Entre las actividades y los servicios que el aislamiento social obligatorio puso en suspenso están las mudanzas. La imposibilidad de cambiar de casa en medio de la pandemia y las medidas de confinamiento social afectan de forma diversa a un espectro amplio de inquilinos, propietarios, comerciantes, personas en situación de riesgo sanitario o de violencia de género en casi todo el territorio nacional. La realización de mudanzas no fue considerada servicio esencial, aunque en las últimas semanas muchos distritos las permitieron. En ciudad y provincia de Buenos Aires hasta ahora están vedadas, aunque en Capital está en estudio permitirlas. Para algunos sectores, como la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), habilitarlas sería no sólo un "irresponsabilidad”, sino que además “abriría las puertas para desalojos masivos”. Por este motivo, la ONG presentó al Gobierno nacional un protocolo para mudanzas en casos que involucren situaciones excepcionales como las de violencia intrafamiliar, de género o riesgo para la salud. "La apertura de las mudanzas responde a las necesidad del mercado inmobiliario y principalmente sirve para acelerar desalojos a quienes no pueden pagar", advirtió el presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz.

La entidad le presentó el protocolo al jefe de gabinete Santiago Cafiero y a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, para que “en un contexto de cuidado se contemplen estas situaciones excepcionales y urgentes”.

“En términos generales, hay cuatro situaciones que se dan desde que comenzó la cuarentena. La escalada de violencia hacia las mujeres, que además sufren violencia por parte de las inmobiliarias y propietarios, es un universo. Otro es el de aquellos que tienen problemas graves de salud y que por algún motivo necesitan mudarse a otro lugar, ya sea por las condiciones en las que están viviendo, por falta de agua, luz, gas, o por estar más cerca del lugar donde tienen que seguir un tratamiento. En cualquier caso, se trata de situaciones en las que hacer la cuarentena así complica la salud”, explicó Muñoz.

Para el titular de FIN, estas son los dos contextos para los cuales es necesario implementar medidas que permitan las mudanzas. Las otras dos situaciones que describió Muñoz, engloban, por un lado a “quienes quedaron a medio camino con una mudanza". "Ahí hay un abuso del mercado inmobiliario, que plantea que dejaste las cosas y tenés que pagar, cuando en realidad no corresponde porque hay un contrato que no podés cumplir porque el Estado te lo impide. Es decir, por causas externas que imposibilitan tanto al inquilino como al propietario cumplir con el contrato y eso cae dentro del artículo 1203 del Código Civil", detalla Muñoz. 

La cuarta situación, añade, "es la de aquellos que se quieren mudar porque se están endeudando y el mercado no les va a tener contemplación en octubre, cuando tengan que pagar". "Por eso decimos que hay que plantear un sistema de desendeudamiento como hay en otros sectores", explica el referente de FIN.

Según Muñoz, “hay muchas presiones del mercado inmobiliario para habilitar las mudanzas y dar curso a los desalojos y que no se cumpla el Decreto 320”. Esa disposición dispuso hasta el 30 de septiembre suspender las expulsiones, prorrogar los contratos y congelar el precio de los alquileres a valores de marzo pasado, además de fijar el pago en cuotas por la deuda generada durante el plazo de vigencia del decreto.

“Si no es por fuerza mayor, está bien que sigan prohibidas las mudanzas, porque además sería una irresponsabilidad desde el punto de vista sanitario cuando hay una medida de aislamiento social. En la Ciudad de Buenos Aires vencieron 40 mil contratos en abril y 40 mil en mayo, sólo con que la mitad se quiera mudar sería el fin de la cuarentena”, advirtió.

El mismo problema, alertó la Federación, “se generaría en provincias como Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Chaco, y Provincia de Buenos Aires, en donde la situación de contagio es realmente complicada".

Mudanzas impostergables

No obstante, para los casos en que hay que considerar cuestiones de salud o el peligro para la vida por cuestiones de violencia, presentaron un protocolo para ser aplicado mientras dure la cuarentena para evitar la propagación de la covid-19.

Entre los principales puntos, la entidad señala que “las mudanzas deben ser previamente autorizadas de manera excepcional y garantizadas a través de las administraciones de los consorcios”. De acuerdo al protocolo, las causales deben estar debidamente justificadas. Para los casos en que se invoquen cuestiones sanitarias, deben presentarse  “estudios o prescripción médica que determine la necesidad cierta de mudarse por razones de salud”. En los casos de violencia de género o intrafamiliar, debe mediar la presentación de “declaración jurada, denuncia, exposición policial, sentencia o documentación que acredite ser víctima de algún tipo de violencia”.

Además, para autorizar las mudanzas excepcionales, los estados municipales o provinciales deberán determinar un área competente ante la cual se deberá acreditar la documentación correspondiente. Esos documentos irán acompañados de “una declaración jurada con firma del solicitante en la manifiesta la circunstancia en la que funda el pedido de autorización, y el compromiso al cumplimiento del Protocolo de higiene y seguridad durante la mudanza, para evitar exposición al contagio”.

En tanto, la autoridad responsable emitirá un certificado de autorización en el que constarán, además de los datos del solicitante y del consorcio, la empresa de mudanza o datos de las personas que intervengan en la misma, el día y hora, y domicilios de origen y destino.

Pero además de las cuestiones administrativas, habrá que cumplir con un protocolo de seguridad e higiene para evitar la propagación del virus, que tendrán que garantizar “las administraciones de los Consorcios con relación al ingreso y egreso de los inmuebles a habitarse”.

Entre las medidas a adoptar, están contempladas mantener la limpieza y la desinfección de los espacios a transitar en los inmuebles durante la mudanza; desinfectar los vehículos antes y después de la realización del transporte de los objetos de la mudanza; las personas que realicen la mudanza tendrán que utilizar equipos de protección individual (guantes, barbijos, protectores faciales) que deberán mantener durante todo el traslado. Además, el vehículo de transporte no podrá ser ocupado por más de dos personas y se evitará, en la medida de lo posible, que las herramientas de trabajo sean compartidas. 

Además, quienes contraten a una empresa de mudanza deberán informar sobre su estado de salud actual, si es actualmente portador de covid-19, si ha estado en contacto con personas contagiadas o padeció previamente el coronavirus.

"En el universo de personas que se quieren mudar, hay muchas que lo quieren hacer por las presiones del mercado inmobiliario, que quiere que paguen o tener la posibilidad de desalojarlos. El decreto 320 endeuda a los inquilinos y por eso hay quienes quieren mudarse, ir a lo de un amigo o familiar para terminar cumpliendo una cuarentena todos hacinados", advirtió Muñoz. "Por eso, la solución para estos casos no es la mudanza sino desendeudar a los inquilinos, extender el decreto por 24 meses y votar la ley de alquileres", añadió.

De acuerdo con los datos relevados por la entidad a través de una encuesta nacional, el 41,9 por ciento de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril por la pérdida de sus fuentes laborales, y el 58,4 por ciento percibió menos ingresos comparado con marzo.