El Gobierno de la Ciudad se declaró "incompetente" y rechazó poner en marcha un plan de contigencia para abastecer de agua potable a los vecinos de los barrios populares en el marco de la pandemia de Coronavirus y de la epidemia de dengue. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta lo hizo al rechazar un amparo colectivo presentado por referentas barriales con el respaldo de organizaciones sociales, sindicales y académicas que trabajan en los barrios, y ofreció como única respuesta ampliar 4 horas la asistencia de 10 camiones cisternas, que pueden abastecer una porción ínfima de los habitantes de las villas porteñas. La causa está en manos del juez porteño Osvaldo Otheguy, que deberá definir en los próximos días.  

Lavarse las manos constantemente es la recomendación fundamental para evitar la propagación de la Covid-19, pero en la Villa 31, Barrio Padre Mugica, donde ya se registran 17 casos positivos, varias zonas están sin servicio de agua hace días , lo que provocó incluso el cierre de comedores populares. El fin de semana se vieron largas filas de personas con tachos y barbijos para abastecerse de algunos litros de agua.

La descacharrización es la consigna principal para evitar la propagación del dengue, que ya registra más de 5 mil casos en territorio porteño. Villa Lugano es uno de los cinco barrios con más contagios: en zonas como el barrio Scapino, Villa 15, y el complejo Piedrabuena, también suman varios días sin servicio de agua, acumulando lo que se consigue en baldes.  

A principios de abril, antes de que los casos de Covid-19 aparecieran en los barrios populares y los de dengue continuaran en aumento, referentes barriales de esos barrios junto a Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA-Capital, presentaron un amparo colectivo para exigir la puesta en marcha de un relevamiento que ponga a fin a una cuenta pendiente para 1 de cada 7 habitantes porteños, los 400 mil que viven en villas, el acceso al agua. Pero también una medida cautelar planteando un plan de contigencia frente a la pandemia. 

El plan ante la emergencia exige que el gobierno porteño asuma la responsabilidad de  recursos mínimos para poder cumplir en los barrios con las medidas de prevención ante el Covid-19 y el dengue: entrega de agua a granel para cocina, desifección e higiene; entrega de agua potable envasada para consumo directo, entrega de tanques donde amalcenar el agua y un protocolo de actuación para que los vecinos se informen sobre las pautas de manejo de agua.

"Incompetentes"

Los abogados del gobierno porteño solicitarion al juez Otheguy que rechace el amparo y la medida cuatelar y declararon que el Poder Ejecutivo de la Ciudad es "incompetente" para garantizar el servicio de agua y saneamiento, ya que aseguran es responsabilidad de la empresa Aysa. Y en el mismo movimiento pidieron el traspaso de la causa a competencia de la justicia federal. 

"Si uno pensaba que la pandemia podría presentar el límite del Gobierno de la Ciudad para dar cumplimiento el derecho de acceso al agua, la acción judicial visibilizó la nula voluntad en solucionarlo", lamentó Jonatan Baldiviezo abogado demandante y referente del Observatorio de Derecho a la Ciudad. Baldiviezo recordó que Ley de Gestión Ambiental del Agua y el Código Urbanístico no dejan duda de la responsabilidad del gobierno porteño. 

La presentación de rechazo de la gestión Larreta descartó además avanzar con el amplio plan de contigencia al argumentar que a través de la Gerencia Operativa de Asistencia Comunitaria se asiste con un camión cisterna y sachets de agua potable a un barrio, la villa 21-24. Mientras que para el resto de los barrios incrementó en 4 horas la presencia de una dotación de camiones cisterna, que abastecen de agua no apta para consumo directo.  

"La cantidad de camiones son absolutamente insuficientes para garantizar el acceso de todos los vecinos. Por ejemplo, hay un solo camión cisterna asignado para el Barrio Mugica y el Rodirgo Bueno, donde viven entre 50 a 60 mil habitantes. Un camión carga 7 mil litros, que en cada descarga garantiza el consumo de 70 a 50 habitantes", describió la ingeniera e intengrante de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsivitis, sobre la única medida del plan de contigencia que el gobierno porteño asegura cumplir "con el servicio reclamado". 

Esa situación provocó el fin de semana pasada el peregrinar de cientos de habitantes del Barrio Mugica, durante el último fin de semana, cuando comenzaron a sufrir cortes en el suministro y se vieron forzados a romper el aislamiento ya dificultado por las condiciones de hacinamiento. "Necesitamos que se resuelve de manera urgente. Es un problema estructural amplificado por la pandemia", lamentó Koutsivitis. 

La Poderosa alertó este jueves sobre cuatro nuevos casos de coronavirus y denunció que "AySA aborda a las villas como si fueran un PH", pero el Gobierno de la Ciudad es "el responsable absoluto de garantizar el derecho al agua".

¿Afirmaciones infundadas?

Aunque en los barrios populares "el agua de consumo se transporta en precarias mangueras, muchas veces pinchadas, dispuestas sobre calles y pasillos y expuestas al contacto con efluentes cloacales", como indican los demandantes; el otro argumento del gobierno porteño fue señalar que el pedido de la cautelar no está suficientemente fundado para demostrar la violación de principios como el "peligro en la demora" y resalta que se basa en "afirmaciones infundadas". 

"El amparo contiene adjuntos informes técnicos que dan cuenta de la emergencia sanitaria e hídrica en cada barrio y por manzanas. Informes que fueron publicados en revistas científicas especializadas y, uno de ellos, que prueba el riesgo sanitario en la 21-24, fue publicado por la Unesco", detalló Koutsivitis.   

Por último, la gestión de Larreta sostuvo en su respuesta que "avanza en la concreción de proyectos superadores a fin de garantizar la ejecución de obras de infraestructura para la regularizacióndel servicio". La referente de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria reconoció que la gestión de Larreta puso eje en la "urbanización" de algunas villas porteñas con una inversión, vía préstamos internacionales, de 100 mil millones de pesos para agua y saneamiento. "A la fecha no hay ningún hogar formalmente conectado", sentenció.    

"Garantizar los servicios públicos es consolidar los barrios y es lo que el Gobierno porteño no quiere hacer. Posterga la regularización, sigue con el negocio de la emergencia y, a largo plazo, espera desplazar a las familias para incorporar estas tierras al mercado inmobiliario", completó Baldiviezo.