Los Sindicatos de Trabajadores Rurales de la Corriente Federal reclaman que los trabajadores golondrina puedan cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, es decir el bono de 10 mil pesos dispuesto para los trabajadores informales o monotributistas que quedaron sin ingresos por la cuarentena. “Miles de trabajadores rurales hoy están sin ingresos porque terminaron las cosechas o porque la cuarentena achicó la actividad económica. Son trabajadores que no pueden incorporarse a ningún programa de la seguridad social porque la mayoría figura como registrado: por usos y costumbres, el patrón no los da de baja cuando termina la cosecha, ni el Estado tiene un mecanismo para que esto suceda automáticamente. Están pasando situaciones muy duras, pero no fueron incluidos entre quienes pueden pedir el IFE”, señaló Ernesto Ojeda, titular de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria.

El dirigente integra un sector de gremios agrarios opuesto a la conducción de la Uatre, el sindicato tradicional del sector fundado por Gerónimo Venegas, que históricamente se ha movido en sintonía con las patronales del campo. Integran este polo de sindicatos opositores la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (Atres), el Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, el Sindicato de Trabajadores Agrarios de San Juan y el de Tucumán, la Asociación de Trabajadores de Santiago del Estero -que agrupa a los golondrinas- y el Sindicato de Quinteros de Santa Fe.

Estos gremios rurales, que se agrupan en la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (Fetap), vienen reclamando al gobierno nacional medidas de apoyo desde el inicio de la cuarentena. Señalan que los más afectados son los cosecheros o trabajadores golondrina. “Nuestra actividad es primaria porque abarca las tareas que van hasta la preindustria, y es cíclica, porque el tiempo de siembra, siega, cosecha y clasificación de productos como la uva, el tabaco, la yerba, el algodón, el azúcar, está sujeta a ciclos. Pedimos que nos permitan inscribirnos en el IFE porque el Poder Ejecutivo, cuando identificó a los sectores vulnerables de bajos ingresos o transitoriamente sin trabajo, no incluyó a los trabajadores rurales temporarios. En estos meses no tuvimos ingresos en las provincias donde se terminó la cosecha y por las dificultades de circulación que impone la pandemia, que ha reducido las fuentes de trabajo”, señaló el referente.

En el país hay 50 mil trabajadores temporarios rurales, según los datos de la federación. El conjunto había logrado, durante el gobierno de Cristina Kirchner, un subsidio intercosecha para atravesar los meses sin actividad. Sin embargo, con la asunción de la gestión macrista, esa política de ingresos fue desarticulada: el intercosecha se pagó sólo a algunos sectores y quedó congelado en el valor al que había llegado en 2015, de 2300 pesos.

Los reclamos de la Fetap tuvieron una primera respuesta del gobierno nacional hace diez días, cuando el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en una reunión por videoconferencia con legisladores de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, anunció que el Estado nacional resolvió “actualizar el monto del subsidio intercosecha”. Si bien no detalló el valor del aumento, de manera informal trascendió que sería llevado a 4600 pesos a partir del mes de mayo.

Los gremios valoraron la medida como positiva, aunque señalan que no alcanza para descomprimir la difícil situación económica de los trabajadores temporarios, que deberán esperar a principios de junio para cobrar un aumento que, si bien es importante en términos porcentuales, no lo es en poder adquisitivo.

“Son trabajadores que reúnen todas las condiciones para ser beneficiarios del bono de 10 mil que el Gobierno otorgó a los que quedaron sin ingresos por la pandemia, pero no pueden acceder a él porque no encuadran”, definió Ojeda.

El dirigente atribuyó el problema a que la Uatre, el gremio de los peones rurales, “no informa al gobierno nacional sobre la realidad de los trabajadores del campo”. “Como el gobierno nacional depende de la información de Uatre, estamos ausentes siempre. Esa es la tarea, su acuerdo con las grandes patronales. La Uatre no reclama ni informa. Ahora, que ya va a salir el aumento del intercosecha, recién informa a sus regionales que publique el anuncio, incluso se lo atribuye como de su gestión, cuando nunca reclamó, ni ahora ni durante el macrismo, gobierno del que fue parte. El subsidio interscosecha estaba congelado en 2015 y nunca reclamaron, sólo salimos a la calle nosotros. El mecanismo que usó Cambiemos para vaciarlo fue pasarlo de la órbita del Ministerio de Trabajo y ponerlo a cargo del minsitro de Agricultura (Luis) Etchvehere, que era al mismo tiempo presidente de la Sociedad Rural. Entonces, lo descuartizaron. Uatre no pidió nunca cuando gobernó Cambiemos porque estaba con Macri, ni pide ahora porque ese es el compromiso histórico que tiene con la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace”.

Ojeda pidió que el Estado incorpore un mecanismo para que, terminada una cosecha, el trabajador temporario sea dado de baja en el sistema cuando su empleador no lo hace. “Nuestra actividad es cíclica y además va rotando por región: de agosto a diciembre tenés cosecha de sandía, de diciembre a abril tenés otro tipo de frutas, la yerba tiene su calendario, el tabaco también. Esa diversidad productiva hace a un calendario productivo que hay que sistematizar. El Estado no lo sistematiza, Uatre no informa y entonces nadie entiende nada. Al no entender el funcionario, por más que te quiera ayudar no le resulta fácil”.

Durante el último gobierno kirchnerista fue creado un nuevo régimen de trabajo agrario que reconoció derechos a los trabajadores temporarios del campo. Sin embargo, muchos de los avances logrados con la implementación de esa ley se perdieron a partir de 2015. El macrismo junto con la Uatre desarmó, por ejemplo, el Renatea, el registro que fiscalizaba el empleo en el sector rural. Con su disolución, el trabajo rural volvió a quedar no sólo desregulado, sino fuera de la mirada del Estado nacional.