El Ejecutivo municipal capitalino está con una mora en la obligación de remitir informes y en el Concejo Deliberante desconfían sobre las verdaderas razones de la evidente tardanza, sobre todo con los referidos a los ingresos y egresos de las arcas municipales.

La reticencia de los ejecutivos a los pedidos de informe no es nueva, se repite con cada gestión, la elusión tiene variadas razones; se sospecha siempre de alguna maniobra política, que se sostiene en un pedido de información con datos sensibles, que podrán ser usados de modo inconviente.

A los fines prácticos y del cumplimiento de las normas, todo está claro en el inciso i) del artículo 22 de la Carta Orgánica Municipal, sobre atribuciones y deberes del Concejo Deliberante, que prescribe: “Solicitar informes al Departamento Ejecutivo e interpelar a sus secretarios”.

Con el mismo inciso i) pero en el artículo 35 de la Carta Orgánica Municipal, establece entre los Deberes y Atribuciones del Departamento Ejecutivo, la de "Suministrar por escrito al Concejo Deliberante, personalmente o por medio de sus secretarios, los datos e informes que le fueren solicitados".

Con apretar un botón en una página web del ámbito municipal, se debería saber todo, más aún en el Concejo Deliberante (http://www.cdsalta.gob.ar/ ). Desde que empezaron las sesiones ordinarias este año, el legislativo comunal aprobó y remitió al Ejecutivo 19 pedidos de informe para que la intendenta o el funcionario responsable respondan.

El más significativo por el contexto en el que se desenvuelve el gobierno comunal, es el requerimiento que se hizo para que la intendenta o su funcionario designado informen sobre el estado financiero de ingresos y egresos por todo concepto durante diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. 

Ese pedido, impulsado por los concejales Romina Arroyo y José Gauffin, se hizo durante la tercera sesión ordinaria de este año, el 11 de marzo. 

En ese punto, el Ejecutivo todavía no dijo ni mu. Por ello, en la última sesión ordinaria del 29 de abril, el Concejo aprobó por unanimidad un proyecto de resolución de la comisión de Labor Parlamentaria, es decir de todos los presidentes de bloque, en el que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la remisión de informes.

“Nosotros también somos un órgano de control del gasto público y tener conocimiento de las finanzas nos permite trabajar en proyectos superadores, que busquen dar respuesta a la ciudadanía”, dijo Arroyo al fundamentar la resolución.

Arroyo fue reelecta el año pasado y encabeza el bloque del gobernador Gustavo Sáenz. Presidió en 2019 la comisión de Hacienda, conserva casi línea directa con los responsables de la recaudación que acompañaron a Sáenz en su gestión en la intendencia y que aún permanecen en la Agencia de Recaudación Municipal.

La concejala estimó que el pago anual de tasas e impuestos municipales promovido a principios de año, significan entre el 40 y el 45% del ingreso total anual. Nadie contradijo su afirmación y de ello se interpreta entonces que el Ejecutivo tiene un buen colchón para sostener la evidente baja en la recaudación, afrontar los gastos corrientes y las mínimas prestaciones en asistencia social, algo de obra pública y acciones para estimular la actividad económica.

“Tener información es un derecho de los concejales que representamos a los vecinos, queremos que se haga un uso transparente de los recursos; no ponemos ello en duda, pero necesitamos respuesta a los informes, que tienen un plazo de 15 días para ser respondidos”, agregó Arroyo.

Gauffín por su parte aludió a la relevancia institucional que tienen los informes que se piden, "no podemos dejar de marcar que están en falta, tienen que contestar los pedidos de informe porque es la forma o la herramienta para tener una información formal, para poder llevar adelante nuestra tarea de legisladores”.

Dijo además que están "navegando a ciegas, las fechas nos van tapando, el tiempo nos va a pasando”. Hizo una especial valoración de una reunión que tuvo con funcionarios de Hacienda y otros concejales, en la que recibieron planillas con datos, pero insistió en la necesidad de los informes.

La intendenta Bettina Romero se apresta a promulgar la ordenanza que exime del pago de tasas al comercio en general y monotributistas que demuestren no haber trabajado durante la cuarentena. 

