Durante la última sesión de la Cámara de Diputados de Salta se dio media sanción a un proyecto de ley que crea dentro del ámbito del Ejecutivo provincial un Banco de Alimentos que concentrará las donaciones y será el encargado de distribuirlas en forma directa.

El tratamiento en el recinto no estuvo exento de polémica y los diputados pusieron el foco en que la caridad puede derivar en un uso clientelista en tiempos de campaña o inclusive en manejos pocos claros de parte de fundaciones.

La iniciativa prevé que el Banco de Alimentos de la Provincia de Salta, tendrá como propósito recepcionar comida que a título gratuito entreguen tanto personas en forma particular como empresas, con el objeto de destinarla a la población más vulnerable.

Los alimentos podrán tener o no un valor comercial y, lógicamente, deberán cumplir con las condiciones mínimas de calidad y salubridad, que se verificarán con un control bromatológico.

Según lo planteado por el autor de la iniciativa, Matías Monteagudo, junto a sus pares del bloque de la UCR, este nuevo organismo dará transparencia al manejo de las donaciones e incentivará para que se incrementen.

“Lo que buscamos es cambiar el modelo actual en donde las ONGs reciben los alimentos donados, inclusive a veces desde el propio Estado, y se encargan de distribuirlas. La idea es que todas esas donaciones vayan al Banco, incluidas las de la ONGs, y que se repartan según prioridades establecidas por el organismo con alcance a toda la provincia”, señaló Monteagudo.

Además, expresó que sería muy bueno para la puesta en marcha del Banco, contar con los 25 mil kilos de alimentos que donó una empresa cervecera esta semana a la provincia, por lo que pidió celeridad al Senado para que lo convierta en ley.

Durante el debate, Adrián Valenzuela (STF) planteó la existencia de una organización que se denomina “Banco de Alimentos Salta”, a la cual vinculó con Abel Albino, titular de la organización Conin, y referente durante la gestión de gobierno anterior en materia de asistencia alimentaria.

Esto encendió una alarma entre algunos diputados que desconocían de la existencia de dicho banco, por lo que Gladys Paredes (FdT) adelantó que averiguará de que se trata, especialmente por la supuesta relación que tendría con Conin, “que ha hecho mucho daño a esta provincia”.

Ante esa afirmación fue Andrés Suriani (STF) quien defendió a Abel Albino “uno de los grandes prohombres de la patria”, que por su trayectoria como pediatra “fue premiado con un Konex”, y elogió la tarea de Conin en Salta.

En tanto, Javier Diez Villa (STF) aclaró que, por lo menos en la actualidad, no existe ningún tipo de vínculo del Estado con ese Banco de Alimentos y que entiende que se trata de una asociación civil que se sustenta y trabaja de forma autónoma.

Cuestionamientos a Desarrollo Social

Otro de los puntos llamativos en el debate fueron los cuestionamientos que recibió el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, designado en el proyecto como autoridad de aplicación, lo que significa que el Banco queda bajo su órbita y tendrá que reglamentar su funcionamiento.

El primero en hacer pública sus dudas fue el oficialista Valenzuela, quien expresó que “las quejas y los reclamos a nivel provincial radican sobre la distribución y redistribución de la ayuda social por parte del Ejecutivo y particularmente de este Ministerio”.

Y el que se sumó fue el opositor Ramón Villa (FdT), al señalar que “yo sufrí las consecuencias del manejo de los módulos alimentarios a través de punteros políticos haciendo campaña”. Y agregó que “esto lo denuncié aquí en la Cámara e inclusive a una ministra le dije que parecía una puntera política, porque se movía con los bolsones para apoyar a un sector durante las elecciones”.

Pero además planteó que "tengo mis dudas que sea el Ministerio de Desarrollo Social el que lleve los alimentos, porque hoy ya no lo está pudiendo hacer con lo que llega de Nación para las comunidades”.

En tanto, Carlos Zapata (Ahora Patria) extendió las sospechas al manejo que se hacen de las ayudas a través de las fundaciones, porque sostuvo que en muchos casos son captadas o creadas por políticos para financiar sus campañas.

Por su parte, Héctor Chibán (UCR) explicó que Desarrollo Social fue designado por una cuestión técnica, al tratarse del organismo que por las funciones que cumple debe hacerse cargo del Banco. “Es verdad que ya nos hemos quemado, pero está en nosotros como Legislatura controlar, y vamos a tener la posibilidad de hacerlo tal como lo establece el artículo 5”.

Con dicho artículo se constituye una Comisión Fiscalizadora “que tendrá como misión monitorear, relevar y controlar la acción que desarrollará el Banco de Alimentos” y estará conformada por un representante del Ministerio de Desarrollo, tres representantes de la Cámara de Diputados, otros tantos del Senado y un representante de la Universidad Nacional de Salta.

Todos los diputados, a pesar de los reparos sobre esos temas puntuales, expresaron su apoyo al proyecto, a excepción de Jorgelina Juárez (FdT), que consideró que el Banco lo único que sumaría es más burocracia, y posteriormente fue la única que votó en negativo.

Extraña votación

Todo parecía que se encaminaba a una tranquila media sanción, ya que el proyecto contaba con dictamen favorable de cuatro comisiones y durante el debate, salvo en el caso de Juárez, solamente había sumado adhesiones.

Sin embargo, a punto de votarse, Socorro Villamayor (STF) pidió la palabra para proponer que el proyecto vuelva a comisión y de esta manera poder consultarle al Ejecutivo si está en condiciones materiales y económicas de llevarlo adelante. “No se ha hablado con el Ejecutivo en cuanto a su implementación”, señaló.

Sorpresivamente otros diputados, incluido, por ejemplo, Valenzuela, que había adelantado su apoyo, se encolumnaron tras esa propuesta, lo que inmediatamente generó un murmullo que llevó al pedido de un cuarto intermedio.

En ese momento los referentes de la oposición especulaban que la solicitud de postergar la votación llegaba a último momento desde el propio Ejecutivo y temían que si lo bajaban a comisión nunca más fuese puesto en tratamiento.

Monteagudo, que dijo a este medio desconocer si hubo tal llamado desde el Gobierno, se reunió con las cabezas del bloque oficialista, Diez Villa y Villamayor, para solicitarles que no retrocedan con la votación. 

Fue determinante el argumento que esgrimió el autor del proyecto a Villamayor, sobre que uno de los cuatros dictámenes favorables era nada menos que el de la comisión de Legislación General que ella preside, y que en la reunión que tuvieron a la mañana no le había planteado nada de eso. 

Además, le recordó que en definitiva el Ejecutivo dispone de la reglamentación de la ley para regular esos aspectos técnicos de la implementación del Banco.

Finalmente, al regresar del cuarto intermedio no se volvió a mencionar la vuelta a comisión, e inclusive se votó el proyecto como si nunca hubiese existido tal propuesta. Ahora la iniciativa pasó al Senado para su análisis y  posible sanción definitiva.