Una vez cada 15 días las familias de la comunidad wichí El Carpintero, ubicada a 18 kilómetros de la localidad de Fortín Dragones, en el departamento San Martín, juntan unos dos mil pesos para alquilar un grupo electrógeno y cargarlo con 10 litros de nafta. El objetivo es hacerlo funcionar entre cuatro y seis horas para que se cargue el tanque elevado que se conecta a las viviendas de la comunidad y distribuya el agua.

Esto implica que las 50 familias del lugar deban restringir el uso del agua para tomar y cocinar. En caso de lavar la ropa, deben ir a las cañadas donde se juntó el agua de lluvia y que usan también los animales como bebederos. Bañarse se convirtió casi en una travesía. Y la posibilidad de contar con el lavado recurrente de manos con agua y jabón para prevenir el contagio con Covid-19, también.

El cacique de la comunidad, José Hugo, contó a Salta/12 la preocupación de los comuneros, que cuentan con el pozo de 90 kilómetros de profundidad desde 2006. En aquel año una iglesia evangélica hizo las gestiones para que la comunidad, que se encuentra a 4 kilómetros de la ruta, cuente con agua. Del mismo pozo se abastece también el establecimiento educativo de la comunidad.

Con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la comunidad lograron contar con 12 viviendas que quedaron conectadas a la fuente de agua. Pero como no hay electricidad, precisan de un grupo electrógeno para que funcione el sistema de extracción del agua para abastecerlos.

Cuando no tienen dinero, la bomba debe funcionar de manera manual. “Pero es tan profundo el pozo que cuesta sacar, hace falta mucha fuerza y muchos hombres para que lo hagan”. Cuando se la extrae a través de este sistema, el agua es acumulada en tachos, baldes y bidones. Los que tuvieron un poco más de posibilidad y recursos económicos lograron comprar tachos de 20 litros en un corralón. Suelen ser miembros de familias criollas. Otros, entre ellos la mayoria wichí, en cambio, consiguieron bidones en las fincas cercanas. Esos bidones son de agrotóxicos y no están tratados debidamente antes de ser entregados. Hugo contó que lavan esos bidones con algo de ceniza hasta que logran sacarle el olor del herbicida.

Cuando no hay dinero ni agua suficiente, “llegamos a tomar de la cañada”, dijo el cacique al sostener que por el calor que hace en la zona (que llega a los 40 grados), deben usar mayor cantidad de agua. El problema es que hay épocas en las cuales llega la sequía y ni las cañadas tienen agua. “El piso parece cemento”, describió Hugo a las cañadas durante la sequía.

Sólo 6 chicos en el secundario

Las necesidades básicas del agua, la energía eléctrica, el gas y la vivienda digna no son la únicas insatisfechas en El Carpintero. También están en esa situación la comida, y la educación.

Los más chicos asisten a la primaria, pues la escuela N° 4180 está en el lugar. Pero ir a un colegio secundario se complica. El establecimiento más cercano se encuentra a 18 kilómetros, en Fortín Dragones. Hugo contó que los chicos de las familias criollas pueden ir porque en el pueblo tienen familiares con los que se pueden quedar, y también porque cuentan con un poco más de recursos económicos. No sucede lo mismo con niñas y niños wichí, que ven aún más difícil la posibilidad de acceder.

Actualmente unos seis adolescentes de la comunidad van al secundario. Pero el cacique estimó que hay un total de 18 adolescentes y jóvenes de hasta 20 años que abandonaron o que directamente no fueron nunca a la secundaria. Son los enmarcados en la llamada “deserción” escolar. Un término que no se ajusta muy bien a esta situación, si se toma la acepción como abandono del estudiante, cuando acá más bien pareciera un abandono del sistema. Los terciarios directamente son inalcanzables.

A ello se suma que los adolescentes “van al colegio y necesitan a veces su celular”. Hugo contó que incluso con las nuevas modalidades de enseñanza obligadas por el contexto de la cuarentena, debe solicitar algún teléfono móvil prestado para que sus hijos puedan acceder a las tareas y los contenidos. “Menos mal que tengo familiares que me ayudan”, dijo.

Al ser consultado sobre la llegada de las cartillas educativas que hizo el gobierno nacional o los kits escolares que reparte la provincia, indicó que al menos a esa escuela no habían llegado. Lo que sí llegó es el “bolsón” que reemplazó el almuerzo que los chicos recibían en la escuela antes de declarar la cuarentena. Detalló que la bolsa lleva un paquete de chocolate en polvo, medio kilogramo de azúcar, y la misma cantidad de tallarines. La llegada por parte de un proveedor es de una vez por mes.

Los más grandes, que están entre los 16 y 20 años y que no fueron contenidos en el sistema escolar, no suelen ser beneficiarios de nada. “Changuean” lo que pueden cuando hay trabajo. Las familias criollas los suelen convocar para que ayuden con la cría de animales vacunos durante algunas épocas. Si no, “cortan palo, o venden leña”, contó el cacique.

Hugo recordó que “hace mucho tiempo”, cerca de una década, estimó, “cuando había poroteada venía un señor a llevarlos (a los jóvenes). Pero ahora es todo con máquinas. Cuando hay (trabajo), hay y cuando no, no”.

La política asistencial de módulos alimentarios es para familias que tienen niños de hasta seis años. Éstas reciben los llamados módulos focalizados. Pero Hugo graficó que no pasa lo mismo con aquellas familias que tienen chicos adolescentes o jóvenes, a las que se les complica el acceso al alimento.

“Si uno no tiene plata, no come, no viaja. Para estudiar tiene que tener plata”, dijo Hugo, quien sostuvo que sin un celular prestado “yo tampoco podría hacer los reclamos”. La invisibilización se completa con el hecho de que la comunidad no está a la vista, pues se encuentra a 4 kilómetros de la ruta nacional 81.