Ante un nuevo 3 de Mayo, Día mundial de la Libertad de Prensa, el Sindicato de Prensa Rosario cree imprescindible ampliar el contenido de esta fecha, declarada así por la Unesco en 1993, hacia la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad, ambas cara y contracara de una misma moneda. Todos los años, pero en especial en este 2020, en medio de la pandemia, es importante reflexionar sobre el estado en que se encuentran los derechos invocados y, por eso hoy, se debe decir que lxs trabajadorxs de prensa y la comunicación están en situación de emergencia. La enumeración de quienes intervienen en el proceso productivo es muy larga pero es necesario mencionar a trabajadorxs de prensa, periodistas, locutorxs, operadorxs, administrativxs, canillitas, distribuidorxs, que todos los días se exponen y hacen posible que la información llegue a los diferentes públicos a los que está destinada.
La covid-19 comenzó en la Argentina cuando sólo hacía tres meses de la llegada del nuevo gobierno y el colectivo de trabajadorxs de prensa ya había perdido, a nivel nacional, 4.500 puestos de trabajo por las políticas del macrismo. No hubo tiempo de recomponer salarios ni de achicar la pérdida del valor adquisitivo y tan sólo a poco más de un mes del inicio de la cuarentena, ya hay amenazas de despidos, incertidumbre por el cobro de salarios y de aportes y contribuciones a las organizaciones sindicales y a las obras sociales a las que se pone en peligro.
La pluralidad de voces, condición indispensable para que la libertad de expresión y el derecho a la información no se conviertan en invocaciones abstractas, está en riesgo: la pandemia afectó a muchos sectores, entre ellos al de los medios de comunicación, en especial a los de alcance local. La merma de ventas de los ejemplares en papel, el descenso de los anuncios publicitarios y las abultadas deudas que en concepto de pauta oficial acumulan los distintos niveles de gobierno, en especial los de cercanía, ponen a algunos de esos medios, sobre todo a los cooperativos, autogestivos y comunitarios, al borde del cierre y la desaparición porque hasta ahora no recibieron medidas de alivio, como el pago del 50 por ciento del salario que sí se adjudicó a las empresas tradicionales. Es momento, entonces, de preservar las unidades productivas y los puestos de trabajo.
La información es un derecho humano y un bien social a cuidar y proteger y lxs periodistas que trabajan para los distintos medios de comunicación - y estos mismos-, son parte del entramado cuya existencia refiere a la democracia informativa. Se requieren urgentes medidas de apoyo y sostenimiento y es el Estado en todos sus niveles el que debe tutelar y asegurar el libre y democrático flujo de la información a través de la distribución de la publicidad oficial con profundo sentido democrático, federal e inclusivo que torne viable y le dé dimensión real a la pluralidad de voces.
El SPR convoca, entonces, a las empresas de la comunicación y de manera especial a los gobiernos municipal y provincial, para que en esta emergencia acudan con respuestas precisas y, temporalmente oportunas, para proteger y asegurar la continuidad de medios y puestos de trabajo. La emergencia requiere soluciones inmediatas para que ninguna voz sea silenciada.
