Los atropellos a los derechos humanos que el macrismo viene protagonizando, en concreto la criminalización de la protesta social en Jujuy y los retrocesos en la política migratoria, serán objeto de sendas audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado argentino será acusado por los referentes de las comunidades afectadas. Será el próximo lunes, cuando los líderes gremiales y sociales jujeños que viajarán a Washington expondrán sobre las medidas estatales que vulneran el derecho a la protesta en Jujuy y también otro grupo de dirigentes hablarán sobre los cambios normativos que afectan los derechos de las personas migrantes.

 Según expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), una de las organizaciones que impulsa la acción ante el organismo internacional, en definitiva “las respuestas estatales que buscan silenciar el disenso” en Jujuy son “la represión y la criminalización, la persecución judicial de organizaciones y referentes a través de causas penales y contravencionales, detenciones arbitrarias, multas, la clausura de locales y otras disposiciones punitivas”. Estas acciones del estado provincial, que se intensificaron en el último año, incumplen con los estándares del sistema interamericano de protección y vulneran derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Sin embargo, el Estado federal no ha tomado ninguna medida para remediar esta grave situación ni prevenir futuras violaciones”, indicó el Cels.

La audiencia fue solicitada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (SOEA de La Esperanza), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el CELS.

“La situación en Jujuy se volvió peligrosa e injusta, por la actitud del estado provincial, a los trabajadores azucareros y a los estatales, a las organizaciones sociales que daban empleo les prohiben la protesta, hay gente presa, suspensiones de personerías y la enajenación de las escuelas de las organizaciones sociales”, dijo antes de partir Fernando Acosta, secretario de interior de la CTA. “La multa que nos pusieron de más de dos millones de pesos la estamos apelando, pero también nos dieron multas contravencionales por la quema de gomas porque ahí nosotros montamos ollas populares, y el Estado no hace nada cuando la empresa Ledesma quema aceite y caña, sólo actúa ante los pedidos de la patronal”, describió Rafael Vargas, secretario general del SOEAIL. “El objetivo es disciplinar a los trabajadores y asustar a la gente para que no se sume a las protestas y vamos a denunciar que Ledesma en Libertador General San Martín tiene la misma animosidad y parcialidad que tuvo durante la dictadura”, agregó.

A la vez, la CIDH convocó una audiencia de oficio sobre los cambios normativos en materia migratoria en la Argentina. También habrá una audiencia para analizar las nuevas medidas del gobierno estadounidense que vulneran los derechos de los migrantes.

“Las autoridades migrantes de este país no supieron explicarnos por qué nos aplicaron un decreto de necesidad y urgencia, han desatado una psicosis migratoria y una campaña de terror, ahora en la calle nos escuchan hablar y nos asocian con la delincuencia y el narcotráfico, en cualquier ventanilla pública padecemos esto”, afirmó Jorge Muñoz Villagran, de la Pastoral de Migraciones de Neuquén. “En los cruces de frontera los funcionarios de Migraciones y la Gendarmería tienen una dureza que es violencia institucional”, apuntó Luis Romero Wamani, de la Red Nacional de Líderes Migrantes de Argentina.

La Ley de Migraciones argentina, aprobada por unanimidad en 2003, fue modificada por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que asocia la migración con el delito y amplía las facultades para detener y expulsar a las personas migrantes. Mientras que la ley garantizaba el derecho a migrar y priorizaba la regularización de las personas, el DNU 70/2017 facilita su deportación, lo que impacta en los proyectos de vida de los migrantes y sus familias y reduce su capacidad para defenderse.