A lo largo de la última semana asistimos a la transformación de un problema sanitario en ciernes en las cárceles en una enorme “fake news”. La discusión sobre políticas para descomprimir la población carcelaria, algo que se aplica en todo el mundo frente a la covid-19 dado que en los penales el aislamiento social es de imposible cumplimiento, fue traducida en un anuncio aterrador sobre la liberación masiva de delincuentes. Comunicadores, medios y dirigentes políticos repitieron frases del estilo “es indignante que salgan los presos a la calle”, “hay malestar por las excarcelaciones” o “existe un plan para liberar presos peligrosos”, que la increíble Felicitas Beccar Varela complementó con una descripción de “patrullas” de “presos liberados” que “amenazan jueces”, “te van patrullando y te van tomando tu capital” (sic). Ni en el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial se hablaba de liberaciones sino de posibles prisiones domiciliarias de las que se debería excluir a acusados de delitos violentos y con penas altas. Pero hasta los periodistas mejor intencionados confundieron la diferencia semántica. La derecha perenne y el elenco de antiperonismo estable, encontraron terreno fértil para convertir la distorsión en el cacerolazo que les faltaba a los titulares de los diarios que aguardaban con ansias algún ángulo para perturbar al gobierno de Alberto Fernández, que aplica políticas eficaces ante la pandemia.

Números que hablan solos

La primera gran mentira, la de las liberaciones a gran escala, se puede ver en números.

· Del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que tiene cerca de 14.000 internos/as, 1227 egresaron desde el 16 de marzo por cumplimento de penas, libertad condicional o asistida, pero fueron sólo 320 quienes recibieron prisión domiciliaria por razones ligadas a la covid-19. De una lista de 1280 presos/as con factores de riesgo del SPF, el 51 por ciento no tiene condena. La gran mayoría está en prisión por delitos de drogas (la mayoría narcomenudeo), robos y tentativas. El resto se reparte entre homicidios, violaciones, hurtos y secuestros, entre otros.

· En el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde hay cerca de 50.000 personas, con una sobrepoblación del 110%, entre el 17 de marzo y el 17 de abril (período de cuarentena) hubo 2200 egresos: 1601 tenían la pena cumplida, o les correspondía la libertad condicional o asistida; 599 fueron prisiones domiciliarias ligadas a factores de riesgo de contraer coronavirus, el resto no tiene relación con el virus. En el mismo período el año pasado salieron de las cárceles 1720 personas con penas cumplidas o morigeraciones y 50 fueron arrestos domiciliarios.

El disparador de la campaña sobre una liberación imaginaria de presos, fue el motín el viernes 24 de abril en el penal de Devoto, referencia de otros. Se habían detectado dos casos de covid-19 entre celadores, y semanas previas entre trabajadores de la salud. Los detenidos reclamaban ya antes medidas sanitarias y de higiene, lo mismo que ocurría en cárceles bonaerenses y de otras provincias. Con la suspensión de las visitas por el coronavirus dejaron también de recibir alimentos. Sumaron ahora el pedido de aplicación de los criterios establecidos por la Cámara de Casación Penal Federal para conceder domiciliarias debido a la pandemia.

Al tribunal, donde existían diferencias internas, no le quedó otra que poner reglas cuando aparecieron disposiciones internacionales (de la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ONU) para reducir el número de presos y presas ante la posibilidad de que las cárceles se convirtieran –por sus rasgos de hacinamiento y las deficiencias sanitarias— en focos de contagio masivo que repercutirán en los sistemas de salud. Un penal lleno de contagios puede derivar en uno o más hospitales colapsados. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos “reducir drásticamente la población de las prisiones” y “que el distanciamiento sea posible”.

Casación recomendó “medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria” en casos puntuales: presos/as con prisión preventiva por delitos no violentos, o sin riesgo procesal, o que hayan superado los plazos de la prisión preventiva (dos años); condenados/as por delitos no violentos cerca de cumplir la pena o con penas de hasta tres años; personas en condiciones de acceder a salidas transitorias, libertad asistida o condicional que cumplan el resto de los requisitos; mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos/as; personas con riesgos para la salud (adultos mayores, inmunodeprimidos o enfermedades crónicas como las pulmonares, VIH, coronarias o diabetes) para quienes se debe sopesar con el resto de los conceptos. La acordada (con disidencias) sugería a los jueces inferiores resolver con esos parámetros y dando intervención a las víctimas. Con igual esquema actuaron la Casación Nacional y la de provincia de Buenos Aires. Esta última lo volcó en un habeas corpus colectivo que hacía hincapié en evaluar la peligrosidad de acusados de delitos graves y la situación de las víctimas, en especial delitos contra la vida, la integridad sexual y la libertad.

