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La cuarentena para enfrentar la pandemia del coronavirus fue acompañada de un amplio abanico de políticas de ingresos. La forzada parálisis de amplios sectores de la producción dejo sin ingresos a un importante sector de la población.
Para mitigar ese impacto de la cuarentena, el gobierno dispuso una serie de medidas destinadas a garantizar un ingreso mínimo a ese sector de la población. Un plus en jubilaciones y asignaciones familiares, el ingreso familiar de emergencia para informales, monotributistas de baja categoría y servicio doméstico cubren a prácticamente un tercio de la población que no se encuentra dentro del mundo laboral formal.
Para las empresas privadas que generan empleo formal y se vieron afectadas por la cuarentena, el Estado les permite posponer o reducir hasta el 95 por ciento las contribuciones patronales y les brinda acceso a créditos a subsidiados. Adicionalmente, les cubre hasta el 50 por ciento del salario netos de sus trabajadores con montos que tienen como piso los 16.875 pesos (un salario mínimo) por trabajador y un máximo del doble de aquella suma.
Esta política pública para cubrir salarios de empresas en crisis dejó afuera a empresas gestionadas bajo la forma de cooperativa de trabajo. Por tratarse de trabajo autogestivo y no en relación de dependencia quedaron fuera del decreto 332/20 que estableció la “asistencia de emergencia al trabajo y la producción”.
Para intentar compensar esa falencia, el Ministerio de Trabajo impulsó una resolución 144/20 para brindar a los asociados de cooperativas de trabajo en crisis una suma de 6500 pesos. Es decir, los trabajadores de las empresas auto gestionadas recibirían una ayuda estatal equivalente a menos de la mitad de lo que puede recibir un trabajador de una empresa gestionada por un empresario, con la exigencia adicional de un tramiterio presencial y engorroso.
La línea de Trabajo no cuenta aún con el financiamiento suficiente para cubrir con ese reducido monto al extenso número de trabajadores de empresas autogestionadas, por lo que aún no se sabe si todas ellas podrán acceder.
La exclusión de los trabajadores autogestionados del programa de asistencia de emergencia al trabajo no tiene explicación razonable. ¿Por qué empresas pertenecientes a grupos concentrados como Techint, radicados en paraísos fiscales y que impulsaron recientemente despidos masivos, podría recibir hasta 33.750 pesos de las arcas públicas por cada uno de sus empleados, mientras que un trabajador que gestiona cooperativamente su empresa sólo recibiría 6500 pesos?
Si el Estado discrimina a las empresas al momento de diseñar una política pública, la lógica económica de la discriminación debería ser la inversa. Impulsar una ayuda mayor a las empresas gestionadas por sus trabajadores que carecen de grandes fondos de capital para cubrir las pérdidas que genera la pandemia.
La lógica política de supervivencia de un gobierno popular debería impulsar una discriminación en el mismo sentido, ya que puede tener en las cooperativas de trabajo un aliado social que difícilmente encuentre en los grandes grupos concentrados.
@AndresAsiain
