Desde la entrada en vigencia del decreto nacional 297/2020 y el provincial 255/2020 hasta el 28 de abril pasado la Asociación Pensamiento Penal registró nueve hechos de violencia institucional. En un caso la víctima, un adolescente de 17 años que hacía reparto de comida, sigue internado con múltiples quebraduras y su vida corre peligro.
Este recuento de hechos de violencia institucional registrados se incluyó en un amicus curiae que Pensamiento Penal - Capítulo Salta presentó ante la Corte de Justicia de Salta en la acción de amparo colectivo planteada el 21 de abril por la Mesa de Derechos Humanos de Salta y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en contra del decreto provincial 255/2020, por el que gobernador Gustavo Sáenz creó un régimen excepcional sancionatorio para quienes violen la cuarentena dispuesta por el decreto nacional 297/2020 en el marco de la pandemia por el coronavirus Covid-19.
El decreto 255, publicado el 3 de abril último, prevé medidas privación de la libertad de hasta 60 días, multas y decomisos de vehículos, y otorga al jefe de la Policía provincial la facultad de aplicar estas sanciones, sin dar intervención a los fiscales, las defensas o los jueces, una "clara contradicción con las reglas del debido proceso legal y las garantías mínimas reconocidas en todo proceso penal y contravencional vigentes", sostuvo Pensamiento Penal, y destacó: "Ninguna provincia argentina ha dictado este tipo de legislación provincial para asegurar el cumplimiento del aislamiento social obligatorio y no vemos, por qué Salta deba ser la excepción".
La Asociación indicó que desde que comenzó este aislamiento, en la provincia "han existido numerosos casos en los cuales el personal policial ha actuado de una manera particularmente violenta o arbitraria". En ese contexto, los hechos reunidos, en el marco de una campaña que Pensamiento Penal hizo junto con Hijos Salta, fueron expuestos para acreditar que "la existencia de esta normativa inconstitucional, sólo acrecentará este tipo de situaciones".
De los nueve hechos reseñados, seis se cometieron en la ciudad de Salta, pero, por lo menos hasta la fecha de cierre del registro, los hechos más graves se dieron en Joaquín V. González, en el sur provincial, y en Orán, en el norte.
El domingo 12 de abril, en González, aproximadamente a la 1 de la madrugada un adolescente que repartía comida en su moto quedó en medio de una persecución policial y de Gendarmería a un grupo de jóvenes que estaba bebiendo alcohol. El repartido también intentó huir, hay testigos que dan cuenta de que hubo disparos durante la persecución. “Finalmente, una camioneta de Gendarmería embistió de frente al adolescente dejándolo gravemente herido. Actualmente está internado en el Hospital San Bernardo con quebraduras en muñecas, brazos, pierna izquierda, en la cara, en las costillas, con lesiones en el cuello, politraumatismos y una perforación de pulmón”, detalló Pensamiento Penal.
El otro hecho se cometió el 14 de abril en Orán, a las 11. Una joven iba en su moto a pagar la factura de energía eléctrica. Fue frenada por tres agentes mujeres que le exigieron permiso de circulación, la joven exhibió la factura. Las agentes decidieron secuestrar la moto, una agarró la llave que estaba puesta y las demás la bajaron agarrándola de los pelos y del cuello, la subieron al móvil policial donde la golpearon entre insultos. Posteriormente fue trasladada a la Comisaría 20, donde llegaron su madre y una tía. Al verla golpeada, solicitaron hacer la denuncia, pero no se la recibieron. Mientras esperaban, la tía fue demorada y llevada a una habitación donde le hicieron firmar una cédula de notificación que la conmina a "abstenerse de realizar publicaciones por los medios de comunicación en contra de la institución policial”.
Ya en la ciudad de Salta, uno de los hechos reseñados es el maltrato verbal a todo el grupo, y con rebenque a uno de los asistentes, perpetrado por diez agentes motorizados el 29 de marzo en el comedor y merendero “Carita Feliz” del barrio 26 de Marzo, en momentos en que un grupo de vecinos repartía la merienda. Durante la agresión una mujer se descompensó y empezó a convulsionar, y los policías los abandonaron en esa situación.
El 12 de abril al mediodía la militante feminista Irene Cari fue detenida cuando ayudaba a una niña institucionalizada. Una policía le torció los brazos amenazando con pegarle. La llevaron a la comisaría del barrio Limache, después a la de Villa Palacios, y la Jefatura de Policía, donde fue interrogada. Luego la llevaron a la Comisaría Nº 1, donde le secuestraron el celular y uno de los agentes le dijo “no sabés lo que te puede pasar, no llamés, no hablés, no grités”.
Posteriormente la trasladaron a la Alcaldía y más tarde la subieron a un móvil policial en el que la hicieron dar vueltas por distintos barrios hasta que en un pasaje intercambiaron el personal policial. Unas ocho horas después, alrededor de las 20, fue llevada a su casa donde quedó con custodia policial adentro y afuera. Recién a la 1.30 la policía abandonó su casa.
Entre otros hechos en esta ciudad, se reseñan violencia policial en un edificio del barrio Bancario, donde golpearon y tiraron al suelo a una mujer de 75 años; dos sucesos en el barrio Ciudad del Milagro, en perjuicio de un joven y de una pareja de adultos mayores, y el caso de una joven que volvía del trabajo a su casa y fue detenida en un control policial junto a su hija de 14 años, que incluso fue esposada. Estuvieron seis horas detenidas, durante las cuales la Policía negó información sobre su paradero.
Nuevamente en el interior, el 7 de abril en General Güemes, en un procedimiento policial para dispersar a vecinos que estaban tomando en la vía pública, una bala de goma policial hirió en un ojo a una nena de seis años.
Arbitrariedades y abuso de poder
La Facultad de Humanidades expresó su "profunda preocupación" por "las arbitrariedades y abusos de poder llevadas a cabo por el personal policial en el territorio de la provincia”.
El pronunciamiento de Humanidades se dio el 22 de abril, en la resolución 0204, con la firma de su decana, Catalina Buliubasich, por la que esta Facultad adhirió “en todos sus términos a la acción de amparo contra el DNU 255/2020 del PEP presentada ante la Corte de Justicia de Salta por la Mesa por los Derechos Humanos de Salta, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y los comisionados electos del Comité Provincial para la prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
Entre otras consideraciones, la Facultad también tuvo en cuenta que el DNU 255 establece las ya mencionadas penas de arresto o multa y que designa al jefe de la policía provincial como autoridad de aplicación de sanciones, sin intervención fiscal ni control judicial, ni defensa en esa instancia.
La Facultad consideró que la privación de la libertad “es una medida desproporcionada y, al mismo tiempo, contraproducente para la prevención del Covid-19, ya que implica el encierro de personas en espacios que no reúnen las condiciones de salubridad e higiene adecuadas".
Asimismo, sostuvo que si bien el aislamiento social tiene consecuencias económicas para toda la población, "son mucho más duras para los sectores populares donde las condiciones previas son más difíciles y por lo tanto es necesario contemplar medidas de cuidado y no represivas acorde a las circunstancias, con el fin de salvaguardar la salud mental de los ciudadanos”.
