La ola de fake news sobre una supuesta liberación masiva de personas en situación de encierro por la pandemia del Covid-19 reflotó un discurso de odio de clase, estigmatización y discriminación entre cacerolazos que reclaman que no salga nadie. Desde que se implementó la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la crisis carcelaria estalló en las narices de todo un país, poniendo a la luz los reclamos históricos y jamás escuchados de las personas privadas de libertad y sus familiares que se expresan desde hace años, y sin embargo, nunca fueron escuchados. “La sociedad piensa que la cárcel está lejos de sus vidas, pero está a la vuelta. La cárcel está cerca de cualquier persona, sólo que a la gente pobre le toca seguido”, resume Nora Calandra, trabajadora de la Rama de liberadxs y familiares del MTE, referente de la Red Niñez Encarcelada y una de las personas que describieron a Las12 los contextos de encierro y las vulneraciones sistemáticas de derechos potenciadas por la pandemia del coronavirus y el desprecio de una Justicia machista y patriarcal.
Durante estos últimos días sonaron cacerolazos exigiendo que no se liberen a los presos -sobre todo-. La escucha aturde con un sonido que reverbera en información falsa, datos irreales y convocatorias delirantes. “Las medidas que se están pidiendo desde los penales no son libertades, son arrestos domiciliarios, a las personas que están en la cárcel se las priva de la libertad pero no de la vida”, agrega la activista feminista Ayelén Stroker, otra de las voces de esta nota e integrante de la Cooperativa Esquina Libertad, creada por ex detenides, que da trabajo a personas liberadas y sus familias, y de Las Mostras, espacio de género dentro de esa cooperativa. “Además, lo que se está pidiendo es para el 90 por ciento de la población carcelaria que no tiene que ver con delitos graves.”
Madre en el encierro, desde el penal donde estuvo privada de su libertad Nora Calandra impulsó la Red para visibilizar cómo son vulnerados los derechos de las mujeres y sus niñxs por parte del sistema penitenciario y el Poder Judicial. Hace cuatro años recuperó la libertad, pero se ocupa de recordar cada minuto del día que parió con una cadena en los pies, sin intimidad, y padeciendo la vulneración de sus derechos desde las primeras respiraciones de su hijo. Describe la experiencia de su posparto en un escenario minimalista: una cama, una mesita, un inodoro y la cuna. Y éso es solo el principio: una vez que pasan los primeros seis meses de vida, la obligación es ir a una guardería. “Ahí perdemos contacto absoluto, no sabemos quiénes les cuidan, no podemos compartir nada. Después de los tres años, al jardín, y a los cuatro afuera de la unidad. A mí me pasó, por ejemplo, que tenía hijas más grandes y querían ver a su hermano que estaba conmigo en el penal, querían compartir un desayuno o cambiarle el pañal. Decidí sacarlo a los 2 años y ocho meses porque mi familia me acompañó y estaban dadas las condiciones para que él estuviera afuera”.
El hacinamiento, la falta de atención médica y de elementos de protección pusieron en evidencia que si el virus entra a las cárceles va a ser muy difícil de controlar. A esto hay que sumarle que Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tiene a su cargo el 69 por ciento de la población total en situación de encierro, del cual el 48 por ciento está en prisión preventiva (sin condena firme) y de este último porcentaje el 60 por ciento son mujeres.
En el Penal Número 33 del Servicio Penitenciario de Los Hornos, las mujeres con hijes graban videos intramuros intentando visibilizar la extrema precariedad con la que transitan la pandemia: “Queremos decirle a la sociedad que ni mis compañeras ni yo somos violadores ni tampoco matamos a nadie ¿Qué están esperando? ¿Que el virus entre en la cárcel?” Con ese temor, familiares de detenides luchan contra la desidia judicial: causas armadas, delitos menores con prisiones preventivas eternas, juicios que nunca llegan, mujeres presas por defenderse de un ataque de su agresor, otras que aún permanecen con sus hijes en los penales, personas con delitos menores en grave estado de salud, sin atención médica ni elementos de protección e higiene, y en total hacinamiento.
Desde YoNoFui, organización política integrada por mujeres y no binaries que transitaron la experiencia de la cárcel o se encuentran privades de libertad, advierten que la mayoría cometió delitos por razones de supervivencia. Una de sus referentes, Alejandra Rodríguez, afirma que están llevando a cabo un proceso de acompañamiento a mujeres y compañeres de la comunidad lgtbtttiq+ que se encuentran en las distintas unidades penitenciarias en lo que respecta al pedido de morigeraciones. Sin embargo, las fake news invisibilizan estos procesos y además evitan mencionar que la recomendación para otorgar prisiones domiciliarias y excarcelaciones a personas que hayan cometido delitos leves y que cumplan una serie de requisitos, fue emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OMS y la titular de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. “Hay que tomar medidas urgentes para evitar que el Covid-19 cause estragos en las prisiones”, expuso Bachellet en un comunicado.
