El Ministerio de Trabajo redujo a niveles mínimos la asistencia a empresas en crisis a través del plan Repro. En lo que va del año, dejó en suspenso la compensación salarial para 30.500 trabajadores que se desempeñan (o lo hacían) en esas firmas, decisión que muestra a la vez la convicción del Gobierno por redoblar el ajuste fiscal y su desinterés por cuidar el empleo. Son dos ejes de la política económica: recorte de gastos y desocupación, que facilita la aceptación de condiciones laborales flexibilizadas. En la edulcorada versión oficial, bajar erogaciones del Estado es una condición para atraer inversiones extranjeras, lo mismo que la resignación sindical frente a las imposiciones empresarias, como el caso de los petroleros en Vaca Muerta. Esperar que en 2017 se produzcan reparaciones por los daños infringidos a la sociedad durante el primer año de mandato de Mauricio Macri es una ilusión que cada día los hechos, las acciones del Gobierno, se encargan de evaporar, más allá del rebote estadístico que pueda haber en algunos sectores puntuales. En la construcción y en industrias como la automotriz, textil, del calzado y metalúrgica, entre otras actividades muy castigadas el año pasado, sería un caos si no rebotaran a corto plazo.

El plan Repro fue creado en el estallido de 2002 para contener la disparada del desempleo, que de todos modos llegó al record de 25 por ciento durante el interinato de Eduardo Duhalde. Si bien nació en ese momento, su utilización más potente se produjo a partir de 2009, cuando arreció la onda expansiva de la crisis internacional desatada un año antes en Estados Unidos. Ese año el Estado se hizo cargo de una porción del sueldo de 142 mil trabajadores en el promedio anual. El Repro (Recuperación Productiva) es justamente eso, un subsidio para evitar despidos en empresas en crisis, una ayuda para sostener los planteles mientras las compañías se acomodan ante una caída de la actividad o un desajuste financiero. En 2010, a medida que la economía nacional empezó a repuntar, la asistencia del Repro disminuyó a 130 mil trabajadores. En 2011 fueron 78 mil; en 2012, 46 mil, y en 2013, 39 mil. 2014 fue otro año complicado por la devaluación de enero y el Repro volvió a escalar a 59 mil auxiliados. Finalmente en 2015, aunque la economía creció 2,6 por ciento de acuerdo a la actual conducción del Indec, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se despidió resguardando la ocupación de 77 mil personas. Destinó para ello 1174 millones de pesos. La desocupación era entonces del 5,9 por ciento (no hubo medición en el último trimestre de 2015 por decisión de Jorge Todesca). 

El gobierno del PRO y la UCR, con Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo, terminó su primer año de gestión con 7,6 puntos de desempleo, la tasa más alta para el período octubre-diciembre desde 2009 (además, aquel 5,9 por ciento del tercer trimestre de 2015 corresponde compararlo con el 8,5 por ciento de igual período de 2016). Ante semejante estampida de la desocupación, la respuesta de Cambiemos no fue aumentar las partidas para el Repro, como marcaría el sentido común y la sensibilidad social más básica. Hizo exactamente lo contrario, las achicó. Los fondos para evitar despidos cayeron hasta 746 millones de pesos, 428 millones menos que el año anterior. En consecuencia, también bajaron drásticamente los trabajadores asistidos por el Repro: de 77 mil como promedio anual en 2015 a 22 mil en 2016. Es decir, 55 mil familias menos. Sin embargo, la cifra de damnificados sería más chica porque la actual gestión traspasó del Ministerio de Trabajo al de Transporte el compromiso de asistir a unos 18 mil choferes de larga distancia. Aun así, siguen siendo 37 mil familias que quedaron sin cobertura estatal para proteger su puesto de trabajo en un año donde la economía se fue a pique.

Los datos muestran la orientación de la política: ajuste del gasto y desocupación, y por ende aumento de la pobreza. Lo que sigue confirma que el Gobierno ha intensificado ese recorrido en lo que va de 2017. En enero la cartera laboral destinó 70 millones de pesos para cubrir una parte del salario de 23 mil trabajadores a través del Repro. En febrero fueron 52 millones para 16 mil personas. Y en marzo, 26 millones para solo 7 mil trabajadores. Es decir, Triaca está utilizando cada vez menos recursos de su Ministerio para evitar que crezca el desempleo. En diciembre de 2016, el Repro había llegado a 37 mil beneficiarios (los 22 mil citados más arriba es el promedio anual). Desde ese nivel de 37.746 asistidos en diciembre a los apenas 7171 actuales hay 30.575 personas menos atendidas por el Repro. El Gobierno podrá argumentar que es producto de una mejora de la economía, pero la sola ebullición que hay en las calles estos días basta para demoler esa versión. Las estadísticas oficiales, más precisas, reflejan caídas del consumo, la producción industrial, los despachos de materiales de construcción y la actividad económica en general contra el año pasado. Que aumente la ocupación en ese contexto para justificar una baja tan pronunciada de los Repro no parece lo más probable. 

