La agrupación Participación y Construcción Colectiva (PCC) de la Facultad de Humanidades, integrada por docentes y estudiantes, se sumó a las expresiones de preocupación por lo que consideran una criminalización de parte del gobierno provincial de las personas contagiadas de coronavirus o sospechadas de haberse contagiado le enfermedad. 

“Vemos con preocupación el modo en que autoridades provinciales, con el pretexto de la comunicación y prevención, criminalizan a aquellxs ciudadanxs que son víctimas del Covid-19 generando a través de sus discursos una política de discriminación y culpabilización que no puede ser avalada desde ningún punto de vista", señaló la organización en un comunicado. 

La PCC se refirió específicamente al discurso dado por el gobernador Gustavo Saénz el pasado 26 de abril, cuando “se refirió al cuarto paciente confirmado de contagio en Salta y a otra persona en observación como ‘dos delincuentes’, inescrupulosos, irresponsables e imprudentes, que pretendían ‘llegar a su casa a cualquier precio’, dando un conjunto de detalles de su actividad como ‘trabajadores golondrinas’, lugar de residencia y circunstancias de su aprehensión”.

“Me parece que no se puede gobernar desde la pura lógica del control social y de la sanción, que es la que a veces parece quedarle más cómodo al gobernador", añadió la socióloga y antropóloga Mariana Godoy, que es investigadora del Conicet e integra la agrupación PCC. Godoy explicó que en el comunicado buscaron "transmitir algunas cuestiones que como docentes, como investigadores, nos parece importantes de marcar en lo que es la lógica de construcción de gobierno provincial en este contexto de la pandemia".

Efectivamente, la agrupación señaló que ante un contagio en personas que cada año recorren zonas productoras para trabajar en la cosecha "la política pública debiera, en vez de imputar un comportamiento delictivo producto de una decisión temeraria individual, preguntarse cuáles son las particulares circunstancias que han obligado a personas en absoluta precariedad en sus condiciones de trabajo, a un trayecto hacia sus hogares en idénticas condiciones de exposición y abandono". Y más: "En todos los casos, la presunta transgresión a normas legales y gubernamentales que pretenden evitar la propagación del virus debe ser analizada y tratada en su particular complejidad". 

En ese mismo sentido, advirtió que "la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país exige prudencia y responsabilidad, ya advirtió el Inadi acerca del peligro de que en este contexto se incurra en la fijación de estereotipos estigmatizantes y deshumanizantes hacia colectivos y personas históricamente discriminadas”.

Para Godoy, "sería interesante pensar en un enfoque preventivo y también donde un gobierno construya las condiciones que hagan posible el cumplimiento de las normas", que genere las condiciones de cumplimiento de esas normas que suponen el cuidado de la salud de todos.

“Creo que yo que ese discurso de Sáenz que fue el 26 de abril, tiene esta forma como del patrón enojado con sus gobernados y siempre como saliendo a hablar cuando se produce la transgresión a la norma, cuando se produce un hecho negativo", señaló Godoy. Añadió que de esta manera el gobernador asumió "un rol muy patriarcal, el del reto, el de las sanciones, el de ponerse en el puro lugar de la sanción".

Advirtió que "es insuficiente, o a veces contraproducente, gobernar desde la lógica de la sanción en control social solamente".

No confundir enfermo con criminal 

Mariana Godoy enfatizó que "no se puede confundir a la persona del enfermo con la del criminal en este contexto, además, de alta probabilidad del contagio de la enfermedad".

Señaló en este sentido que "incluso las sociedades modernas, las sociedades industrializadas, han ido diferenciando claramente el estatus del delincuente criminal del enfermo, porque antes se suponía que el criminal era como una persona que voluntariamente cometía un acto de amenaza de la normalidad y lo que hay que señalar es que la enfermedad o el contagio no es producto de una decisión voluntaria, y entonces en ese sentido (no se puede) imputar a la persona individual el contagio, la predisposición a adquirir una enfermedad, además produciendo mecanismos de linchamiento de sanción pública, sobre grupos altamente vulnerables en términos socioeconómicos".

Para la investigadora, confundir el estatus del enfermo con el del criminal, y "señalarlo de manera pública desde un lugar de poder y de responsabilidad pública, sobre todo cuando esas personas forman parte de grupos altamente vulnerables en términos sociales, va a generar siempre procesos muy graves de estigmatización y de revictimización y de discriminación que ya lo viene señalando el Inadi, como organismo estatal que está tratando de reencauzar esto, esta manera de conducirse de los funcionarios públicos y también de los medios de comunicación".

En lugar de señalar a los contagiados, Godoy consideró que como funcionarios públicos "puede ser interesante" indagar "en las cadenas de responsabilidades para que un hecho de exposición al contagio se produzca". Y adelantó que esa cadena de responsabilidades "incluye a distintas personas, distintos actores, están estas personas, los trabajadores migrantes, están los choferes del colectivo, la empresa de transporte".

"Pero hay que indagar en todo caso también en las empresas agrícolas que contratan la mano de obra de estos trabajadores migrantes, que en estos casos los deben haber expuesto a un regreso autogestionado a sus casas, después de quizás dejarlos sin trabajo", señaló la socióloga. 

Los dos trabajadores migrantes que viajaron sin autorización, el dueño de la transportista en la que viajaron y los dos choferes del colectivo fueron acusados formalmente por la Justicia Federal por el delito de propagación de una enfermedad peligrosa y están con prisión preventiva. 

Sobre los choferes y la empresa, Godoy hizo una salvedad: "ni siquiera estos dos actores son los que tienen más capacidad de revertir este tipo de situaciones, o sea, quizás se cae sobre la parte más fina de esa cadena de responsabilidades, porque no son grandes empresas, habría que indagar si son grandes empresas de colectivos o si son también personas que están medio desesperadas. Son esos actores que están también como en situación muy complicada en lo económico, que salen desesperadamente a encontrar una solución a la deriva que supone también el contexto del virus", sostuvo. 

Invitó a complejizar "esa cadena y estructura de responsabilidades evitando la imputación individual, más sobre personas vulnerables". Reforzando esta posición agregó que la estigmatización o la discriminación no solucionan el problema de atacar la supuesta irresponsabilidad. "Más bien lo que puede(n) producir es, primero, como un cierto desliz riesgoso hacia el autoritarismo y a la violación de derechos humanos, eso lo pensábamos cuando no se dejaba entrar a los últimos colectivos que venían con trabajadores que habían estado sin comer, y genera más sufrimiento social y se rompen las cadenas de solidaridad también". Se "alimenta ese sistema de odio, de interrupción de la solidaridad".

Godoy dijo que desde las ciencias sociales pueden hacer este aporte, sobre "las lógicas de gobierno, de gestión pública, atentos a las condiciones de posibilidad de cumplimiento de las normas de respeto de los derechos humanos, de respeto de la protección de los más vulnerables, de mucho cuidado frente a los mecanismos de odio social".