El fiscal Gustavo Ponce Asahad, que investiga la procedencia de la convocatoria a la marcha de los barbijos advirtió que se detectaron cuentas vinculadas a sectores políticos de la oposición. La protesta tuvo nulo impacto en todo el país, pese a la profusa publicidad mediática y en redes sociales. "Absolutamente nadie salió a las esquinas en Rosario", dijo ayer el fiscal en C5N, quien está a cargo de la Unidad Fiscal para covid-19 del Ministeiro Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe. "La investigación apuntó a la marcha de los barbijos, nadie está cercenando la libertad de peticionar ante las autoridades, pero el derecho constitucional a la salud y a la vida están por encima de la libertad de tránsito y de las manifestaciones. Hemos tenido efemérides nacionales y nadie ha salido. Era un acto de irresponsabilidad, criminal, porque instaba a cometer delitos, a salir de sus casas y convocarse en las esquinas", dijo Ponce Asahad. 

El funcionario judicial había detectado perfiles de los que partió la invitación para violar la cuarentena, debido a que abrió una investigación en base a la denuncia presentada por la Asociación Víctimas de Trolls, en la que surgieron resultados: "El informe del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación es concluyente en virtud de que son (cuentas de redes sociales) Ciudadanos para la República Rosario -registrada como una organización política-; Yo estoy con Lilita; Acción PRO Córdoba; Jóvenes por la República", dijo el fiscal en Radio 2 sobre las cuentas de comunidades en las que hay "militantes o simpatizantes" de espacios políticos vinculados a la oposición. "La investigación continúa", dijo más tarde a este diario. 

La respuesta llegó de parte de la diputada nacional por Santa Fe, de la Coalición Cívica, Lucila Lehman, quien anunció en twitter: "Acabo de denunciar al Fiscal Gustavo Ponce Asahad ante el MPA. Señalar que un llamado a manifestarse el #7Mayo puede ser una 'apología del crimen' es irresponsable y tendencioso", dijo la legisladora del partido de Elisa Carrió. 

A principios de esta semana, cuando se dio a conocer la denuncia, el fiscal dijo a Rosario/12 que se trataba de un acto "cuanto menos irresponsable", ya que incitaba a violar el decreto nacional que ordena el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso se enmarca en un claro delito para la Unidad Especializada Covid-19, que ya tiene unas 5000 causas de incumplimientos en investigación y más de 800 autos secuestrados en Rosario, durante los procedimientos que comenzaron el 20 de marzo; al tiempo que ayer comenzó a hacer imputaciones de incumplidores, que se mantienen en libertad. En Rosario, el jueves se cumplieron doce días sin nuevos pacientes positivos para covid-19.