La exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó consideró que los sectores que acusan al gobierno nacional por la supuesta liberación masiva de detenidos pusieron en marcha una estrategia “alarmante de desinformación” que tiene como objetivo desviar la atención sobre el debate por un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
“Me genera preocupación ver esta campaña que se está haciendo para angustiar a la gente y para sacar provecho de la situación”, expresó la abogada durante una entrevista por AM 750, en la que señaló a algunos medios de comunicación como los responsables de “agitar una serie de disparates” sobre la prisión domiciliaria otorgada a varios detenidos en los últimos días.
Para Gils Carbó, lo que se busca al confundir “liberaciones masivas” con prisiones domiciliarias, exenciones de penas o finales de condenas es “incidir en el Gobierno en el momento en que se quiere poner un impuesto extraordinario a las grandes fortunas” para financiar parte de las políticas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
“El poder político tiene que salir a desmentir lo que se está diciendo” y “con esta concentración de medios es difícil hacer frente a la desinformación”, indicó. No obstante, añadió, “algo se ha logrado, porque no han logrado convencer a la gente con cualquier disparate, y a esto lo hemos visto en las últimas elecciones”, remarcó.
Además, tal como lo hicieron varios dirigentes del oficialismo y especialistas en el caso, explicó que “la decisión de liberar presos en situación de riesgo y de delitos leves es responsabilidad del Poder Judicial”, no del Gobierno.
También recordó que la situación de los sistemas carcelarios en el marco de la pandemia es “un problema que se vienen planteando en los países centrales”, es decir que no son exclusivos de la Argentina. Por ello pidió “tener una visión humanitaria” de lo que ocurre intramuros en medio de la pandemia.
“Las cárceles no son un lugar cerrado: hay personal penitenciario, hay gente de servicios” que se desempeña allí y que está en contacto cotidiano con el exterior, donde crecen los contagios de coronavirus. Por lo tanto, agregó, en los penales hay que prever “la cantidad de insumos médicos que tendrán que ser destinados para atender la situación si se propaga”.
En medio de una pandemia “no es indiferente que el otro esté o no sano. Nos conviene que estén sanos”. Y “lo que se busca” con el análisis judicial caso por caso para determinar la situación de cada detenido “es que las cárceles no sean un foco de infección”, remarcó la ex procuradora que debió dejar el cargo en 2017 luego de una larga serie de presiones del gobierno de Mauricio Macri.
Para explicar lo que ocurre en los penales argentinos, puso de relieve el contexto internacional: “En Nueva York se liberaron 1400 presos y en Francia 10 mil en un mes”. El beneficio solo incluyó a quienes cometieron “delitos leves” y a personas con factores de riesgo de contagio por coronavirus.
Lo que se buscó en esos lugares es “que la cárcel no sea un foco de infección, que no atraigan todos los insumos médicos que el Estado debe proveer, porque la salud es un derecho humano”.
“Capaz que uno dice esto y la gente se asusta, pero también hay que saber quiénes están en la cárcel”, dijo y explicó que en la Argentina “el 70 por ciento de los presos no está condenado. El 77 son mujeres y la inmensa mayoría está detenida por delitos no violentos” como “portar drogas en sus cuerpos para huir de la miseria”. También “hay muchos jóvenes detenidos por delitos menores y por delitos no violentos”, añadió.
Por otra parte, la exprocuradora calificó de “excelentes” a las medidas del gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la pandemia. “El Gobierno está detrás de la angustia social con planes que son realmente muy importantes para la tranquilidad de la población”, ponderó.