Sobre presos peligrosos

Otra mentira es que hubo una orden de liberar presos peligrosos como violadores y asesinos que generó una ola de noticias que mezclaron información trucha y datos reales. Por ejemplo, se difundió que el femicida Gustavo Di Matteo, que mató a su ex pareja Sandra Benítez la semana pasada, había sido liberado unos días antes cuando en realidad había recuperado la libertad en octubre de 2019 en una decisión cuestionada. Los canales mostraron a un hombre detenido por robo y que acababa de salir del penal de Marcos Paz. No lo habían liberado por covid-19: fue un tema salud mental, un juzgado civil debía definir su destino.

Con las horas los medios agigantaron la lista de acusados de violencia sexual beneficiados en la pandemia. El malestar que generan estas historias en su mayoría es fundado: son delitos que debieron ser analizados por jueces y juezas en el rubro de “violentos”, con su característica peligrosidad. Por lo general son cometidos dentro de los hogares (por lo que cercanía del acusado –aunque sea en el barrio—es riesgosa) y tienen en su configuración una deuda histórica, ya que muchas víctimas soportaron la impunidad. En este punto el caso de Campana revela algo clave: la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial y las fallas estatales en la protección de las víctimas no son de ahora, son previas.

Lo que no formó parte de las consignas de los cacerolazos fue el cuestionamiento a las domiciliarias de genocidas que son cerca de 40 en lo que va de la cuarentena. Aquí el aprovechamiento de la ocasión de sus defensas –igual que para algunos violadores— fue evidente y encuentra eco en sectores del Poder Judicial conservadores que complacen al diario La Nación. Tampoco caben dudas sobre la gravedad de estos delitos y, sin embargo, y pese a la advertencia de la CIDH de que las domiciliarias para alivianar las cárceles no están pensadas para ellos, son sus destinatarios. ¿Los pedidos de juicio político contra jueces que concedieron este beneficio a genocidas tendrán el mismo ímpetu que los presentados contra los magistrados que favorecieron a violadores?

¿Un problema del gobierno argentino?

La otra gran falacia instalada indica que la política de descongestionar las cárceles es una ocurrencia del gobierno de Alberto Fernández. Además de las advertencias de Bachelet y otros organismos, como mostró Raúl Kollmann en este diario, son muchos los países que ya concedieron domiciliarias e incluso libertades. En algunos el contagio masivo en cárceles ya es un hecho, como en la de Ohio, en Estados Unidos, donde 2000 de 2500 internos tienen coronavirus. En ese país casi todos los estados dan domiciliarias. Sólo en California salieron más de 5000 presos. En Francia son 10.000; en Reino Unido a 4000; en España 8000, y la lista sigue.

El Presidente tuiteó que no es partidario de dar indultos, pero que en el mundo rige la recomendación de “evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”. Es más, señaló que “la solución al problema está en manos de los tribunales”. Ya quedó claro que hay criterios disímiles en el Poder Judicial, pero las reglas para descomprimir las cárceles están escritas. Los gobiernos, nacional y locales, deberían velar por su cumplimiento, cuanto menos por razones sanitarias.

Lo que el escenario actual hizo más visible es el viejo problema del hacinamiento carcelario, la falta de higiene y la deficiente alimentación que reciben los internos e internas, porque hoy puede ser un problema para el resto de la sociedad. Las cárceles bonaerenses desbordaron en los últimos cuatro años por pequeñas causas de drogas preventivas a granel. El reclamo fácil de los opositores es: hagan más cárceles, encarcelen más. La pandemia, donde abundan los controles, exacerba las tendencias autoritarias. Quizá el desafío más profundo para el Estado en este momento es el de encontrar el delicado equilibrio entre evitar la impunidad y preservar la vida.