El primer paro nacional contra el gobierno de Mauricio Macri será el 6 de abril, días antes de que el presidente pase la marca del primer tercio de su mandato. Como anticipó PáginaI12, el Consejo Directivo de la CGT le puso fecha ayer a la medida de fuerza largamente reclamada por un sector importante de la población durante las manifestaciones opositoras que se sucedieron las últimas semanas. El reclamo que motoriza la protesta apunta contra la política económica del Gobierno y hace énfasis en la pérdida de puestos de trabajo, la apertura de importaciones que afectan a las industrias nacionales y los límites que pretende imponer el Ejecutivo a las negociaciones paritarias. La huelga pondrá el broche a una sucesión de manifestaciones contra Macri, que comenzaron el 6, 7 y 8 de marzo con las marchas de docentes, CGT y mujeres, continuaron con los cortes y ollas populares de los movimientos sociales y seguirán la semana próxima con la marcha federal de los docentes, la movilización del Día de la Memoria y la protesta de la CTA el 30 de marzo.
La medida de fuerza de la CGT va a ser la más importante que deba enfrentar Cambiemos desde su llegada a la Casa Rosada y se espera que tenga un acatamiento masivo, ya que cuenta con el respaldo de todos los gremios cegetistas. Además, la CTA, que ya había anunciado una jornada de lucha para una semana antes, decidió sumarse también a la huelga del 6 de abril (ver aparte). El compromiso de los gremios de transporte de no brindar servicio ese día reforzará la repercusión del paro. No habrá, en cambio, una manifestación masiva a Plaza de Mayo: la moción, impulsada por los sectores más combativos, no tuvo buena recogida en la cúpula de la CGT, que tiene aún fresco el recuerdo del final del acto del 7 de marzo.
El triunvirato que encabeza la central fue el encargado de hacer el anuncio luego de una reunión de Consejo Directivo que tuvo lugar en la sede de la calle Azopardo. En la breve conferencia de prensa que protagonizaron, Carlos Acuña, Héctor Daer y Juan Carlos Schmid reconocieron que el paro nace fruto del reclamo popular que hubo en la movilización de la última semana, a la que Schmid caracterizó como “una enorme demostración del descontento popular”.
Además, aseguraron que, aunque esperan mantener canales de diálogo abiertos con el Gobierno, la decisión de parar es “irreversible” y no depende de futuras negociaciones. Hasta ahora, el Presidente “no tomó la nota que debía tomar de la movilización”, sostuvo Daer y dijo que “venimos planteándole rectificación de políticas que han llevado a la destrucción de cantidades importantísimas de puestos de trabajo”.
“Perdimos poder adquisitivo, puestos de trabajo y a la caída del consumo se le sumó la llegada de más productos importados”, enumeró el dirigente de Sanidad. También señaló que las medidas del Gobierno “han llevado a que el año pasado tuviéramos la inversión más baja de toda la región cuando habían planteado que las expectativas eran que llovieran inversiones de todos lados.
En el mismo sentido, Acuña, que ayer ofició como primus inter pares, ensayó una especie de autocrítica por la pasividad sindical durante el primer tramo del mandato de Macri, que no se vio retribuida con políticas beneficiosas para los trabajadores. La CGT “tuvo la responsabilidad de ir marcando todos los errores que venía cometiendo” el Gobierno “y también teniendo la prudencia necesaria, tratando de ir conteniendo la paz social más allá de los incumplimientos a los compromisos acordados en la Mesa del Diálogo”, sostuvo el hombre fuerte del sindicato de trabajadores de Estaciones de Servicio.
Por eso, pidió que Macri “escuche y recapacite” porque “los trabajadores durante 15 meses pusieron el hombro y el Gobierno lo único que hizo fue aumentar las tarifas”. También pidió que, de cara a las negociaciones salariales para este año, se “reconozca la pérdida del poder adquisitivo del salario y que esa diferencia salarial sea incluida en las paritarias que tienen que ser libres y cada sector las discuta como correspondan”. Finalmente, Acuña sostuvo que “este gobierno golpea muy fuertemente a los sectores del trabajo, a los más humildes, a los que más necesitan y también a la industria nacional”.
A su turno, Schmid sostuvo que “hubo una proverbial manifestación de descontento popular y ese fue el eje de todos los reclamos de los miles y miles de ciudadanos, de compañeros trabajadores, sectores empresarios y profesionales” que marcharon el 7 de mayo, y que a partir de allí “la CGT intentó interpretar” ese descontento. “El paro es una expresión del mercado social. No constituye un programa alternativo, porque nosotros no fuimos votados por la ciudadanía; nosotros estamos aquí cumpliendo el rol que descargan sobre nuestras espaldas los compañeros de los sindicatos confederados”, concluyó el portuario.
El anuncio del paro trajo algo de paz a una central convulsionada por internas y marchas y contramarchas y significó un respaldo al triunvirato que la conduce, cuya autoridad había quedado mellada luego del turbulento final del acto de la semana pasada. En la reunión de ayer estuvieron representados todos los sindicatos que conforman la cúpula de la CGT (aunque algunos dirigentes críticos, como el camionero Pablo Moyano, faltaron con aviso y excusa) y se estima que el paro tendrá adhesión alta en todas las ramas de todos los gremios.
Desde el Gobierno no hubo voces oficiales que hablaran públicamente sobre la medida de fuerza anunciada pero hay preocupación por el endurecimiento de los dirigentes que durante el último año fueron interlocutores pródigos y porque el escenario de alta conflictividad social de los últimos días se prolongue en el tiempo y pase a jugar un papel en la campaña electoral que, prematuramente, ya está comenzando.
La posibilidad de un cambio de gabinete que permita barajar y dar de nuevo suena cada vez más fuerte. Todas las dudas apuntan al futuro inmediato del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que estaba encargado de encausar el conflicto, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que debe lidiar con el reclamo que llega directamente de Casa Rosada de más control del Estado sobre el espacio público durante las jornadas de protesta.
