Desde la Comisión Vesubio y Puente 12 respaldamos la presentación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa) ante la Cámara de Casación Penal en favor de la reanudación de los juicios penales de lesa humanidad en el marco de la cuarentena social preventiva y obligatoria.

Siempre pensamos (y nos pensamos participando) en juicios orales y públicos presenciales. La cuarentena preventiva y obligatoria decretada a raíz de la expansión del contagio por covid-19 ha cambiado el marco de referencia de vastas relaciones sociales en un corto lapso; marco que, a su vez, se proyecta como un contexto de duración tan incierta que dudamos en considerarlo meramente circunstancial.

Las categorías de excepcionalidad y de temporalidad participan de este cambio de época que nos ha transformado hasta el modo de abrir una puerta, tomar un colectivo, hablar al prójimo o comer una fruta. Sin embargo, como grupos humanos y como personas particulares, intentamos seguir siendo quienes consideramos ser, seguir respirando -bien que a través de un protector de tela-, continuar el cultivo de los afectos hacia les amigues, familiares y también hacia los grupos que en la emergencia están más expuestos por el tipo de tareas que realizan o por las condiciones que el propio sistema social de desigualdad les ha impuesto.

Esas categorías basadas en la experiencia de lo extremo y el deseo del fin de esos tiempos, se nos han hecho vívidas en el crimen del genocidio y en la larga pesadilla de la impunidad que se tejió entrelazando décadas de no investigar, no identificar, no hacer, no juzgar ni castigar. Pero ha sido en el centro y a contrapelo de esa sinrazón aceptada y legislada por décadas en el país, que familiares de desaparecides, sobrevivientes, compañeres y amigues, antiguos y nuevos militantes hemos buscado justicia –en tanto proceso restitutivo de saberes, entre los que cuentan la verdad histórica y las memorias, con su correspondiente castigo penal para los responsables de crímenes atroces-.

Esa noción y esa práctica de justicia (con todas los costurones y dobleces a la vista que padece) constituyen parte sustancial de nuestro ser social, respiramos a través de su búsqueda y con cada día de sentencia justa para los genocidas, entrelazamos allí emociones y afectividades hacia quienes nos faltan a causa del terrorismo de Estado y sus perdurables huellas en el tiempo. Y desde esa escena ritual de los juicios orales nos permitimos avistar otro futuro, de igualdad, libertad y respeto, que nos contenga como contiene a las y los desaparecidos que en ellos vuelven a la vida alimentado una narrativa política enriquecida cada vez con nuevos testimonios y pruebas.

Es así como creemos que en plena cuarentena preventiva y obligatoria, con las normas que la sensatez sanitaria y convivencial nos dictan y el resguardo que las y los testigos soliciten, los juicios de lesa humanidad deben continuar, como en plena pandemia continuamos tratando de ser nosotros mismos, como continuamos respirando y amando. Los escenarios que transitamos no son los elegidos ni soñados, pero en ellos una gran movilización social va buscando su cauce de expresión e invención de nuevas realidades más acogedoras del ser humano y sus entornos ambientales, culturales y sociales. Si esto que vivimos y nos transforma ha de pasar, ha de formar parte, un día, del pasado, no queremos esperar a ese día para recién entonces continuar nuestro camino colectivo de justicia.

El debate es hoy –sobre todo también, porque debió haber sido hace ya muchos años-, la oralidad y publicidad que los juicios requieren pueden adaptarse en la excepcionalidad actual, que otra vez juega contra el tiempo de vida de represores y de testigos, combinando formas presenciales y virtuales. Hacemos cuarentena porque protegemos las vidas en el sentido integral de cuerpos deseantes y con derechos. Buscamos justicia exactamente por lo mismo.