Un adulto trasplantado y un niño de cuatro años con leucemia esperan que se restituyan drogas en un caso y pagos de la obra social en el otro para que sus tratamientos continúen sin alteración alguna.
Se trata de los casos de Daniel Oxandaburu, de 51 años, con mieloma múltiple, y Emiliano, de cuatro años, con leucemia.
En el caso del niño, el abogado Daniel Paganetti presentó este miércoles un recurso de amparo que quedó en manos del juzgado federal N° 1, a cargo de Julio Leonardo Bavio.
El nene padece de leucemia y tuvo una recaída por su enfermedad en enero de este año. La obra social en la que se encuentra afiliado es IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas). Según lo indicó la administración de la clínica Santa Clara de Asís, en la cual hicieron la quimioterapia al niño (tras una intimación), desde diciembre que esta obra social adeuda los pagos a la entidad sanitaria, igual que al médico tratante. A ello se suma la falta de acuerdos con IOSFA para actualizar los montos a pagar, por lo que durante los primeros días de abril suspendieron la atención a todos los afiliados a la obra social.
La última quimioterapia se realizó tras la intimación que presentó la familia. El médico tratante había prescripto para el niño una sesión de quimioterapia para el 26 de abril. Tres días antes, desde la clínica se avisó de la suspensión de la intervención, pero la realizó de todos modos tras la intimación.
El 4 de este mes uno de los socios de la clínica envió una nota a la madre del niño, Claudia Ortiz, para explicar detalladamente el conflicto con IOSFA e indicarle que de continuar esa situación, la atención médica de la totalidad de los afiliados a la obra social queda suspendida. La desesperación de los familiares del niño es porque suele precisar atención médica por las condiciones de su salud tras el tratamiento de quimioterapia.
Pese a que hubo comunicaciones con IOSFA, las respuestas no fueron sólidas. Ante ello, Ortiz convocó a todos los afectados por la misma situación en la provincia de Salta a comunicarse con ella al 0387-154740543 o buscarla en la red social Facebook como Clauu Ortiz. La intención es poder organizar un reclamo conjunto de quienes estén atrevesando situaciones similares.
Drogas prestadas o donadas
Oxandaburu tiene 51 años. Desde el año pasado con su esposa, Sandra Cabero, peregrinaron ante el INCUCAI y la provincia para lograr finalmente el autotransplante de células que precisaban. No tiene obra social. Y ante la falta de respuestas fue con un amparo que la Justicia provincial declaró abstracto. Esto sucedió porque cuando se convocó a audiencia, los representantes del Estado provincial y nacional afirmaron que estaba todo listo y garantizado para realizar la intervención.
Sin embargo, en esa audiencia de diciembre se firmó un acta ante el juez a cargo de la vocalía 3, de la Sala 1 del Tribunal de Impugnación, Ramón Medina. En ese escrito, el abogado de Oxandaburu, Miguel Mogrovejo, dejó constancia de que “si en esta audiencia se emite un compromiso para la entrega de los medicamentos y la cobertura integral de trasplante con los gastos que implique, su pretensión se encontraría satisfecha”.
La satisfacción no duró demasiado. El 9 de abril último, pasados los 60 días del trasplante, a Oxandaburu le prescribieron tres drogas para realizar la quimioterapia de consolidación. Ante el conocimiento de las demoras, Cabero, su esposa, inició en febrero los trámites para conseguir una de las tres drogas y hasta el momento sigue esperando la entrega.
Otra de las drogas que precisan es la Lenalidomida. Una pastilla de 25 miligramos por dos meses, y otra de 10 miligramos para los 22 meses restantes que dura el tratamiento. El medicamento le fue negado por no estar incluido en el vademécum del Ministerio de Salud de la provincia.
Ante ello, el 20 de abril, en plena cuarentena, Cabero fue enviada a buscar respuestas en el Centro de Referencia (CdR) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Las puertas del lugar están cerradas por la cuarentena. Puesto en conocimiento del trajinar de una mujer que convive con una persona que se encuentra en los llamados grupos de riesgo por su enfermedad, Mogrovejo recurrió nuevamente a la Justicia.
El lunes recibió la resolución del juez Medina, quien hizo lugar al amparo presentado y ordenó al Ministerio de Salud la cobertura de la droga Lenalidomina. El temor de los amparistas es que la provincia apele la resolución sin disponer la cobertura ordenada.
El tratamiento de Oxandaburu debía empezar “a más tardar el 16 de abril”, contó Cabero. En la urgencia, fue la solidaridad de los pacientes oncológicos y de algunos médicos que tratan enfermedades oncológicas la que le permitió acceder las drogas para el tratamiento. En algunos casos en calidad de donación, en otros, de préstamo. En esta última modalidad de intercambio se precisa devolver los medicamentos facilitados para que otros pacientes puedan acceder a sus tratamientos.
Ahora Oxandaburu se quedó sin droga alguna para continuar el tratamiento y es la exposición a esta espera la que les renueva una preocupación más.