La eximición no se hace en lo montos facturados, porque no facturaron, sino sobre el mínimo, lo que implica, según la intendenta, $70 millones menos en 90 días para las arcas municipales. Esto obligará, dijo Romero, a restricciones como los de algunos extras que tiene el Concejo Deliberante y la imposibilidad de afrontar gastos de desinfección de espacios públicos que se estan haciendo como tarea adicional a través de Agrotécnica Fueguina.

Solo dos respuestas

Dese el inicio del período legislativo 2020 el Concejo Deliberante también pidió informes al Ejecutivo Municipal sobre pautas publicitarias, nómina de las cooperativas encargadas del desmalezado del ejido municipal, venta libre de la goma de mascar Being que contiene imanes, estado de la firma del convenio de prórroga con el gobierno provincial en relación al transporte impropio (taxis y remis) de la ciudad de Salta, nómina de los inmuebles pertenecientes al municipio, sobre el incentivo que percibió en el período 2019 y 2020.

También, acerca del banco Macro por el padrinazgo que ejerce sobre la plaza 9 de Julio, sobre las concesiones de la cartelería conocida como carapantallas y en paradores de colectivos, sobre la Panadería Social, acciones concretas que se están desarrollando por la emergencia originada por el brote de dengue, zika y chikungunya, montos de descuentos de tasas e impuesto que como incentivo tienen las personas físicas o jurídicas que integran el sistema de padrinazgo y acciones o programas para la erradicación de vehículos abandonados en la vía pública.

Como ya se dijo, debería bastar con solo apretar un botón en el área de Estadísticas Legislativas de la web del Concejo Deliberante, donde debería estar toda la documentación electrónica disponible para los concejales y el público. De existir tal posibilidad, se podría ver que el Ejecutivo respondió solo dos informes. 

Uno que llegó del Tribunal de Faltas y otro, con la firma del Procurador General de Coordinación Jurídica y Legal de la Municipalidad, que contesta el pedido de informes 049 de 2019.

Pedidos repetidos y hasta respondidos

En 2018 el Ejecutivo Municipal envió 178 respuestas a pedidos de informes y en 2019, 77 respuestas.

Cualquier concejal o ciudadano puede ver, por ejemplo, que hay respuesta a varios temas, y de la lectura de esos informes los concejales, a solo un click, podrían sacar importantes conclusiones antes de insistir con temas que quizás ya están respondidos o, en todo caso, obtendrán más elementos de juicio. Porque algunos temas son todavía de actualidad.

De 2018 hay respuesta a temas como la nómina actualizada de los espacios públicos apadrinados, la cantidad de licencias de taxis y remises transferidas a la provincia hasta la firma del convenio en 2009la Panadería Social (algo por lo que este año se pidió nuevamente información), la regularización de las concesiones de los puestos del Patio de las Empanadas, cantidad de escuelas de conducir habilitadas en la ciudad de Salta.

Ese año también hubo respuestas sobre la concesión a la empresa de servicio de alumbrado público, reglamentación del soterrado de cables, a vehículos afectados al servicio público impropio de transporte de remises, cantidad de foto multas realizadas en la ciudad de Salta, rampas de ascenso que se construyeron en 2016, 2017 y 2018, barrios y urbanizaciones que carecen de regularización dominial, relevamiento de locales y comercios gastronómicos instalados en el macrocentro de la ciudad, cantidad de agencias de remises habilitadas en la ciudad de Salta y nómina de permisionarios del régimen de estacionamiento medido y pago.

En 2019 se produjeron informes sobre cartelería en el ejido urbano, multas de tránsito de vehículos de empresas prestatarias del servicio público urbano de pasajeros y del servicio impropio, plazo fijo de la Municipalidad, tres respuestas por derrame de cloruro en Cerveza Salta, uso del vertedero San Javier, inventario general de bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, programa Separemos Juntos, Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM) de la empresa Agrotécnica Fueguina y cumplimiento del contrato por parte de esa empresa.

Sin acceso a la información

Ahora lamentablemente hay que decir que ese botón que tendría que existir en la web del Concejo Deliberante nunca se hizo y no se hará. Nada en la web institucional remite a un área de estadísticas legislativas, que permita a cualquier persona acceder a la documentación electrónica. 

La información que debiera ser pública descansa en archivos polvorientos, más o menos cuidados para ser generosos, sin que nadie se pueda enterar de su contenido completo.

Un despilfarro de energía y papeleo entre burócratas que se perciben dueños de la información y que coloca al Concejo Deliberante en el plano de un triste y enorme atraso conceptual y técnico.