El procurador bonaerense Julio Conte Grand le pidió a la Suprema Corte provincial  que revoque el habeas corpus colectivo con que la Cámara de Casación había habilitado la concesión de algo más de 400 prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia de coronavirus. A mitad de marzo, sin embargo, había instruido a fiscales y defensores para que impulsaran medidas alternativas a la prisión con miras a descomprimir la sobrepoblación carcelaria que eleva el riesgo de contagio masivo de covid-19 en los penales. El cambio de tónica del funcionario nombrado durante la gestión de María Eugenia Vidal --de quien también fue secretario legal y técnico-- coincide con la campaña fogoneada por el macrismo, entre otros sectores, que instaló la falsa información de que existían liberaciones masivas de detenidos y detenidas. La ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, reclamó su renuncia: “No puede ser procurador porque no es objetivo”, dijo.

Conte Grand fue invitado por la Corte bonaerense a dictaminar sobre el habeas corpus colectivo que había concedido Casación provincial a partir de un pedido de 19 defensores oficiales de la provincia que, entre otros argumentos, paradójicamente  invocaban la resolución 158 del propio procurador. En aquella disposición, Conte Grand establecía que “se estima oportuno adoptar medidas tendientes a colaborar en el objetivo primordial de reducción de riesgo de covid-19 en la población privada de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la provincia, con especial consideración del cuidado de la salud de aquellas personas allí alojadas que requieren una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo” ante el coronavirus. Y luego instruía “a los defensores oficiales que procedan a la inmediata evaluación de la pertinencia, de acuerdo a las particularidades fácticas y normativas de cada supuesto, del requerimiento de medidas de prisión con detención domiciliaria, así como de morigeración de la prisión preventiva o sus alternativas respecto de sus defendidos privados de la libertad". A los fiscales les planteó que, con esa perspectiva, tuvieran en cuenta “los criterios epidemiológicos vigentes y las razones de salud pública involucradas”.

Ahora, en otro extremo, lo que el procurador plantea es que hay que anular aquella resolución de Casación, que firmó el camarista Víctor Violini. Su dictamen es una especie de apoyo técnico al recurso de queja que presentó el fiscal Carlos Altuve, pero la postura y su efecto es contundente: quiere que haya marcha atrás con el habeas corpus y eso podría hacer que vuelvan a prisión las personas que fueron beneficiadas. Lo que Violini resolvió el 8 de abril fue hacer lugar al planteo colectivo de detenciones domiciliarias para delitos leves, no violentos, en casos de personas con riesgos de salud y mayores chances de contagio de covid-19 así como mujeres embarazadas o alojadas en los penales con sus hijos. Se sugería evaluaciones puntuales, de cada juez, con los presos y presas con preventiva mayor al tope de dos años y considerar las situaciones de quienes estuvieran próximos a obtener la libertad condicional o asistida. El argumento de fondo son los criterios internacionales (Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, Corte y Comisión Interamericana) que piden a los gobiernos reducir la población carcelaria.

El fallo de Violini cuestionaba a la gestión de Conte Grand durante los años previos por haber fomentado la sobrepoblación y hacinamiento alentando prisiones preventivas por delitos menores y por narcomenudeo, lo que llevó a que haya 45 mil detenidos/as en cárceles bonaerenses y 5 mil en comisarías, cuando entran menos de la mitad. Señalaba su doble discurso, al sostener que las instrucciones para domiciliarias que dio en marzo lo mostraban “oscilando entre Torquemada y Mandela”.

Consultado por este diario, Conte Grand prefirió no hacer declaraciones. Cerca suyo dijeron que no se puede comparar una resolución de la Procuración (que propicia domiciliarias) con un fallo judicial (que concede domiciliarias). Para cuestionar éste último su dictamen usa algunos argumentos técnicos, como que el tribunal de Casación no era competente para resolver el habeas corpus colectivo, que tampoco podía hacerlo un solo juez, que no se dejó en claro qué diferencia a delitos leves y graves, que hay otras imprecisiones como los riesgos para la salud, que se concedieron beneficios a los presos en forma automática sin evaluar cada caso y que se vulneró el status de las víctimas. Quienes discrepan con él, entre ellos muchos defensores que le reportan, sostienen que la Corte había habilitado resoluciones con una sola firma, que no cuestionó otros habeas corpus como el que habilitó el uso de celulares en prisión (para que las personas privadas de la libertad se comuniquen con sus familiares que con el aislamiento no pueden visitarlos), ni objetó la competencia de Casación en estas presentaciones en los últimos años; que la decisión no fue general y que incluso muchos jueces inferiores no aceptaron los planteos de los defensores (que en todo caso ellos evaluaban los delitos); sobre los criterios de riesgos de salud, Casación usó los de Conte Grand y de la Corte. Sobre los delitos y su gravedad, Conte Grand tampoco había establecido ninguna limitación para delitos violentos, que sí dejó afuera Casación (como homicidios, abusos sexuales y violencia de género).

El procurador dio la primera pista sobre su viraje, o la vuelta a su pensamiento original, 15 días después de la resolución 158/20 cuando en una reunión por videoconferencia con fiscales y defensores se quejó: “se están pidiendo arrestos domiciliarios, beneficios y hasta reducción de pena para personas que no están incorporadas al universo de riesgo (…) estén atentos a estas miserias humanas”. La semana pasada, cuando ya el macrismo hacía campaña con este tema, dijo que no había escuchado acerca de “un plan para liberar presos” pero que le parecía que “aprovechando la emergencia sanitaria que es gravísima y la necesidad de tomar alguna decisión por los presos en riesgo en algunos ámbitos de la provincia se tomaron decisiones que no tienen nada que ver con ese objetivo”. La Corte bonaerense dará su propia definición en los próximos días.

Teresa García insistió en denunciar que el procurador “tiene compromisos firmes con una gestión de gobierno”, la de Vidal. “No es objetivo”, definió.