El cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, presentó un pedido de morigeración de su confinamiento tras el fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense que habilitó las prisiones domiciliarias a raíz de la pandemia del coronavirus. Así lo reveló el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa contra el sacerdote.
El pedido de Grassi fue formulado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de Morón y el condenado alegó un problema respiratorio y temor a contagiarse de Covid-19. Según informó Gallego, en el pedido también se indica que un oficial penitenciario del penal de Campana, donde está preso Grassi, contrajo la enfermedad.
Gallego se manifestó sorprendido por el pedido, ya que entiende que "Grassi no integra ningún grupo de riesgo". El abogado sostuvo que el pedido fue presentado al Tribunal Oral porque las condiciones de detención del cura nunca llegaron a ser verificadas en ningún juzgado de ejecución, lo que, entiende, "constituye una irregularidad".
En declaraciones televisivas, Gallego consideró que el pedido "es un disparate que debe corregirse de inmediato", dado que Grassi "no está controlado a la fecha por los juzgados de Ejecución de Morón, a pesar de tener la condena firme".
Grassi fue condenado por el TOC Nº 1 de Morón por abuso sexual contra uno de los niños internados en su fundación, conocido como "Gabriel", y fue sobreseído en otros dos casos. El cura recién ingresó a prisión en 2013, cuando la Corte Suprema confirmó la sentencia. Para el Tribunal, Grassi fue responsable del abuso de "Gabriel", hecho que habría tenido lugar en la "Casa San Juan Bosco", en Hurlingham. Los jueces consideraron que el abuso derivó en una "desviación en la sexualidad aún en formación del menor".
El caso se conoció por un informe de Telenoche Investiga en 2002. Tras la primera denuncia se acumularon otras 17 por los mismos delitos. Además, Grassi fue condenado en noviembre del 2016 a dos años de prisión por malversación de fondos, a raíz de que pagaba con la recaudación de la Fundación Felices los Niños la vivienda que él habitaba.
La opinión de Carlotto
Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró hoy que tanto Grassi como los condenados por delitos de lesa humanidad no deben acceder a la prisión domiciliaria en el contexto de pandemia porque "puede repetirse la historia".
En declaraciones radiales, Carlotto recordó que en el caso de Grassi "la Justicia comprobó que era un abusador de niños" y agregó que debe ser "realmente muy fuerte y doloroso para las víctimas". La referente de derechos humanos afirmó que "no merece salir, ya que es un abusador serial y puede repetirse la historia porque va a seguir abusando y buscará el auxilio de esa iglesia que lo puede amparar".
Carlotto reconoció, sin embargo, que "hay una superpoblación carcelaria y los presos están demandando no morir adentro de la cárcel", pero advirtió que la Cámara de Casación estableció claramente quiénes podrían acceder a la prisión domiciliaria.
