Los trabajadores que forman parte de la Asociación de Transportes Escolares de Salta elevaron notas al gobierno provincial y municipal de Salta pidiendo que se los considere como contraprestadores de servicio.
Ante la cancelación de su actividad por la suspensión de clases presenciales, dijeron que pueden dedicarse al traslado de mercaderías o medicamentos en la Capital. Son 200 familias que reclaman una alternativa que les permita paliar la crisis económica por la cuarentena obligatoria.
La presidenta de la Asociación, Nilda Bini, dijo a Salta/12 que la realidad del sector ya “venía de una época bastante complicada y ahora seguimos más complicados todavía”. Sostuvo que con el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, su actividad se vio parada en su totalidad.
Bini dijo que su trabajo “es bastante particular” porque dependen pura y exclusivamente del inicio del período lectivo. “En noviembre tuvimos nuestro último ingreso fijo y en los meses que no contamos con esos ingresos, como ser diciembre, enero y febrero, tratamos de prevenir la situación”. Pero con el inicio de la cuarentena solo trabajaron las dos primeras semanas de marzo e incluso fue “a medio pasaje” por el paro que estaban llevando adelante el sector de los docentes autoconvocados. “Algunas maestras estaban de huelga y eso nos fue recortando los viajes”, especificó.
Al no contar con ingresos en marzo y abril, desde la Asociación pensaron alternativas para enfrentar la crisis. Por eso, la semana pasada elevaron notas al gobernador Gustavo Sáenz y a la intendenta de la Capital, Bettina Romero. “Pensamos en una contraprestación de servicio”, afirmó Bini. Dijo que esta medida permitiría que los trabajadores ofrezcan sus vehículos para el transporte de medicamentos o alimentos, según dispongan las gobernaciones.
Sin embargo, aseveró que “ha sido imposible contactarnos con el gobierno provincial y el gobierno municipal”. El vínculo lo pudieron hacer a través de diputados provinciales que les acercaron las notas, pero aún no obtienen respuestas.
“Veíamos que pasó marzo, seguimos en cuarentena sin ingresos y tenemos la responsabilidad de pagar impuestos”, lamentó la presidenta de la Asociación. En el país son más de 12 mil familias que se dedican a la actividad.
La solidaridad presente
Por la falta de ingresos que tuvieron los trabajadores contaron que algunos padres que hacen uso del servicio les “abonaron al menos un kilo de arroz o nos pagaron las facturas del servicio. A ellos les agradecemos”, manifestó Bini. Declaró que, ante la realidad “lo primero que desearíamos es una tarjeta alimentaria pero no somos escuchados, estamos esperando que el gobernador nos llame para ver qué podemos hacer”.
Contó que ya se presentaron situaciones donde los trabajadores están pensando en vender el vehículo “porque todo está insostenible”. Además, se manifiestan los casos donde las familias tienen pacientes crónicos y “eso complica mucho más por los costos en la atención inmediata que necesitan”. “Somos independientes, pero no nos visibiliza nadie y estamos acá en la espera”, indicó.
Bini también dijo que sabiendo que el retorno a las clases presenciales será una de las últimas actividades en reincorporarse, “vamos a seguir esperando”. “Cuando empiecen las clases, capaz que tenemos otra modalidad incluso y que en este contexto suena lógico, pero lo importante es hoy”, lamentó.
En ese sentido, afirmó que no pueden salir beneficiados en las medidas que se anuncian a nivel nacional. “En los créditos para las mini pymes no tenemos la cantidad de empleados suficientes y en el Ingreso Familiar de Emergencia tampoco podemos acceder porque pertenecemos a una categoría más alta del monotributo”, relató.
Agregó que “el pase de categoría se da porque tenemos un activo más que es el vehículo, pero ese es nuestra herramienta de trabajo solamente”. Aún aguardan por las líneas de créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos. Allí se dispone de un crédito de hasta $150.000 dependiendo de la categoría y que tendrá seis meses de gracia para empezar a devolverlo.