Pese a las recomendaciones de los organismos internacionales, este martes la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires decidió revisar lo acordado por el Tribunal de Casación Penal del 8 de abril, que habilitaba a jueces bonaerenses a evaluar y otorgar prisiones domiciliarias para personas privadas de la libertad que integran grupos de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus. La decisión fue tomada luego de aceptar el “recurso de queja” presentado por el fiscal Carlos Altuve, para revocar la posibilidad de otorgar las domiciliarias.
Punivitismo crudo y duro
Las leyes penales y el poder responden a las lógicas patriarcales que recrudecen la dominación del varón hacia las identidades feminizadas en las cárceles, es así como el Estado -a través de sus funcionarixs- profundiza la desigualdad de género. “En diciembre de 2018, había 2013 mujeres detenidas en la provincia, el 4,6 % del total. Pese a ser una porción mínima, desde 2016 viene creciendo más que la población masculina, con un aumento significativo el último año: la cantidad de mujeres detenidas subió un 18 % en 2018, mientras que la de varones un 11 %.” Las cifras del Informe Anual 2019, el sistema de la crueldad XII sobre lugares de encierro, políticas de seguridad y niñez en la Provincia de Buenos Aires, publicado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), describen con crudeza el ascenso de un punitivismo que termina condenando a más encierro y aislamiento, como refleja uno de los comunicados de YoNoFui, junto Las Mostras, el Colectivo Ni Una Menos y la Asamblea Popular Feminista de la Comuna 5 por nuevas formas de justicia en clave feminista. Con respecto a la población travesti-trans, el estudio de la CPM señala: "Según lo informado por el SPB, a diciembre de 2018 eran 94 las travestis-trans detenidas y alojadas en las UP 2 (12), UP 44 (20) y UP 32 (62). En diciembre de 2017 había 69: en un año esta población creció un 36 %. Sin embargo, en la información hay un sub-registro ya que no incluye a varones trans ni contabiliza personas travestis-trans alojadas en otras unidades".
Beatriz tiene a su hijo detenido y trabaja junto a la Comisión Provincial por la Memoria denunciando casos de violencia estatal en las cárceles. “En los penales hay un 60 por ciento de detenidos y detenidas con causas leves por venta de estupefacientes, cuando la persona es el burrito de los grandes narcos. Lo que están haciendo es enfrentarnos al pueblo por ser familiares de detenidos. Hay muchas causas armadas, los jueces nunca investigan eso. Todos tenemos derecho, pero los jueces nos tratan como si fuéramos ignorantes. Si no sabemos de leyes, nos echan de los juzgados. El Servicio Penitenciario es el responsable de llevar el Covid-19 a los penales, el Estado te mata porque no te da las herramientas para luchar contra esta pandemia.”
Pato es familiar de un detenido e integra la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, donde atiende las consultas que llegan de muchas personas angustiadas preguntando qué va a pasar si el Covid-19 llega a los penales. “Los familiares que llaman me dicen que tienen miedo porque saben que si el virus entra en la cárcel va a haber una masacre”, revela. “Sabemos que están hacinados, que no hay comida ni elementos de higiene.” Las personas privadas de su libertad también temen por lo mismo. Pato cuenta: “Es mentira lo que dicen en los medios, yo mando pedidos de arresto domiciliario por gente que está enferma con cáncer terminal y no se lo otorgan. Es mentira lo de las liberaciones masivas, hoy no tenemos acceso a las defensorías, no podemos visitar a nuestros familiares, no tenemos acceso a los juzgados. Como Ong estamos haciendo lo que no hace el Estado, en este momento el Estado no existe, no les dan comida, lo poco que tienen es lo que les mandan de encomienda los familiares, que salen muy caras. También desde la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD) estamos haciendo derivaciones por mail para que lleguen a los juzgados los pedidos, pero se los niegan. Es triste que la sociedad diga que no salga nadie y que pongan en la misma bolsa a violadores, asesinos y femicidas. Lamentablemente cayó gente que no tiene nada que ver, que le falta poco para salir o que está muy enferma; entiendo el resentimiento que tienen hacia nuestros familiares que se equivocaron, pero ellos están pagando su condena y tienen familia que sufrimos lo mismo que ellos. La sociedad tiene que pedir que salgan mejores personas de las cárceles, pero no hay nada, solo hay violencia y falta de atención de todo tipo.”
Vivir en la desesperación
Ayelén Stroker recuerda que cuando comenzó la cuarentena, el primer impulso fue llamarse por teléfono entre familiares. “Las preguntas rondaban en torno a si poder ir o no a hacer un depósito. Un porcentaje muy alto en contexto de encierro depende de familiares que le den acceso a la comida.” El pasado 24 de abril, en la cárcel de Devoto hubo un fuerte reclamo por cuestiones sanitarias que terminó en represión a familiares que ante la desesperación de ver lo que estaba ocurriendo, se concentraron en las puertas del penal por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con sus seres querides. “Estaban ahí por la desesperación y la incomunicación. La respuesta fue represión”, lamenta Ayelén.
