Miembros de una comunidad mapuche de Bariloche fueron golpeados y heridos con armas blancas por una patota encabezada por quien dice ser el propietario del predio y su abogada, una ex funcionaria municipal. El ataque tuvo lugar en la ladera sur del cerro Ventana, que perteneció históricamente a la comunidad Buenuleo, y se produjo una semana después de que desapareciera llamativamente la guardia policial dispuesta por la justicia en el marco de un hábeas corpus. Marina Schifrin, abogada de la comunidad, pidió que se investiguen no sólo las lesiones por las que debió ser hospitalizado Ramiro Buenuleo, tajeado en la cabeza y el cuello, sino “a toda la asociación ilícita que primero sacó a la guardia y después protagonizó esta agresión brutal”.

El lote pastoril de 90 hectáreas en “Pampa de Buenuleo”, como figura en los mapas desde principios del siglo pasado, es un espacio en disputa entre esa comunidad, que inició en septiembre pasado el proceso de recuperación territorial, y Emilio Friedrich, quien asegura tener un boleto de compra-venta firmado por un lonko ya fallecido. La justicia provincial instruyó una causa por presunta usurpación pero el Tribunal de Impugnación de Río Negro, ante el planteo de la comunidad, la declaró incompetente y dispuso remitirla a la justicia federal de Bariloche. En esa resolución, en diciembre, argumentó no sólo que la jurisdicción corresponde a Parques Nacionales sino que se investiga “un hecho calificado por lo imputados como de ‘posesión tradicional indígena’ sobre un espacio que entienden abarcado por dicha posesión (territorio incluido en el informe jurídico catastral realizado en el marco de la ley 26.061 y actualmente en el área de la Instituto Nacional Indígena, según nos informaran las partes)”, por lo que “no puede desconocerse que los intereses en juego trascienden simples intereses particulares”.

“Alrededor de las 12 vimos que por la tranquera venían alrededor de seis personas. Salí corriendo para la casa porque había menores y trabamos la puerta de adentro”, relató Sandra, esposa de Ramiro Buenuleo. Entre los agresores, además de Friedrich, identificaron a Víctor Sánchez con un grupo de empleados de apellido Vera y a la abogada Laura Zannoni, ex presidenta del Instituto de Tierras durante el primer mandato del intendente Gustavo Gennuso.

En un video registrado por los agresores, recuperado por la comunidad y difundido por el canal Wall Kintun TV se observa primero cuando intentan apartar por la fuerza a Buenuleo de la puerta de la casa. Después se ve cómo rompen los vidrios, se escuchan gritos desesperados de niños y la voz de un hombre que dice “no me importa que haya chicos, esta es mi casa”. En un momento se corta la filmación pero sigue el audio, se escuchan mujeres gritando “basta, basta” y un niño que pide que “no lastimen a mis tíos”. Además de Buenuleo, que terminó hospitalizado con tajos en la cabeza, el cuello y la pierna, recibieron golpes Viviana Alvarez y un menor de 14 años.

“Cuando rompen los vidrios meten a una menor por la ventana con la clara intención de decir después que ‘los mapuches violentos secuestraron a una nena’. Es una jugada sucia de la abogada, de hecho llegaron a difundir esa versión en medios locales”, apunta Schifrin en referencia a Zannoni, hija de un civilista que supo defender a Carlos Menem.

La abogada de la comunidad contó a PáginaI12 que en un primer momento “la fiscalía no quiso intervenir, invocando la cuarentena y la orden del doctor Martín Lozada” (jefe de los fiscales), y que proponían una audiencia de conciliación para hoy. “Fueron después de que presenté un hábeas corpus pero dejaron hacer durante varias horas y con la policía ahí, sin actuar, ya que no detuvo a los agresores ni por flagrancia”, agrega en referencia a los efectivos de la Comisaría 42. En un audio que difundió temprano, Schifrin denunció que la policía “está con ellos”, por los agresores, y “agrade también verbalmente a los Buenuleo”.

Después de las 15 llegó el fiscal Tomás Soto con un equipo de Criminalística y un médico que ordenó el traslado urgente de Buenuleo al hospital zonal de Bariloche. Por la agresión fueron detenidos Sánchez, dos de los Vera y un cuarto hombre. “La fiscalía debería investigar no sólo las lesiones sino la asociación ilícita que primero sacó a la guardia policial y después protagonizó una agresión brutal, con el que dice ser propietario y su abogada presentes. Se debe investigar en profundidad la participación de todos ellos”, pidió Schifrin.