"Por suerte mi analista me atiende por skype", "qué bueno que mi psicóloga me escucha por teléfono". En las conversaciones cotidianas del aislamiento social preventivo y obligatorio, la atención remota en salud mental se convirtió en un salvavidas para muchas personas. Pero también se escucha: "No puedo, no es lo mismo" o "no tengo espacio íntimo (en mi hogar) para conversar con mi analista". Ni hablar de quienes sostenían tratamientos en centros de atención primaria de salud barriales. Y de las dificultades materiales, por ejemplo, para sostener una terapia que incluya gastar dinero en datos móviles del celular. Por eso, el Colegio de Psicólogos y la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra) pidieron que el gobierno autorizara la atención presencial cuando no pudiera hacerse de forma virtual. La resolución provincial 611 emitida la semana pasada dejó afuera a esta profesión, mientras contempló a otras, como las especialidades de la medicina, odontología, kinesiología, terapia ocupacional y veterinaria. El Colegio de Psicólogos de Rosario –que tiene alrededor de 6 mil colegiados– pidió una audiencia con el ministro Carlos Parola. "Es un retroceso tremendo a todo nivel el que implica esta resolución, porque establece que ante una situación de crisis, el paciente tiene que dirigirse al nosocomio pertinente ¿qué es? ¿un hospital general de tu zona o es un psiquiátrico? Eso es retroceder en la ley de salud mental", expresó Nilde Cambiaso, presidenta del Colegio de Rosario.

Desde la ciudad de Santa Fe, la psicóloga, psicoanalista y magister en Salud Mental Marisa Mántaras cuestiona con dureza la resolución ministerial 611. "Los problemas son varios. Primero, niega una concepción de la salud integral, compleja, biopsicosocial histórica, porque no solamente no nos permiten trabajar de forma presencial, sólo de manera remota, sino que además suponen que las urgencias deben ir a los nosocomios pertinentes, es decir, a psiquiátricos, donde seguramente recibirán diagnóstico estigmatizante y medicación, que según la ley de salud mental no es un tratamiento", desgrana sus críticas la profesional, quien subraya que esta resolución "aumenta las inequidades entre los pacientes, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a recursos remotos". 

Mántaras es profesional del hospital Mira y López, de la capital provincial, donde forma parte del dispositivo alternativo Radio en la Mira. "El director provincial de Salud Mental, Matías Marzocchi, dijo públicamente en Radio en la Mira que la idea era garantizar la continuidad de los tratamientos, pero la gente que habita los barrios de la ciudad no tiene posibilidad de tener dispositivos que les permitan continuar el tratamiento", expresó la psicoanalista santafesina, y subrayó que "los psicólogos no están atendiendo en los centros salud".

Para Mántaras, la gravedad está dada también por los propios efectos del aislamiento en la salud mental. "Desde que se inició la pandemia todo el mundo nos pregunta, y es absolutamente imaginable la enorme cantidad de consecuencias del encierro, por los conflictos cotidianos que acarrea", contó Mántaras. A fines de marzo, el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos alertó sobre una "explosión" en las ventas de psicofármacos. "Se están presentando crisis de todo tipo y ya estamos empezando a tener situaciones debido a la pandemia, cuestiones delirantes paranoides, respecto de contagio, la gente que era obsesiva y se lastimó con lavandina o alcohol en gel, y los trastornos del sueño, que son bastante habituales", siguió la enumeración Mántaras. Otra dificultad es que "no solamente no se pueden garantizar los tratamientos que se venían llevando, sino que no se pueden establecer nuevos" porque "es fundamental el contacto, el diálogo, tomar contacto con la persona y con lo que le está pasando". 

Desde su rol institucional como presidenta del Colegio de Psicólogos de la segunda circunscripción, Cambiaso apunta a la política de salud. "Mientras considerábamos que tenía que ver con una situación epidemiológica de la zona, estábamos expectantes, pero pedíamos poder atender en forma presencial sólo a aquellos pacientes que no pueden ser atendidos en forma remota y que no pueden interrumpir el tratamiento. Obviamente aceptamos el trabajo remoto, lo difundimos, lo impulsamos y tratamos de que los colegas puedan formarse para tener acceso a esta nueva modalidad, pero nosotros sabemos que hay situaciones donde eso no es posible, porque el paciente tiene ciertas características", apuntó la profesional rosarina. 

La resolución del 29 de abril les generó rechazo inmediato porque "manifiesta un desconocimiento del tema de la salud mental". Para ella, esa resolución desnuda que "no hay convicción de que el tema de la salud mental es definitorio y no se entiende la salud de manera integral". Por eso quieren reunirse con Parola para que les explique "el criterio, qué es lo que privilegiaron". 

Mántaras es más crítica de la atención remota. "Son sumamente parciales. El caso extremo es del de las mujeres víctimas de violencia de género que viven con su agresor, pero hasta ahora Fepra no había homologado la terapia online porque no se puede garantizar correctamente el secreto profesional ni preservar la intimidad de los pacientes", puntualizó la profesional de Santa Fe. Consideró que "hay una regresión fuerte, muy fuerte, respecto de la idea de salud integral", y lamentó: "Argentina es un país que está en el primer mundo respecto de recursos de salud mental, y es terrible que no se nos haya consultado, no porque fuéramos a discutir las medidas que se tomaron haciendo hincapié en una rama de la salud que debería hacerse más, que es la prevención. La idea es el modo en que uno establece esas medidas y acá nada se ha tomado en cuenta respecto de salud mental. Se le pidió a la gente que aguante, que gestione la vida cotidiana manteniendo la rutina y si es posible la producción, a todos se nos está exigiendo, todos estamos aprendiendo tecnología, pero eso deja no solamente muy exigidos a muchos sectores sociales sino excluidos a muchos otros. Esto es grave".