El camarista Luis Raffaghelli ratificó la existencia de presiones contra el Poder Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, a las que se refirió días atrás la jueza Ana María Figueroa. “Desde el punto de vista republicano del que tanto se hablaba evidentemente no se respetaba la independencia judicial”, expresó. “Teníamos la espada de Damocles sobre el cuello”, dijo en referencia a las denuncias contra jueces díscolos en el Consejo de la Magistratura por el contenido de sus fallos. El fiscal Ramiro González, en tanto, dispuso las primeras medidas en la causa que se inició por los dichos de Figueroa a partir de una denuncia del diputado Martín Soria, quien pidió que se investiguen presuntas “amenazas coactivas agravadas, por haber sido cometidas con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de los poderes públicos”.
“La justicia laboral no fue ajena a los problemas que denunciara la doctora Figueroa. Estuvo en el ojo de la tormenta ni bien comenzó la gestión anterior”, dijo el juez de la Cámara del Trabajo en diálogo con el periodista Mariano Martín en la AM750. “Nosotros tuvimos en el tribunal de feria un expediente contra la Afsca sobre reincorporación de trabajadores. Un año después motivó una denuncia en el Consejo porque entendimos que habían sido despidos discriminatorios y ordenamos la reincorporación cautelar”, recordó.
Entre otros casos de presiones mencionó “el de los bancarios, cuando el Ministerio de Trabajo no quería homologar el aumento y los doctores Enrique Arias Gibert y Graciela Marino lo intimaron, legitimando el aumento pactado, y eso determinó una denuncia ante el Consejo”. También “hubo casos muy graves” como “el de la doctora González Bullrich, jueza de primera instancia, que reincorporó a un trabajador de Vialidad arbitrariamente despedido y fue denunciada”, agregó. Recordó además cuando la fallecida jueza Dora Temis “ordenó que se respetara la ley de la Paritaria Nacional Docente y fue vilipendiada públicamente por el entonces ministro de Trabajo (Jorge Triaca)”.
En 2016, cuando empezaron “los despidos masivos”, eran habituales los llamados del Ministerio de Trabajo para saber si habían sido denunciados. “Era evidente que tenían un sentido intimidatorio” y “lo pudimos verificar después, cuando operadores judiciales de la autoridad laboral, que los había en lo penal y en lo laboral, en el caso de Télam pululaban tratando de hacer lobby para sacar resoluciones favorables”, añadió en referencia a las causas por los 357 despidos en la agencia estatal. “Hacemos gala de la independencia judicial pero esas gestiones existieron. Inclusive esos mismos personajes influenciaban en el nombramiento de algunos magistrados. La independencia judicial en ese período fue una quimera”, destacó. En el caso de Télam las presiones fueron también “para tratar de desplazar” a los jueces de la Sala V, que fallaron a favor de las reincorporaciones.
