El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt decidió agravar por femicidio la acusación contra el joven coimputado por el homicidio de la maestra Rosa del Milagro Sulca, cometido el pasado 28 de abril en el barrio Villa Mitre de la ciudad de Salta.
Para este agravante el fiscal consideró que la víctima fue elegida por su condición de mujer vulnerable, que vivía sola, y que la "agresividad excesiva ejercida por el homicida, configuran de forma probada el elemento objetivo en la agravante del femicidio".
El Ministerio Público Fiscal precisó que la decisión se basa en el informe de la autopsia, que indica que, además de las 17 lesiones con arma blanca, la víctima sufrió numerosas heridas contusas, provocadas por golpes.
El acusado, identificado como Pablo Exequiel Verón, tiene 18 años (y no 19, como se había informado en principio). Está detenido, igual que una chica de 17 años con la que habría ejecutado el ataque a la docente. Hasta ahora Verón venía acusado por el delito de homicidio calificado por alevosía y criminis causa. Pero ayer el joven fue sometido a una nueva audiencia de imputación en la que se le notificó del calificante de femicidio en la acusación. Una vez más, se negó a declarar.
El fiscal Torres Rubelt informó del informe de la autopsia de la víctima, surge que además de las heridas de arma blanca que le causaron la muerte, Sulca, de 48 años, recibió numerosas heridas contusas, abiertas y punzo cortantes en todo el cuerpo, "lo que excedió claramente la violencia necesaria para causar la muerte".
La nueva acusación se corresponde con el pensamiento que venía expresando públicamente el procurador general de la provicia, Abel Cornejo, y también con el reclamo público realizado por la abogada Gabriela Rodríguez, de la Fundación Cintia Fernández, que ya anunció su intención de presentarse como querellante particular en esta causa penal, planteo que se haría hoy, ante la jueza de Garantías Ada Zunino, que interviene en este proceso.
El jefe de los fiscales viene manteniendoo una confrontación con funcionarios del área de Seguridad de la provincia, acentuada a partir del crimen de Rosa Sulca porque la Procuración General creó una Unidad Especial, integrada por los fiscales Pablo Rivero y Verónica Simesen de Bielke, para investigar a la Policía de Salta por su pobre respuesta ante el pedido de ayuda que hizo la maestra cuando era atacada.
La madrugada del 28 de abril, a las 2.37 exactamente, Rosa Sulca pidió ayuda al Sistema de Emergencias 911. Dijo que la estaban matando, su pedido fue interrumpido por la voz de una adolescente que intentó desestimar la llamada mientras que de fondo se escuchan ruidos del ataque, gritos de dolor y pedidos de auxilio de la maestra. El 911 derivó el pedido a la Comisaría 4º, que envió a los agentes Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra al domicilio de Sulca, a dos cuadras de la sede policial. Llegaron a las 2.51 y las 2.52 dieron por finalizada su verificación, sin hablar con ella ni con nadie de la casa.
Después, ya con el resultado de la muerte de la mujer, cuyo cuerpo fue encontrado en el atardecer de ese día luego de que una vecina alertara de que no la había visto y no respondía los llamados, la Policía informó que los agentes se retiraron sin más porque llamaron a la puerta, tocaron timbre, llamaron a su teléfono, y no hubo respuesta. Todo eso se hizo en un minuto, según el relato oficial de la Policía.
Sanhueso y Vizgarra están detenidos también, acusados de incumplimiento de sus deberes y de abandono de persona seguido de muerte. Por los mismos delitos fue imputado el director del Centro de Coordinación Operativa, que funciona en el edificio del 911, el comisario mayor Fabián Tolaba, aunque en su caso mantiene la libertad.
