La justicia investiga la autoproclamada "revolución del barbijo" a pedido de la Asociación de Víctimas de Trolls, que con la firma de Guendalina Palazzini hizo la denuncia en la Fiscalía Especializada de covid-19 para que determine si "incita a incumplir las leyes" la convocatoria que reza: "Volvemos a las calles", lanzada desde las redes sociales, para manifestarse mañana a la tarde de manera presencial, "en todas las esquinas del país". La propuesta desoye el decreto nacional que ordena el aislamiento social preventivo y obligatorio. Para el fiscal Gustavo Ponce Asahad, que ordenó medidas para determinar la procedencia de la convocatoria, se trata de un "llamado cuanto menos irresponsable", ante la eventual comisión de un delito de incumplimiento al distanciamiento social, lo que pondría en riesgo la salud de la población. 

"Me llega el flyer por redes sociales y el domingo a la noche pensé, como ciudadana, que esta convocatoria no se puede hacer en el marco de una pandemia, incitando a incumplir las leyes. Lo que me pareció prudente es informarlo a la Fiscalía, más aún cuando la Justicia puso un espacio para este tipo de situaciones. La idea es que se pueda investigar el origen y el por qué de esta convocatoria. Nadie está en contra de que cada uno manifieste lo que piensa, pero lo que no podemos hacer es ir por fuera de la ley para organizar este tipo de cuestiones. Hay que tener en cuenta que hay un DNU de aislamiento social obligatorio; y con el criterio que usan las personas que convocan a esto, cualquiera podría incumplirlo. No podemos permitir que se convoque a romper y violar la ley deliberadamente", planteó Palazzini. Sin sujeto claro de enunciación, la convocatoria plantea "basta de dejarle el control absoluto al gobierno", en el marco de la cuarentena que rige desde el 20 de marzo y se extenderá -hasta ahora- al 10 de mayo. Se difundió desde diferentes cuentas y perfiles.

En ese sentido, Palazzini planteó que "el bien superior que hay que cuidar es la salud y la vida, porque si en estas circunstancias se produce una transmisión del virus, ¿quién se hará cargo?", cuestionó. "Hay diversas formas de convocatorias: hablan de reunirse en una esquina, de respetar distancia y ponerse barbijos, como si la cuestión técnica de cómo debemos salir a la calle nos amparara ante la ley. Hay cierto nivel de organización, pero es la justicia la que tiene que investigar", dijo la presidenta de la asociación creada en 2018 para tratar la problemática de las acciones anónimas -o desde cuentas falsas- en las redes sociales, y brindar asesoramiento. "Hoy en día, el ciberdelito es más habitual de lo que parece y provoca muchos daños", aseguró; y saludó el modo en el que se trabaja en la provincia sobre la temática.

"El bien superior que hay que cuidar es la salud y la vida, porque si en estas circunstancias se produce una transmisión del virus, ¿quién se hará cargo?" Palazzini

Para Palazzini, el mensaje que se difunde es "cuanto menos preocupante. Yo no estoy en contra del debate político, ni invalido que una persona pueda pensar diferente, pero para decir que estás en contra del gobierno hay que hacer un análisis más profundo y decir con qué y por qué estas en contra. La utilización de las palabras y los conceptos no debería ser tan liviana", insistió. Por eso, la presentación judicial fue hecha "para que se investigue con qué objetivo se convoca, porque para manifestarse lo podés hacer desde el balcón o de otras formas que no sean ilegales", señaló. "Buscar conflictividad social en un momento en el que lo más necesario es la paz social y el bien común, me parece cuanto menos peligroso, y la Justicia debe estar enterada", dijo.

Por su parte, el fiscal Ponce Asahad indicó que la presentación ingresó el lunes a la Fiscalía. "Esta asociación me pone en conocimiento de lo que está circulando en las redes sociales y en tal sentido solicita que se investigue la probable comisión de delito", indicó. Desde la Unidad se hicieron consultas a las fuerzas de seguridad, debido a que "está en vigencia el aislamiento social". "Nadie desconoce el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades", dijo el fiscal; sin embargo, consideró que no se puede instar a quebrantar la normativa vigente. "Puede llegar a originar una verdadera afectación a la salud de todos. Es un llamado irresponsable, que podría hacerse por otros medios y no llamando a salir a las calles", dijo. En ese sentido, apuntó a la "prudencia" e hizo un llamado a la "responsabilidad ciudadana", ya que violar el aislamiento constituye un delito. En el marco de la investigación iniciada, la Unidad Especializada trabaja con la colaboración del área de cibercrimen, que investiga "la procedencia de las convocatorias".