Desde Lima. Con el coronavirus expandiéndose en las sobrepobladas cárceles del país, los reclusos se amotinaron denunciando estar abandonados ante la enfermedad y exigiendo atención médica. El amotinamiento de presos se veía venir, pero las autoridades hicieron poco, o nada, para evitarlo. Los motines estallaron esta semana en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, y luego se extendieron a otras cinco cárceles, tres más en la capital y dos en el interior del país. El saldo ha sido nueve reclusos muertos. Según las cifras oficiales, hay 30 presos fallecidos por covid–19 y 645 contagiados, lo que representa casi la mitad de los 1.532 internos a los que se ha sometido a las pruebas para detectar el virus. Entre los agentes penitenciarios hay 224 infectados y siete fallecidos.

En el penal Castro Castro, a las afueras de Lima, que tiene 5.500 internos cuando su capacidad es de 1.800, los presos tomaron el control del penal -los guardias se habían replegado por temor a los contagios- subieron a los techos, quemaron colchones y a gritos denunciaron que el coronavirus afecta a muchos de ellos, que hay muertos y no reciben atención. En un gran cartel levantado en una azotea se leía: “Queremos las pruebas de (la covid-19). Tenemos derecho”. En otros mensajes pedían medicinas y atención. La policía intervino para acallar la protesta lanzando gases y disparando. El saldo ha sido nueve reclusos muertos y sesenta agentes penitenciarios, cinco policías y dos internos heridos. Familiares de los presos fallecidos exigen se investigue las circunstancias en las que murieron.

Cuando se controlaba a balazos y muerte el motín en Castro Castro, la protesta prendía en el penal de Lurigancho, ubicado entre los cerros de tierra al este de Lima, la cárcel más poblada del país con poco más de diez mil reclusos, muy por encima de su capacidad de 2.500. Desde los techos y ventanas de los pabellones, los presos mostraban cartelones para enseñarlos a las cámaras de la televisión: “Nos estamos muriendo, ayúdennos”, “Medicinas y libertad”, eran algunos de los mensajes que se leían.

En Lurigancho y los otros penales, a diferencia de lo ocurrido en Castro Castro, los motines fueron reprimidos sin muertes. Pero el ambiente en los penales sigue en alta tensión. Familiares de los reclusos, que no pueden ingresar a los penales porque las visitas están prohibidas para evitar los contagios, han denunciado que las autoridades penitenciarias cobran por darles medicamentos a sus parientes recluidos. Los antiguos y graves problemas de cárceles hacinadas, con pésimas condiciones y una atención médica penosa y en muchos casos prácticamente inexistente, se han multiplicado y estallado con la llegada del coronavirus.

Uno de los presos contagiado con coronavirus es Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, condenado en 2005 a 19 años por la muerte de cuatro policías durante la toma de una comisaría, en un frustrado intento de derrocar al entonces presidente Alejandro Toledo. Antauro, militar en retiro como su hermano Ollanta, levanta una propuesta política ultranacionalista, de rasgos fascistas, que en las elecciones parlamentarias de enero de este año obtuvo 6,7 por ciento y logró meter doce legisladores en el Congreso unicameral de 130 bancas. Pretende ser candidato presidencial. Sus seguidores buscan acelerar su liberación, que debe darse en 2024, a través de un indulto o amnistía.

En respuesta a los motines, las autoridades han ofrecido aumentar las pruebas a los reclusos para detectar a los contagiados, han anunciado que en estos días repartirán mascarillas a todos ellos para que tengan algún nivel de protección y han asegurado que se han creado zonas de aislamiento en los penales para los internos con coronavirus.

En el país hay 97 mil presos, unos 30 mil en prisión preventiva sin sentencia, repartidos en 68 penales, los que, según el gobierno, tienen una capacidad para solamente 38 mil reclusos. El gobierno ha anunciado que se darán indultos y conmutación de penas para descongestionar en algo los hacinados penales.

“Vamos a liberar a presos enfermos, a los que estén por cumplir pronto su condena, a mujeres embarazadas, madres que están en el penal con sus hijos menores, pero no vamos a abrir las cárceles para que salgan los criminales, violadores, feminicidas, narcotraficantes, los corruptos que le han robado al Estado. Eso no lo haremos. Los beneficiados serán unos tres mil. Sobre los que están en prisión sin condena, eso depende del Poder Judicial”, declaró ayer el presidente Martín Vizcarra.

Políticos acusados de corrupción buscan utilizar el grave problema en los penales por el coronavirus para conseguir su libertad. Un caso especialmente notorio de un intento de aprovechamiento de esta situación es el de Keiko Fujimori, en prisión preventiva por cargos de corrupción y lavado, que ha pedido al Poder Judicial su libertad, lo que debe decidirse la próxima semana. De 44 años, Keiko alega que su vida peligra ante un posible contagio, que da por seguro si sigue en el penal, por tener una salud supuestamente resquebrajada por una hipertensión, pero antes de estar en prisión la jefa del fujimorismo hacía alarde de una buena salud participando en competencias atléticas, y ahora está en una condición privilegiada en el penal, en una celda para ella sola y sin mayor contacto con otras reclusas, lo que aleja la posibilidad de un contagio.

En el Perú hay 33.931 casos de coronavirus y 943 fallecidos. El último día hubo 2.741 nuevos contagios y 89 muertes, la cifra más alta de fallecidos en un solo día en lo que va de la pandemia.