Si la Justicia no investiga, enjuicia y condena la manipulación de los jueces durante el gobierno de Mauricio Macri, como denunció la magistrada de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, será una señal de que consiente esa práctica que arrasa con el principio republicano de la independencia de poderes. Y estaría habilitando a todos los gobiernos de aquí en adelante para que formen su propia “mesa judicial” como tenía el macrismo junto a los seguidores de Elisa Carrió y los radicales PRO.

Cuando la oligarquía desplazó de su función constitucional a las Fuerzas Armadas para iniciar el ciclo de golpes militares en defensa de sus privilegios, los políticos tuvieron que diseñar sus propios contactos con generales colorados, azules, liberales, nasseristas, nacionalistas, corporativistas o integristas.

Desde el golpe contra Irigoyen en el año '30, los políticos debían aprenderse los nombres de generales y coroneles que revistaban en cada distrito. Era esencial para esa “democracia" que cada quien tuviera un militar amigo. Eso valió tanto para peronistas como para radicales, conservadores y hasta socialistas y comunistas. Se había naturalizado la intervención determinante de los militares en la política.

Las escuelas de oficiales y los barrios militares fueron aisladas de la vida civil. Las familias oligárquicas enviaron a sus hijos a los colegios militares para garantizar su control y las grandes empresas premiaban a los generales por los servicios prestados con un puesto en sus directorios cuando se retiraban.

La naturalización de esta participación antidemocrática en la política llevó a un punto en que las mismas Fuerzas Armadas se constituyeron en Partido militar en una espiral de violencia que culminó con el golpe del '76 y el genocidio de una generación que se había formado bajo ese mecanismo seudodemocrático contra el que se rebeló.

El gobierno de la Alianza Cambiemos se decía republicano. Pero representó un episodio más del viejo teorema: los liberales en economía no pueden ser republicanos ni democráticos. Por el contrario, los liberales en política, tienen necesariamente que intervenir en la economía desde el Estado. El liberal en lo económico no puede serlo en lo político porque favorece a una elite muy minoritaria y pierde elecciones. Entonces necesitó de los golpes militares.

Cuando los golpes militares quedaron en suspenso porque no garantizaban seguridad jurídica a inversiones y endeudamientos, el neoliberalismo optó por la cooptación de los partidos populares gracias a la fuerte hegemonía neoliberal en el proceso de globalización tras la caída de la URSS. Así, el gobierno peronista de Carlos Menem y el radical de Fernando de la Rúa gobernaron con programas del neoliberalismo. Esos gobiernos desembocaron en la colosal crisis de la economía de 2001-2002.

Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el neoliberalismo se reagrupó en la oposición detrás del enorme poder que estrenaban las grandes corporaciones multimediáticas asociado a un sector de la Justicia.

Así como los golpes militares caracterizaron un momento de la historia, y la corrupción ideológica de las corrientes políticas populares identificó a los años '90, esta asociación antidemocrática entre sectores de la Justicia y las corporaciones de medios se estudiará como la herramienta de intervención antidemocrática de estos años, equivalente a los golpes militares de antaño. Por supuesto existen grandes diferencias de formas, pero el objetivo de preservar privilegios es el mismo.

Y en vez de los nombres de los dictadores o de los presidentes fallidos de los '90 se mencionará a los jueces y fiscales que fueron sujetos activos de esta maquinaria. Cuanto más demore el Poder Judicial en cortar este funcionamiento, se hará más adictivo y hasta se naturalizará como sucedió con los golpes militares que impidieron la vida democrática durante décadas.

Fue concreta y esclarecedora la denuncia que hizo la jueza Ana María Figueroa en el programa radial de Mariano Martín, en la AM 750, sobre la presión que sufrió de parte de funcionarios del macrismo por la causa del memorándum en la que estaban acusados la ex presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman.

Si bien la jueza no dio nombres, los periodistas hicieron referencia a quien era en ese momento funcionario del ministro Germán Garavano y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques. Y la jueza no lo desmintió.