Lo que hace la cartera laboral para dibujar un supuesto aumento del empleo registrado es considerar como trabajadores formales a los ciudadanos que se anotaron en el monotributo para empezar a cobrar la Asignación Universal por Hijo, cuando en rigor en su mayoría son personas que se desempeñan en la economía popular o hacen changas. Que antes lo hicieran de manera informal y ahora como monotributistas no modificó su realidad en el empleo, pero sí las estadísticas del Ministerio. Otra maniobra del Gobierno es dejar de contabilizar puestos de trabajo y pasar a computar personas ocupadas. En este caso, si un trabajador antes tenía dos empleos y ahora solo uno porque del otro lo echaron, el Ministerio de Triaca no reporta esa pérdida y sigue sosteniendo que la persona está empleada, por más que su situación de ingresos haya variado negativamente. 

Más allá del marketing y de la creatividad para mezclar peras con manzanas para que las estadísticas no sean tan dolorosas, el Gobierno no puede evitar que la multiplicación de datos negativos del Indec o de la propia cartera laboral dejen en evidencia las inconsistencias de su relato. Uno de ellos son las presentaciones de empresas ante ese Ministerio para solicitar el Procedimiento Preventivo de Crisis. Esta semana fue otra firma grande, de larga trayectoria en el mercado, como Nobleza Piccardo. El año pasado, los PPC fueron 97, la cifra más alta desde 2003. Las compañías lo solicitan cuando están contra las cuerdas como requisito para después pedir el Repro o bien para intentar una negociación con los trabajadores para que soporten rebajas salariales o pérdidas de condiciones laborales. En 2015 los PPC habían sido 36, casi una tercera parte, y en 2014, 49. En 2009, otro año de crisis, habían llegado a 73. Finalmente, en lo que va de 2017 hubo 4 presentaciones en enero y 3 en febrero.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, asegura que el ritmo de cesantías se mantiene en un nivel elevado. “Hay una suerte de zona liberada para los despidos”, advierte. El diputado Héctor Recalde, jefe del bloque del Frente para la Victoria, con reconocida experiencia en el mundo laboral, sostiene que el aumento de la desocupación produce una “flexibilización de facto”, dado que los trabajadores aceptan condiciones que no tolerarían en una situación de estabilidad económica. “Cambiemos no tiene un plan de gobierno, tiene un plan de negocios con los CEOs”, acusa, en la hipótesis de que el macrismo avanzará todo lo que le permita la sociedad en la redistribución regresiva del ingreso y el arrebato de derechos a los trabajadores.

En este contexto, el Gobierno dedica sus días a instalar la denuncia de que la oposición lo quiere desestabilizar. El debate se produce cuando se está cumpliendo un nuevo aniversario, el noveno, de la resolución 125 de retenciones móviles. La medida se tomó el 11 de marzo de 2008, apenas tres meses después de que Cristina Kirchner asumiera su primer mandato. La suba de derechos de exportación desató un conflicto gigantesco, con cortes de rutas generalizados que se sostuvieron con mayor o menor intensidad hasta el final de la contienda, el 17 de julio, cuando se produjo el voto no positivo de Julio Cobos. La entonces presidenta calificó los cortes de ruta como piquetes de la abundancia. Gerardo Morales, en cambio, los seguía justificando incluso un mes después de que la resolución 125 hubiera sido derogada, cuando las corporaciones agropecuarias envalentonadas redoblaban las exigencias. El 19 de agosto de aquel año el entonces senador y actual gobernador de Jujuy decía en Clarín que los ruralistas estaban en pleno derecho de realizar esas acciones “porque no les queda otro camino frente a la actitud del Gobierno de no resolver temas urgentes”. En ese entonces el dirigente radical no consideraba que los cortes de ruta por todo el país fueran destituyentes ni que nadie quisiera voltear al gobierno. Era un derecho. Ahora, frente a una economía que expulsa y un Estado que ajusta, reclamar en la calle es desestabilizador.