Tras la revelación de una jueza de la Cámara de Casación sobre presiones del macrismo en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, Cristina Kirchner amplió una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ana María Figueroa, en una entrevista con AM 750 , sugirió que el ex viceministro de Justicia Juan Bautista Mahiques era uno de los responsables de las maniobras para que votara a favor de la reapertura del expediente iniciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman, expediente que antes había sido cerrado por inexistencia de delito. Además, a partir de las explosivas declaraciones públicas de la magistrada, desde el Consejo de la Magistratura hablaron de una “ola de denuncias” contra los jueces como parte de los aprietes.

Los abogados defensores de la vicepresidenta de la Nación, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, presentaron una ampliación de prueba ante la CIDH, en el marco de una demanda que iniciaron en febrero de 2018, por la “discriminación política y persecución” contra CFK y el ex canciller Héctor Timerman, ya fallecido.

Según recuerda el escrito elevado este lunes ante la Comisión, en la Argentina “tuvo lugar un proceso judicial absolutamente viciado e irregular” en el que la ex presidenta y su ex ministro de Relaciones Exteriores fueron víctimas de parcialidad manifiesta, de la duplicación de causas judiciales y el desplazamiento de jueces y el reemplazo por otros “de conveniencia a la persecución política que se iría a desplegar”.

Hubo, explican los abogados, una “ingeniería institucional manipulada, con la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal”, por lo que “las declaraciones de una jueza que integró aquella Cámara” ahora motivaron la ampliación de la denuncia. El texto recuerda que Ana María Figueroa en aquel entonces “fue muy crítica del accionar irregular de sus colegas, y que ahora refirió las presiones que sufrió por parte del gobierno macrista para fallar en este asunto”.

Figueroa reveló haber sufrido “muchísimas presiones por parte de Cambiemos”. Según detalló, "en el gobierno anterior un funcionario que estaba por debajo del ex ministro de Justicia Germán Garavano entró a mi despacho para presionarme por la causa sobre el Memorándum con Irán", en aparente alusión al actual procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahíques. En su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner planteño que expresado por la jueza es “una gravísima e inédita denuncia” y señaló al ex funcionario que “aprieta jueces para obtener fallos a la carta”.

Ingeniería para perseguir

La denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman antes de morir planteaba que el Memorándum de Entendimiento con Irán había sido una maniobra para encubrir a los responsables del atentado a la AMIA, por lo que acusaba a CFK y otros funcionarios y dirigentes de entonces. El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia por inexistencia de delito: el pacto nunca había entrado en vigencia y las alertas rojas que pesaban sobre los iraníes acusados nunca fueron levantadas por parte de Interpol.

Según denunció Cristina Kirchner en todas las instancias judiciales argentinas y luego ante la CIDH, tras el cierre de ese expediente el gobierno de Mauricio Macri encabezó maniobras para abrir una causa gemela con jueces afines. Así fue que a partir de una escucha telefónica ilegal que involucraba a Timerman, se abrió la “nueva” investigación en el juzgado de Claudio Bonadio. Con la DAIA como querellante, pasó a intervenir otra sala de la Cámara Federal y, por consiguiente, una sala diferente de la Casación. Mientras que en la denuncia original intervenían los camaristas de la Sala I, Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah y la sala II de Casación; con la duplicación del expediente pasó a intervenir la Sala II de la Cámara Federal, a cargo de Martín Irurzun y Eduardo Farah y la sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa. Todos los magistrados fueron ratificando lo actuado por Bonadio, salvo Figueroa, quien votó siempre manifestando disidencias. Es ella quien ahora denuncia las presiones.

Para la defensa de Kirchner y Timerman, las maniobras de persecución y fórum shopping llevaron a la muerte del ex canciller, a quien Bonadio mantuvo en prisión preventiva hasta el último día de su vida y le impidió viajar a EE.UU. para continuar con su tratamiento oncológico.

La nueva presentación le sugiere a la CIDH que cite a la jueza Figueroa para que aporte más detalles; que analice la existencia de un proceso de “lawfare” en toda la región y que analice la posibilidad de enviar nuevamente un observador internacional a la Argentina.

En tanto, el senador Oscar Parrilli -quien también estuvo imputado en el expediente- pedirá la nulidad del fallo que reabrió la causa por el memorándum, porque “fue viciada la voluntad de los jueces". Y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se refirió al rol de Juan Bautista Mahiques como representante del Poder Ejecutivo en ese organismo: lo recordó como "un buen operador" para la gestión de Cambiemos, en la que, dijo, no se vivieron "momentos fáciles para algunos jueces, que veían cómo las denuncias (ante el Consejo) aparecían una tras otra".