La Cámara de Casación Penal recomendó a tribunales orales a concluir juicios de lesa humanidad por vía remota o a través de acciones que no impliquen reuniones multitudinarias. La decisión, firmada por la presidenta de la Cámara, Ángela Ledesma, descansa en “el tiempo transcurrido desde los hechos materia de juzgamiento” y responde a los pedidos que, en ese sentido, recibió la titular de la alzada de parte de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de algunos organismos de derechos humanos y abogades que trabajan en esas causas.

Hace poco más de una semana, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal presentó ante la Casación un plan de acción para retomar las 22 causas que, al momento de decretarse la cuarentena por la covid-19, cursaban su debate oral o estaban en condiciones de comenzarlo. Por un lado, aquel plan pedía por “la reactivación inmediata” de aquellos juicios que estén en etapas de alegatos o veredicto. Por otro, propuso la conformación de una mesa de trabajo interdisciplinario “para armar un protocolo específico” a tiempos de coronavirus que piense cómo encauzar debates en plena etapa de testimonios o que estaban pautados para comenzar, como el de los crímenes durante la Contraofensiva montonera o el que evaluará lo sucedido en los Pozos de Banfield y Quilmes. Por último, la fiscal Angeles Ramos, a cargo de la Proculesa, pidio que se convoque a la Comisión Interpoderes. Además del pedido del Ministerio Público, también llegaron a la Casación presentaciones de Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y del abogado Pablo Llonto.

La respuesta de la Casación es escueta y no responde a todo lo planteado por aquellos pedidos. No obstante, las partes lo evaluaron como un “buen primer paso”. Según lo planteado en ese texto, Ledesma informa que consultó al Tribunal de Superintendencia de la Casación, integrado por los residentes de cada sala. No emite más que una recomendación a los tribunales orales que tengan en trámite juicios por causas de lesa humanidad, “cuya conclusión permita realizarse por vía remota y/o que fuere posible sin gran desplazamiento de participantes, conforme los protocolos vigentes, procedan en consecuencia, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria”.

La presidenta de los casadores amparó la decisión tanto en los términos de la acordada 10/2020 que emitió la institución que dirige --en la que a fines de abril amplió las funciones de los tribunales en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio en respuesta a la pandemia-- así como “en atención al tiempo transcurrido desde los hechos materia de Juzgamiento”.

En aquella acordada, la Casación estableció que “los tribunales se integren en su totalidad y que avancen en las diversas etapas procesales previa celebración virtual de las audiencias previstas por la normativa procesal siempre que los medios tecnológicos lo permitan y cuando no exista oposición fundada y razonable de parte”.

De la conformación de la mesa de trabajo, Ledesma no mencionó nada. Respecto de la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, que integran el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como organismos de derechos humanos, y que funcionó por última vez en 2016, se compromete a consultar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “acerca de la viabilidad de reanudar su funcionamiento, a fin de atender a las solicitudes efectuadas y procurar su avance”.

La recomendación de la Casación a los tribunales orales llega, en muchos casos, luego, incluso, de los pedidos de representantes del Ministerio Público Fiscal y algunas querellas en cada caso. Para que se retome el tramo final del debate oral por Esma IV, que está en instancias definitorias, se presentaron ante el TOF 5 Ramos, la Secretaría de Derechos Humanos, Abuelas y el CELS. Querellas de la Secretaría dirigida por Horacio Pietragalla también hicieron lo propio en debates de San Martín, Entre Ríos, Mar del Plata y La Plata, para que se retome el juicio por los crímenes de la Brigada de San Justo. Su par de Buenos Aires, a cargo de Matías Moreno, exigió el comienzo del juicio por los crímenes del Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes.