La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), María Luján Sodero Calvet, informó que desde el 20 de marzo pasado, día en que empezó la cuarentena por la pandemia del coronavirus, el Departamento Técnico Científico de ese organismo realizó al menos 40 exámenes cadavéricos y de otra índole que no debía hacer, por tratarse de las denominadas “muertes blancas” o por causas naturales. Y dijo que se hizo esto porque los profesionales del departamento de Medicina y Química Legal de la Policía de la Provincia no están realizando estas actividades. 

Sodero Calvet sostuvo que advirtió “reticencia y ausencia de prestación de servicios del área de Medicina y Química legal de la Policía de la Provincia”, área que debía ocuparse de estos casos, dado que el CIF solo debe realizar autopsias médico- legales en casos de muerte violenta o dudosa de criminalidad. 

Sin embargo, la directora indicó que desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ante la reiterada respuesta de falta de médicos de la Policía, los fiscales recurrieron al CIF, aunque no se trataran de homicidios. Incluso habló de hechos en los que el Poder Judicial debió recurrir a ese organismo porque la Policía contestó que “no había médico disponible”.

Según el registro del CIF, en estos más de 40 hechos en los que intervino la Policía, que eran casos de muerte natural, no tuvieron participación de sus médicos porque “no quieren ver ni tocar los cuerpos y directamente, piden autopsias cuando no se trata de muertes violentas”, sostuvo Sodero Calvet. Añadió que esto provoca una consecuente sobrecarga de trabajo para el CIF, que debería destinar sus recursos estrictamente a la resolución de investigaciones originadas en crímenes.

Según el detalle brindado por el CIF, se realizaron desde el 20 de marzo último: 18 autopsias, 37 exámenes cadavéricos, cuatro juntas médicas y un examen de huesos, con varios profesionales afectados.

“No hay justificativo ni información fehaciente sobre la falta de médicos de la Policía”, sostuvo Sodero Calvet. Estimó que “tal vez pueda existir desconocimiento sobre protocolos de prevención de contagios de Covid-19 u otras razones”. E insistió en que la Policía está derivando autopsias evitables, cuando el principio que rige en el mundo, ante el marco de pandemia, “es reducir al mínimo la cantidad de autopsias realizadas”. 

Cuando alguien fallece en su casa, aunque fuera por causas naturales, se avisa a la Policía y ésta convoca a un médico legal para que certifique esa muerte. Operadores de la fuerza contaron a Salta/12 que ahora, en lugar de certificar que se trató de una muerte natural, los médicos indican que debe realizarse la autopsia. Como ejemplo de solicitudes de autopsias innecesarias, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que se requirió esta prueba en el caso de una mujer de 98 años con cáncer. 

Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal precisó que policías informaron que “les pidieron que dijeran que los especialistas estuvieron en los lugares de muertes informadas, aunque no concurrieron a donde fueron convocados”. Y señaló que las fiscalías intervinientes también recibieron otras respuestas: “los médicos no se encuentran” o “no hay disponibilidad”.

En estas circunstancias la directora del CIF pidió a los fiscales que a partir de ahora registren por escrito la respuesta policial ante cada requerimiento, con el fin de que la Policía "informe cuál fue el destino de sus profesionales en cada caso que debió resolver el CIF".

El MPF detalló todo el proceso de una autopsia, y destacó que "implica el destino de recursos del CIF, los cuales deberían estar afectados solamente al avance de investigaciones criminales, como las de los últimos homicidios registrados en Salta".

Diferencias

La queja de las autoridades del CIF puede leerse como otro episodio del enojo del procurador general, Abel Cornejo, con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro. Las diferencias comenzaron a poco de la asunción del ministro, que decidió reducir las consignas policiales a víctimas de violencia de género con el argumento de que era mejor recurrir a soportes tecnológicos como pulseras y botones antipánico.

La Procuración le respondió en febrero pasado, con una reunión del Consejo Asesor de Fiscales en la que se analizaron las problemáticas de las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género, que "se agravarían seriamente si se concretara la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Provincial reduzca la cantidad de efectivos policiales afectados a las custodias de víctimas de violencia". Los fiscales integrantes del Consejo, presidido por el procurador, destacaron el temor de una "real escalada de violencia agravada si se redujeran las custodias, tal como trascendió informalmente desde el Ministerio de Seguridad".

El Consejo Asesor recordó que el 24 de diciembre, a pesar de que se le había asignado una custodia fija, la joven Liliana Flores fue asesinada por su ex marido, el policía, Edgar Exequiel Almirón, quien ingresó a su casa por la parte de atrás y tras asesinarla de un disparo, se suicidó. El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt, imputó al custodio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Después de este comunicado, hubo un encuentro entre Pulleiro y Cornejo. Se difundió que el ministro explicó su propuesta de disminución de custodios personales para usar la tecnología, basado en el Sistema de Emergencias. 

Sin embargo, en el Ministerio Público Fiscal hay quejas sobre el funcionamiento del 911, por entender que su eficiencia se resintió en el último tiempo. Como para confirmar esta presunción, el 28 de abril la docente Rosa Sulca no fue asistida convenientemente, a pesar de que pidió ayuda en el momento del ataque que terminó con su vida. 

Por esta no actuación hay dos policías acusados por incumplimiento de sus deberes y abandono de persona seguida de muerte. El Ministerio de Seguridad, que debió cambiar a la conducción de la Comisaría 4º para calmar el enojo de los vecinos de la víctima, ya dijo que el sistema de emergencias funcionó bien.