La mesa de diálogo entre representantes de los presos de la cárcel de Devoto, miembros de la Justicia y del Gobierno nacional terminó con un principio de acuerdo para que se analicen más de 400 casos (de un total de 805 solicitudes) que se encuentran en condiciones de acceder a una morigeración de la condena y acelerar el trámite administrativo para priorizar la prisión domiciliaria.
Durante la tercera reunión que mantuvieron los presos tras la protesta, se confirmó un nuevo encuentro el miércoles 6 de mayo para analizar los pasos a seguir. En el estudio están considerados sólo aquellos que tienen condenas menores a tres años y no se incluyen personas que cometieron delitos violentos.
Tal como contó este diario , la reunión de este jueves buscaba resolver la situación de las personas que reúnen las condiciones establecidas por la Cámara de Casación. Esas condiciones son estar en edad de riesgo, tener más de 60 o 65 años o enfermedades también riesgosas como tuberculosis, HIV o distintos tipos de hepatitis; mujeres con niños pequeños o embarazadas.
Además, en el acta, se informó que 320 presos ya salieron de las cárceles federales, de un total de 1.280, que son las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo de enfermarse de coronavirus.
Entre otros de los pedidos, los presos solicitaron la entrega de una mayor cantidad de elementos de higiene y prevención del Covid-19, además de requerir la participación en la próxima reunión de todos los jueces de Ejecución Penal, y el secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena.
La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vienen alertando sobre una "tragedia" inminente en las cárceles. Son pocos los que parecen entender que si el virus entra en los penales habrá cientos de contagiados dado que no hay distanciamiento posible en una cárcel. La consecuencia directa será que esos presos, que requerirán internación y respiradores, ocuparán el espacio tan vital y tan escaso en el sistema de salud.
La política argentina dictada por el presidente Alberto Fernández, las medidas de cuarentena e incluso las anteriores a la cuarentena, han permitido que no exista una saturación pero en países muchísimo más desarrollados han tenido que decidir a quién le dan un respirador --algo que sucede ya en Brasil-- y es obvio que si hay pandemia en las cárceles una parte de los respiradores estarán ocupados por los que provienen de los penales. De eso se trata, justamente, el alerta de los organismos internacionales y la decisión en la casi totalidad de los países de enviar presos a que cumplan el último período de la condena en sus casas.
