Los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero acusaron al comisario mayor Fabián Tolaba por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en la causa que investiga el accionar policial en relación al homicidio de la docente Rosa Del Milagro Sulca, cometido el pasado 28 de abril en la zona sureste de la ciudad de Salta. 

Ayer, en la audiencia formal de imputación, el oficial se abstuvo de declarar. El Ministerio Público Fiscal informó que deberá presentar un escrito dentro de las próximas 48 horas. Tolaba es el director del Centro de Coordinación Operativa, que tiene su base operativa en el mismo edificio del Sistema de Emergencias 911 y nuclea las actividades de todas las áreas de la Policía de la provincia. 

Los fiscales le reprochan no haber prestado "la colaboración necesaria ante un caso de extrema gravedad" porque en su momento no entregó al fiscal penal Gustavo Torres Rubelt el audio del llamado de auxilio realizado por la víctima. Este fiscal está a cargo de la investigación del crimen de Rosa Sulco, quien llamó al 911 a las 2.37 de la madrugada del 28 de abril diciendo que la estaban matando y pidiendo ayuda. Catorce minutos después, dos policías de la Comisaría más cercana, la 4º, que tiene sede en Villa Mitre, a dos cuadras de la casa de la víctima, llegaron a esta vivienda pero como la mujer no respondía, se fueron, sin verificar que estuviera bien. 

A raíz de esta actuación la Procuración General creó una Unidad Especial integrada por los fiscales Simesen de Bielke y Rivero, para investigar a la Policía en relación a este hecho. Por pedido de estos fiscales, la semana pasada fueron detenidos los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, también acusados por incumplimiento de sus deberes y abandono de persona seguido de muerte. Rivero y Simesen de Bielke pidieron además la detención de Tolaba, pero la jueza de Garantías Ada Zunino rechazó esta posibilidad. 

Para los fiscales, el funcionario policial "incumplió con los deberes de llevar adelante los actos urgentes y necesarios para asegurar los elementos de prueba que ayuden al esclarecimiento del hecho y la individualización o aprehensión de sus autores. Más aún, cuando en su carácter de director, era la una persona autorizada para proporcionar el audio respectivo, información esencial que se encontraba disponible".

La acusación contra el jefe policial parece ser una escalada más en los entredichos entre el Ministerio Público Fiscal y el área de Seguridad del gobierno provincial, y la Policía de Salta. De hecho, si bien el comisario mayor acusado no declaró, la fuerza dejó trascender datos que cuestionan la actuación del fiscal Torres Rubelt. Según publicó el portal digital Informate Salta, el fiscal se molestó con Tolaba porque éste se negó a entregarle la grabación de la llamada sin seguir el protocolo previsto para estos casos. 

Volviendo a la acusación, el MPF informó ayer que Simesen de Bielke y Rivero entendieron que los policías imputados "al ejercer una función pública y al estar a su cargo la obligación de salvaguarda de la vida de las personas que alertan situaciones de peligro, incumplieron con sus obligaciones" al no insistir para verificar si la persona que había pedido ayuda se encontraba bien.

Sobre los dos policías que fueron a la casa de la maestra, los fiscales aseguraron que al retirarse sin más "ambos omitieron cumplir en forma deliberada la función que les fuera asignada, con la consecuencia de la muerte evitable de Rosa del Milagro Sulca".

Más imputados 

Por otro lado, ayer también, en otra causa vinculada al homicidio de Sulca, la fiscala penal María Eugenia Guzmán imputó a Claudia Flores Muñoz el delito de amenazas, violación de domicilio y daños. De paso, también la imputó por violación de las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia por el Covid-19. 

Flores Muñoz es la madre de la adolescente de 17 años que está detenida, acusada por el homicidio de Sulca junto a un joven de 19 años, también detenido. 

También fue imputado formalmente la pareja de Flores Muñoz, Ignacio Ramón Heredia, en su caso, por amenazas y violación de la cuarentena. Los dos están detenidos. 

Según informó el MPF, entre la noche del jueves 30 de abril y el viernes 1 de mayo, Flores Muñoz, quien reside en Villa Mitre, a cuatro o cinco cuadras de la casa de la docente asesinada, amenazó a siete vecinos "por creerlos vinculados a una manifestación que se realizó frente a su casa", además, violó dos domicilios y causó daños materiales" y, para ello "incumplió con el aislamiento preventivo, social y obligatorio".

En uno de estos hechos, estuvo acompañada por Heredia, que, según consta en la denuncia, amenazó de muerte, reiteradamente, a la joven Micaela Serrudo, ex alumna de Sulca que viene reclamando públicamente que se haga justicia por su maestra. 

La fiscala solicitó que la pareja continúe en prisión preventiva considerando que podrían entorpecer la investigación o podrían fugarse posible fuga. También tuvo en cuenta que ambos tienen una condena anterior.