La pandemia nos sorprendió a todos y tomó a la Argentina en pleno comienzo de un dificultoso proceso de recuperación institucional, económico, y del tejido social dañado gravemente tras cuatro años de pesadilla neoliberal.
Desgraciadamente, los trabajadores judiciales vemos como grupos de poder mediático aliados a figuras de la oposición política utilizan la pandemia para pugnar por intereses que nada tienen que ver con la urgencia sanitarias, es más, la agravan.
Los conocemos bien, sabemos su accionar. Conocemos perfectamente su modo de operar. Son los mismos que quedaron al descubierto tras la gravísima confesión de la camarista de la Casación Federal, Ana María Figueroa, quien reconoció presiones indebidas a magistrados por parte del gobierno anterior y aludió elípticamente al ex consejero de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, actual jefe de los fiscales de la Ciudad Autónioma de Buenos Aires.
La situación de unidades penitenciarias no escapa a esta contingencia. Una de las manifestaciones de esta vergonzosa utilización política de la pandemia es el ataque a la idependencia judicial disfrazada de discursos punitivistas que no solo desconocen la realidad carcelaria, sino que conllevan un riesgo adicional para toda la sociedad extramuros: si la pandemia se dispara en las cárceles, eso afectará inexorablemente a toda la población.
Los trabajadores judiciales que en medio de las medidas de aislamiento continuamos manteniendo en funcionamiento el servicio de administración de justicia, repudiamos la avanzada mediática y política que opera detrás de la forzada y falaz dicotomía instalada en los discursos circulantes: sanidad vs seguridad.
Agustin Bruera y Demetrio Iramain
secretarios General y Adjunto del Sindicato de Trabajadores judiciales SITRAJU