Los Mahíques, padre e hijo, son reconocidos militantes del PRO. El juez Carlos Mahíques protagonizó uno de las operaciones más escandalosas en el Poder Judicial, al pasar de la Justicia porteña a uno de los tribunales federales más importantes, como es la Cámara Federal de Casación Penal. Fue tan irregular esa designación para controlar Casación que fue tomada como ejemplo en el dictamen muy crítico del Relator de la ONU para la independencia de los jueces, Andrés García Sayán. Mahíques padre había sido ministro de Justicia bonaerense con María Eugenia Vidal.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, que fue uno de los principales blancos de esa persecución, incorporó la denuncia de la jueza Figueroa a la causa que lleva ante la CIDH. “¿Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, enterándose que Juan Bautista Mahiques, a quien propuso y designó como fiscal general del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?”, publicó en las redes.

Juan Bautista Mahíques desmintió la acusación y afirmó en las redes que nunca se produjo esa reunión con la jueza Figueroa.

Sin embargo, el diputado Martín Soria hizo una denuncia penal en el tribunal del juez Sebastián Ramos. Y un grupo de 19 legisladores del Frente de Todos presentó un pedido de investigación ante el juez Daniel Rafecas. En el escrito se mencionan como integrantes de esta “mesa judicial” desde el ex presidente Mauricio Macri, hasta Garavano y Mahíques, además del ex jefe de los espías Gustavo Arribas, los ex funcionarios José Torello y Pablo Clusellas, "al ex Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián ("Pepín") Rodríguez Simón y Daniel Angelici".

Sería ingenuo ignorar que gobiernos anteriores se hayan manejado con jueces y fiscales amigos. Pero la composición conservadora y la estructura semifeudal del Poder Judicial en Argentina es más amigable con gobiernos neoliberales como el de Cambiemos. Y durante la gestión macrista esta práctica de presión y manipulación se institucionalizó en forma abierta. La misma prensa que respaldó a Mauricio Macri hablaba sin pudor de sus operadores judiciales entre los que siempre sobresalían el radical PRO Daniel Angelici y el macrista PRO Pepín Rodríguez Simón.

No se trata de un problema que afronta solamente Argentina. El lawfare, al igual que las dictaduras militares de los años '60 y '70, se convirtió en epidemia continental que sirvió para derrocar gobiernos legítimos. El juez provincial de primera instancia de Brasil, Sergio Moro, que contribuyó al derrocamiento de Dilma Rouseff y al encarcelamiento de Lula da Silva, se convirtió después en el ministro de Justicia del gobierno derechista de Jair Bolsonaro que resultó favorecido por esa campaña de persecución judicial.

En los '60 y '70 era muy difícil hablar contra los gobernantes militares pese a que constituían claramente poderes de facto. Había un sentido común instalado que llevaba a justificar a los dictadores. La situación es similar. Porque el lawfare se realizó a la vista de todos en distintos países y de manera similar. Las corporaciones de medios, que fueron cómplices de esa maniobra, instalaron un sentido común que niega una realidad evidente.

La causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores involucra al fiscal Carlos Stornelli y al juez fallecido Claudio Bonadio en prácticas bochornosas de extorsión a empresarios para obtener declaraciones falsas en las causas contra opositores políticos y desgarra el velo de ese sentido común cómplice.

La denuncia de la jueza Figueroa es de una gravedad inusitada y es la primera vez que se produce un testimonio de este tipo, lo cual subraya el volumen del control sobre el Poder Judicial que aplicaba la mesa de operadores judiciales del macrismo. Nadie monta una estructura semejante --activa desde antes que Macri ganara las elecciones-- para dar cursos de derecho. Esa estructura confirma la gran cantidad de denuncias sobre manipulación de la Justicia.

La corporación de medios mantendrá la cortina de silencio pero estas denuncias empiezan a agujerearla. Y el Poder Judicial se enfrenta a una decisión que va más allá de una causa penal, porque estará decidiendo en esta investigación si los argentinos vivirán en democracia o en un simulacro intervenido por la manipulación de la Justicia.