Hecho 1. En noviembre del año 2014, la entonces diputada Margarita Stolbizer formuló una denuncia en contra de la familia Kirchner, la cual quedó radicada, “por sorteo”, ante el Juzgado a cargo de Claudio Bonadio. Concretamente, se calificaba en esa presentación como un grave hecho de corrupción, que la sociedad Hotesur S.A., dueña del hotel Alto Calafate, no había presentado en tiempo oportuno sus balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y se cuestionaba que este organismo, ante tal omisión, no había efectuado ningún tipo de requerimiento o impuesto sanción alguna.

Hecho 2. En marzo de 2016, por denuncia de Stolbizer, la cual también “por sorteo” quedó radicada en el Juzgado de Bonadio se formó una causa melliza a la de “Hotesur”. En el marco de este “nuevo” proceso, el nombrado magistrado, de manera totalmente infrecuente para el caso de expedientes penales, dispuso la intervención y el desplazamiento de las autoridades naturales de la sociedad Los Sauces S.A., cuyos accionistas son Máximo y Florencia Kirchner.

Ahora bien, desde su designación hace ya más de tres años, los interventores judiciales ni confeccionaron ni presentaron ante la IGJ ni ante ningún otro organismo de control los balances de la referida sociedad. Este episodio, idéntico al que sirviera para dar inicio a la causa “Hotesur”, ya mencionada, fue silenciado por Stolbizer y su letrada --quienes se autoasignaron el supuesto rol de “amigas del tribunal”-- y tampoco fue denunciado por la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, ni por la Unidad de Información Financiera, bajo la conducción de Mariano Federici --ex asesor del Fondo Monetario Internacional--, quienes actuaron en la causa “Los Sauces” como partes querellantes. Este hecho tampoco fue denunciado por la AFIP durante la gestión a cargo de Alberto Abad y Leandro Cuccioli; ello, pese a que los interventores de la sociedad, además de no presentar balances, omitieron pagar todos los tributos correspondientes a la persona jurídica.

Por cierto, ésta no fue la única irregularidad cometida por tales interventores cuya denuncia fue omitida por la denunciante, los querellantes y los organismos de control: concretamente, en la actualidad los bienes de Los Sauces S.A. se encuentran en un estado de absoluto abandono, no se cobran los alquileres ni se pagan los servicios indispensables. Vale decir que los fines proclamados para justificar la intervención de la sociedad familiar (preservar sus activos para cubrir eventuales indemnizaciones) resultó un hecho absolutamente falso, ya que lo que en realidad se buscaba no era más que ocasionar la mayor cantidad de daños posibles a la familia de la ex Presidenta de la Nación.

La única parte que advirtió todas estas irregularidades fue la defensa de la familia Kirchner a través de múltiples presentaciones, las cuales, como muchos otros planteos, se encuentran sin resolver a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace ya varios meses.

En definitiva, una vez más salta a la vista la doble vara con que lamentablemente se analizan en el ámbito judicial hechos que resultan idénticos y de los cuales luego se derivan --o se hacen derivar-- consecuencias políticas: cuando convenía, la omisión de confeccionar y presentar balances fue juzgada y mostrada ante la opinión pública como un hecho gravísimo de corrupción; luego, la misma conducta, cuando es ejecutada por interventores designados por la misma “justicia”, pasa a ser un hecho intrascendente, del cual ni siquiera se ocupan los propios otrora acusadores.

* Abogado de Cristina Kirchner.