El coronavirus llegó a Ecuador en medio de una profunda crisis económica. El epicentro de la enfermedad se dio en la ciudad de Guayaquil que tiene la tasa de contagio más alta de Latinoamérica. En medio de enormes críticas al gobierno por la falta de credibilidad en las estadísticas, el mismo presidente Lenín Moreno reconoció que las cifras no eran precisas.
Hasta este domingo se informaron de 30 mil casos positivos y 1.564 muertes. Sin embargo, hace algunos días la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó que allí hubo siete mil muertes más que en abril del año pasado. Moreno planteó una salida del aislamiento para este lunes 4 de mayo, pero Guayaquil y Quito seguirán en cuarentena hasta el 31 de mayo. Desde las organizaciones indígenas anunciaron que no van a seguir la medida. “Sin datos reales es imposible hacer una planificación seria. Vamos a mantener el aislamiento”, dijo Leónidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que integra la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El Estado ausente
Desde su llegada al gobierno, Moreno fue limitando la capacidad del Estado para intervenir en la economía. De esa manera el país entró en un laberinto del cual parece difícil divisar el final. Y llegó el coronavirus. Sólo en la provincia de Guayas, a la que pertenece Guayaquil, el número de contagios asciende a 13.053, el 62 por ciento del total nacional. Hace algunas semanas el sistema sanitario de la ciudad colapsó ante el creciente número de muertes. La alcaldía demoró entre tres y cuatro días en retirar los cuerpos de las casas, por lo que las familias tuvieron a dejarlos en las calles. En respuesta, la titular de Gobierno, María Paula Romo, reconoció que la situación era alarmante. Sin embargo, dijo que aún no podían saber si la causa de las muertes era por coronavirus. Las cifras oficiales están en el centro del debate.
El gobierno tomó una serie de medidas para contener el contagio. El 16 de marzo declaró el estado de excepción que limitó el tráfico de vehículos y la actividad comercial. También ordenó el trabajo a distancia y cerró todas las escuelas del país. Tres días después decretó un toque de queda que rige entre las 2 de la tarde y las 5 de la mañana. En Ecuador viven 17 millones de personas. El 60 por ciento de la mano de obra es informal, por lo que el aislamiento dejó a millones de familias sin su principal fuente de dinero. Moreno lanzó un Bono Familiar de 60 dólares que se entregará durante los meses de abril y mayo a las personas con ingresos por debajo del salario básico, fijado en 400 dólares. El gobierno estima que 950 mil ecuatorianos recibirán el bono.
En paralelo el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de "Ley de Apoyo Humanitario”. El mismo propone grabar con un impuesto los salarios que superen los 500 dólares. El porcentaje de aporte será progresivo, incrementándose para los sueldos más altos. Por otro lado las empresas que hayan facturado más de un millón de dólares, entregarán el cinco por ciento de esa utilidad en tres pagos mensuales. Al presentar la medida Moreno dijo que la crisis económica se debía a la deuda dejada por el expresidente Rafael Correa. “Esta crisis (...) nos golpeó sin un centavo en las cuentas del Estado y con una deuda histórica de más de 65 mil millones de dólares", se justificó el presidente.
Desde el partido al que pertenece Correa, Revolución Ciudadana (RC), sostienen que tal monto no es real. “Ante cada crisis política Moreno apela al mismo discurso. Ya no es creíble. Los datos oficiales que maneja el ministerio de Economía y Finanzas no reflejan lo que él sostiene. La deuda real al momento que Correa dejó el gobierno rondaba los 38 mil millones”, sostuvo Pabel Muñoz, asambleísta de RC. Muñoz recalcó que la ley tal como está planteada sólo volcará sobre los trabajadores la mayor parte de la carga impositiva. “Con ella esperan recaudar 1.400 millones de dólares. De ese total 900 millones vendrían de las personas y sólo 500 millones de las empresas. El gobierno no quiere poner impuestos al gran capital por que son su principal base de sustento”, dijo el asambleísta. Desde RC propusieron crear un impuesto a bancos y telefónicas que obtuvieron ganancias extraordinarias mientras la economía se derrumbaba. También una contribución del 0,9 por ciento a los patrimonios individuales de más de un millón de dólares.
A contramano del mundo
Además, la "Ley Humanitaria" estipula un recorte en los salarios públicos, según denunció el sociólogo económico Andrés Chiriboga, miembro del Observatorio de la Dolarización. “Aprovechan este contexto para continuar aplicando las medidas que exige el FMI. El gobierno planteó un recorte salarial del 10 por ciento que no se aplicará sólo durante la crisis sino de forma permanente. Para el FMI y Moreno, el sector público es el grande culpable de esta crisis económica”, remarcó Chiriboga. El académico sostuvo que con estas medidas el gobierno va a contramano de lo que está haciendo el mundo para enfrentar la pandemia.
En paralelo, durante el mes abril hubo una enorme fuga de capitales. “Siguiendo las estadísticas que publicó el Servicio de Rentas Internas, que se encarga del cobro de impuestos, advertimos que hubo al menos 829 millones de dólares se fugaron. Esto afecta gravemente a nuestra economía, dolarizada, ya que el gobierno necesita de esa moneda y no puede emitirla”, sostuvo el sociólogo económico. Además resaltó que la estructura primarizada de la economía es otro componente fundamental de esta crisis. El país depende de la exportación de petróleo, entre otros insumos básicos, y su precio está por el piso. Para Muñoz este caldo de cultivo esta llevando a la implosión del modelo ecuatoriano. “La dolarización termina funcionando como una camisa de fuerza. Uno no elige salir de ella sino que te expulsa y deja a la economía en un estado muy vulnerable. Hoy debemos sostenerla, pero las herramientas con las que contamos cada vez son menos”, sostuvo el economista de RC.
La salida es comunitaria
La especulación en los precios y la falta de stock son moneda corriente. Así lo afirman las organizaciones indígenas que en paralelo denuncian la desregulación del mercado. “Pasado el primer mes de la pandemia se acrecentó la crisis alimentaria. Por eso le hemos dicho al gobierno nacional que debe disponer de toda su estructura para garantizar, en primera instancia, la alimentación. Pero eso no está pasando”, informó Iza, líder del Movimiento Indígena y Campesino. Ante la ausencia del estado, en las comunidades potenciaron su propia distribución de alimentos. La denominan “comercio justo” e implica poner en contacto de manera directa a productor y consumidor. De esta manera evitan los sobreprecios que aparecen en la distribución y la comercialización. “Estamos sosteniendo las ferias comunitarias, profundizando el `randi-randi´, el trueque, para que podamos intercambiar productos sin la intermediación de los recursos económicos”, explicó Iza.
Esta semana aparecieron los primeros casos de coronavirus en las comunidades indígenas. Por lo que el dirigente enfatizó la necesidad de mantener el aislamiento obligatorio pese a los anuncios de Moreno. “El gobierno tomó esta decisión bajo la presión de los grupos económicos y sin estadísticas creíbles. Puede producirse una catástrofe. La crisis económica vamos a enfrentarla pero no poniendo como costo la vida de los ecuatorianos”, subrayó Iza.
Informe: Juan Manuel Boccacci.