Andrea Ledesma es madre de un joven que se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N° 35 de Magdalena hace un año y dos meses. Desde que llegó al penal la causa nunca avanzó. “Él tiene una discapacidad en su pierna izquierda, producto de un accidente, está con muchos dolores en la pierna y en la cadera por no usar muletas. Estaba en su casa cumpliendo un arresto domiciliario por una causa anterior con pulsera y monitoreado, como correspondía, y lo llevaron detenido acusándolo de un robo que no cometió. Si hubiera salido a robar tendría que haber sonado la pulsera. Como madre pido una oportunidad para que se vuelva a reinsertar en la sociedad. No mató, no violó, no secuestró, fue un delito leve.”
Gerardo Gutiérrez se encuentra detenido hace dos años y once meses con prisión preventiva en la Unidad N° 49 del penal de Junín por un crimen que no cometió: la fecha del juicio se dictó para febrero de 2022. Su madre, Rakel Panelo, cree estar viviendo una pesadilla. “Nosotros nunca pasamos por algo así, no pensamos que se pueden armar causas. A mi hijo lo acusan de homicidio y él se presentó a declarar a la fiscalía y automáticamente lo dejaron detenido, nunca le hicieron el test para saber si disparó o no. Todo sería tan fácil si los policías y fiscales investigarán desde principio, así no habría tanta gente presa. Los internos viven en total hacinamiento. Por ejemplo, en la celda donde está mi hijo hay trece personas cuando tendrían que haber cinco.”
Kelly Montalvo es una mujer migrante de 37 años. Llegó a la Argentina desde Bolivia con su esposo, hoy detenido en la Unidad N° 48 de San Martín, y relata que la causa es falsa. “Tuvo una pelea con un hombre y la policía defendió a la otra parte por el simple hecho de que nosotros somos extranjeros y encima lo acusaron de robo. Los policías nos discriminaron por ser extranjeros y la Justicia lo condenó a cinco años de prisión. Desde que ingresó al penal tiene problemas gastrointestinales porque no come bien, no recibe atención médica. Tenía turno para una colonoscopia, pero nadie lo llevó porque el Servicio Penitenciario se olvidó. Por ahora no hay casos de Covid-19 en el penal donde está, pero sí muchos pacientes con tuberculosis, cáncer y diabetes que no reciben medicación. Me cuenta que los llaman de enfermería para que firmen un papel que dice que les dieron la medicación, pero no les dan nada”, subraya Kelly. “Cuando escucho los cacerolazos me siento mal porque todas esas personas no saben lo que hay detrás, la policía no cumple con su trabajo, a mi marido lo acusan de robo, está pagando por un delito que no cometió y encima la gente dice que no puede salir aun teniendo problemas de salud. No es justo, me da mucha impotencia y tristeza.”
Las cárceles fueron construidas para varones, siguiendo los lineamientos de la política criminal, y no tiene en cuenta las condiciones específicas que requieren mujeres, travestis y trans. Como por ejemplo mujeres embarazadas, aquellas que se encuentran encarceladas junto a sus hijxs o travestis y trans que están atravesando un tratamiento hormonal para adecuarse al género en el que se autoperciben. Lidia Pérez es ex liberada, militante por los derechos de las personas privadas de la libertad y referente del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita. Acompaña a travestis y trans que se encuentran en situación de encierro: “La población trans ve vulnerados todos sus derechos en los penales básicamente por ser trans, porque el sistema penal que es binario, machista y no entiende la diversidad, las castiga doblemente en ese sentido. Muchos servicios penitenciarios dicen que la Ley de identidad de género es para afuera y no para dentro de los penales. Desde ese concepto empieza la vulneración sobre una población que históricamente viene siendo perseguida por no ser ajustarse a lo que el binarismo exige”.
Desde “Yo No Fui” señalan que en el Complejo IV de Ezeiza las mujeres y no binaries vienen haciendo batucadas pacíficas para reclamar que se incluyan los casos y se revean las excarcelaciones de personas en riesgo, y también exigiendo que el SPF instrumente los protocolos de prevención y cuidados, en relación al Covid-19 que el Poder Ejecutivo Nacional determinó.
El hermano de Gere se llama Maximiliano, terminaría su condena en el 2021, tiene problemas respiratorios y está a diez meses de conseguir la prisión asistida, sin embargo nadie se comunicó con él. Gere hoy tiene 35 y hace algunos años se acercó a ACiFaD por la muerte de su padre en la cárcel. “Mi papá cayó preso por una causa armada, traté de encontrar pruebas pero sabía que me estaba metiendo en un terreno mafioso con la policía, hasta que llegué a Acifad y ahí encontré una contención que hoy con el contexto de la pandemia es un recurso de supervivencia.”
Aquel nacimiento del hijo de Nora Calandra en la cárcel, con ella esposada a los fierros de una cama, dejaron marcas para poder seguir caminando en estos años. El es capaz de esbozar algún recuerdo de su primera infancia, y asegura sin dudarlo que estuvo en otro país, uno lejano. Frente a esa afirmación, ella no puede más que agregar que en aquel momento no estaba preparada para decirle que nació en el encierro.
