Un juicio oral que iba a empezar el lunes próximo contra tres wichis acusados de impedir que un empresario delimite con postes y alambrados tierras que ellos consideran propiedad de su ancestros fue suspendido por el Tribunal de Orán, en Salta, por la falta de intérprete, motivo por el cual se reclamó la nulidad de todo el proceso.

El vocal de la Sala I del Tribunal, Aldo Primucci, ordenó la suspensión del juicio al no poder garantizarse el derecho a defensa, ya que no estaba previsto un intérprete en la audiencia, con lo que los tres acusados no iban a poder entender de qué se los acusaba. Y el abogado defensor de dos de los acusados, Matías Duarte, dijo que se presentó un pedido de nulidad de todo lo actuado, ya que esa misma dificultad se observó durante todo el proceso y los originarios nunca pudieron entender de qué se los acusaba

“Se suspendió la audiencia por el planteo de nulidad que presentamos en el caso”, dijo Duarte, que ejerce la defensa de dos de los tres imputados, líderes de comunidades wichi en el norte salteño. Se trata de Martín Acosta, Dalmacio Acosta y Demetrio Campos. Duarte consideró que “no se garantizó la asistencia técnica de un defensor ni se nombró intérprete de la lengua wichí en el proceso para traducir la acusación penal y permitirles a los acusados comprender los términos de los hechos y poder ejercer su defensa”.

El hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2014,cuando el denunciante, se encontraba colocando postes y cercando las tierras en la finca Chañaral, de la localidad salteña de Rivadavia Banda Sur.

“Ahora queda esperar que se resuelva la nulidad planteada sobre el requerimiento de juicio. Luego que se designe intérprete en la lengua wichi y que ellos puedan ejercer su derecho a defensa, negar los hechos y ofrecer prueba para, finalmente, solicitar su sobreseimiento”, detalló Duarte.

Amnistía Internacional pidió una acción urgente, por entender que los acusados no tuvieron posibilidad de defenderse en ninguna instancia previa al juicio. Se les pidió al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; al procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals; a la fiscal interviniente, Mónica Viazzi; y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, que se adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho a defensa y el acceso a la justicia.

Según la organización, los acusados se oponían a que un grupo de individuos usurpen y alambren parte de El Palmar, zona en que se encuentra dentro del territorio tradicional wichi e incluido en el relevamiento realizado en el marco de la ley 26160. “A través de su Constitución Nacional y de tratados internacionales, Argentina ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de ello, en la práctica, existe una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real, a punto tal que el supuesto acceso a la justicia es inaccesible”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.