", como una categoría que pone en relación la matriz de elaboración de políticas públicas y la valoración social de la ciencia en una sociedad dada, para entender desde allí la vinculación conocimiento y decisión política y sus aplicaciones en las políticas públicas.

La experiencia argentina actual frente a la Covid-19 parece indicar que se está frente a un diálogo virtuoso. Algunas mediciones muestran que para la mitad de la sociedad la participación de los expertos en el gobierno es positiva y que esa opinión ha ido mejorando con los años (Encuesta Mundial de Valores, 1996 y 2013). Por otro lado, la producción científica argentina en algunos campos es reconocida a nivel mundial. 

Para que el diálogo conocimiento científico y política resulte fecundo, esto no basta, ni la disponibilidad de los científicos y expertos, aunque es indispensable. Como señaló Max Weber en 1904, “la ciencia puede proporcionarle a los decisores políticos la conciencia de que toda acción, y también naturalmente, según las circunstancias, la inacción, implica, en cuanto a sus consecuencias, una toma de posición en favor de determinados valores y, de este modo, por regla general en contra de otros. Pero practicar la selección es asunto suyo”.  En ese sentido, el gobierno argentino parece bien encaminado.

* Docente investigadora UNTREF.