Una de las caras del aislamiento para prevenir la propagación del coronavirus tomó forma de feria extraordinaria judicial que, durante semanas, puso en pausa a casi toda la justicia. El proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad no fue excepción. Hasta la sentencia del debate por los delitos de la subzona 15, que sucedió el lunes pasado en Mar del Plata, los debates orales y, salvo excepciones, las instrucciones, quedaron suspendidas. “Son causas que están urgidas, que llegaron tras décadas de impunidad y siguieron expresando demoras. Es momento de ver cómo seguimos, hay que seguir”, opinó la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa), Ángeles Ramos, que el martes presentó una nota a la presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, para que atienda la situación del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en el marco de la pandemia de coronavirus. La iniciativa recibió el respaldo de organismos de derechos humanos y de abogades dedicados a la temática.

Su propuesta refiere a unas 22 causas que al momento de que comenzara la cuarentena cursaban su debate oral o estaban en condiciones de comenzarlo y pone el acento en su reanudación en el marco de la continuidad de las medidas de aislamiento. El plan consta de tres líneas de acción: por un lado, pide por “la reactivación inmediata de juicios que ya hayan pasado la instancia de producción de prueba --testimonios e inspecciones, entre otras-- y que estén en etapas de alegatos o veredicto”, explicó a este diario. La sentencia en Subzona 15, que el TOF local leyó de manera remota --con los imputados oyendo desde la detención domiciliaria y sin público dentro de la sala o reunido en la calle--, es un ejemplo. En Esma IV, en el que participa Ramos, el TOF 5 aguarda los alegatos de una defensa para llegar al veredicto. La fiscal y el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron que se reanude el debate.

Otro tema son los juicios que están en plena etapa de testimonios o estaban pautados para comenzar, como el de los crímenes durante la Contraofensiva montonera o el que evaluará lo sucedido en los Pozos de Banfield y Quilmes. Para estos casos, la titular de la Proculesa pide que se conforme una mesa de trabajo interdisciplinario “para armar un protocolo específico” a tiempos de coronavirus en los que se atiendan cuestiones técnicas y administrativas, como la acreditación de la identidad de testigos en un posible juicio virtual. Ahonda la fiscal: “Hay cuestiones propias de un juicio complejo que hay que pensar. Por ejemplo, en los juicios de lesa funciona el programa de acompañamiento de víctimas y testigos. ¿Como se puede continuar ese acompañamiento si el juicio se hace vía teleconferencia? Hay que pensarlo”.

Por último, solicitó que la Alzada convoque a la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que integran el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como organismos de derechos humanos. La última vez que sesionó fue en septiembre de 2016.

La iniciativa fue respaldada por organismos de derechos humanos y abogades dedicados a estas causas. El jueves, Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios legales y Sociales acompañaron el pedido de Ramos a través de una nota dirigida a Ledesma, en la que solicitaron que se reanuden los debates “bajo un mecanismo que preserve la integridad de las partes y la publicidad adecuada de estos juicios”. Un día antes hizo lo propio Pablo Llonto, representante de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado en causas que tramitan en Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia. “El objetivo número uno es que la Cámara entienda lo que está pasando y emita una resolución general con recomendaciones”, interpretó el abogado. Las opciones que tiene la alzada, dice, “son variadas y van desde la virtualidad, con apoyatura en aplicaciones digitales para hacer juicios, hasta reglas para definir mecanismos presenciales. Sabemos que lo que dice la Casación después derrama a los tribunales federales de todo el país, es un marco de acción para que se retome el ritmo. De hecho, hay jurisdicciones que lo están haciendo. No hay argumentos para que los juicios sigan parados”, concluyó. Además de Mar del Plata y Rosario, en donde se activó el final del juicio por la causa “Saint Amant”, también hubo movimiento en Córdoba en donde tribunales, defensas y Ministerio Público Fiscal comenzaron a trabajar un protocolo conjunto.

“Lo más importante es evitar que el proceso se congele. Los juicios deben continuar”, remarcó Sol Hurcade, del CELS. Del planteo de la Fiscalía destacó el pedido de convocatoria a la Comisión Interpoderes que “tiene una misión clave en el diseño del proceso de juzgamiento (a los delitos de lesa humanidad)” y la conformación de la mesa interdisciplinaria. “Es especialmente importante que incluya a víctimas querellantes, su perspectiva es fundamental ya que los juicios son una reparación” no solo del daño que sufrieron sino también de décadas de impunidad. “No es lo mismo presenciar un veredicto en la sala donde se emite que escucharlo a través de internet, eso lo sabemos. Pero los juicios hay que terminarlos, sobre todo para no dar lugar a planteos de defensas”, señaló.

Ahí posó su atención Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos con trabajo intenso en La Plata y desde donde planteó un “panorama complejo” en el que diferencia los debates que están en la etapa final de aquellos que estaban por comenzar, pero también lo que sucede en diferentes partes del país. Describió: “Luego de la cuarentena seguirá habiendo medidas de distanciamiento social por largo tiempo, lo que nos pone en tensión con el sentido profundamente colectivo y reparatorio de los juicios, sobre todo en La Plata, un lugar con mucha participación”.

El martes debería empezar el debate por los crímenes de los pozos de Banfield y Quilmes, varias veces pospuesto, así que la expectativa era grande. Antes de que el coronavirus se convierta en una amenaza mundial, las partes querellantes lograron revertir la intención del Tribunal de desarrollar el juicio de una manera remota casi en su totalidad. Ahora debería ser suspendido nuevamente, pero los jueces todavía no lo informaron. Mientras, querellas, programas de contención y organismos platenses dialogan para construir consensos de cara a esta nueva situación. “No me imagino una solución homogénea sino caso por caso”, concluyó Godoy.