El Ejecutivo Municipal hizo uso de la facultad que le otorga la Ordenanza Tributaria anual y ajustó el valor de la UT (Unidad Tributaria) según la suma de las variaciones mensuales de Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Región Noroeste, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Nación (INDEC).
Así se dispuso mediante la resolución 12 de la Agencia de Recaudación Municipal del 30 de abril último.
La Ordenanza Tributaria 2020, sancionada el 27 de diciembre y promulgada tres días después, fija en el artículo primero la Unidad Tributaria, como unidad de medida de los tributos establecidos con base en importes fijos, cuyo valor es equivalente a $14,43, excepto para el Impuesto a la Radicación de Automotores al que se le aplica un valor de $5,90 por Unidad Tributaria.
El segundo párrafo de ese artículo, establece que habrá una readecuación del valor de la UT, que será equivalente “a la suma de las variaciones mensuales de Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Región Noroeste publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Nación (INDEC), de los meses de octubre/19 a marzo/20"
Ese ajuste se aplicará "en las obligaciones cuyos vencimientos operen a partir del mes de junio del ejercicio fiscal 2020, no pudiendo esta readecuación exceder el veintitrés por ciento (23%)".
La resolución de la Agencia de Recaudación Municipal consigna que el IPCNG para el Noroeste fue el siguiente: octubre/2019, de 2,9%; noviembre/2019, de 3,9%; diciembre/2019, de 3,7%; enero/2020, de 2,4%; febrero/2020, de 1,8% y marzo/2020, de 3,8%.
La suma de octubre a marzo, arroja un 18,5%, que aplicado al $14,43 vigente, arroja $17,10. La Unidad Tributaria diferenciada que rige para el Impuesto a la Radicación de Automotores pasará de $5,90 a $6,99.
El incremento de la UT a partir de junio se produce casi en consonancia con la anunciada intención de algunos concejales, de revisar la ordenanza Tributaria para eliminar la posibilidad de readecuación.
En ese sentido existían al menos tres proyectos con esa intención, propuestas que en caso de prosperar, implican dejar sin efecto una decisión que a su vez complicaría la recaudación municipal.
Sería la segunda decisión del Concejo Deliberante con incidencia directa en los ingresos fiscales municipales, ya que hace unas semanas sancionó la ordenanza de eximición de tres tasas al comercio en general y monotributistas, que demuestren no haber trabajado durante las restricciones impuestas por la pandemia de la Covid-19.
El Ejecutivo Municipal estimó que esa decisión significa $70 millones menos en tres meses, aunque la propia intendenta Bettina Romero anticipó que no iba a vetar la norma, pero que habría restricciones presupuestarias, entre las que citó algunos extras del Concejo Deliberante.
El tratamiento de la ordenanza tributaria y el incremento porcentual de la UT fue uno de los focos de la tensa relación que tiene la intendenta con el Concejo Deliberante y que, aunque a veces en meseta incierta, no se cierra.
Cuando la Unidad Tributaria estaba fijada en $9,95, la intendenta sostuvo el porcentual de aumento del 55% propuesto por la gestión de Gustavo Sáenz, que ya dejaba su función el ejecutivo comunal.
No habían asumido todavía los nuevos concejales ni la intendenta, cuando el director de la Agencia de Recaudación Municipal (ARMSa), Rodolfo Paz Moya, visito el Concejo Deliberante. Fue un 26 de noviembre cuando dijo: “hemos considerado el acompañamiento de la proyección anual de tasa de inflación (estimada en un 55%), porque existe un desfasaje considerable entre la UT, la tasa de inflación y la paritaria desde 2013; no tener en cuenta esta readecuación para el próximo ejercicio, implica que no puedan hacerse obras, ni financiarse los gastos de funcionamiento del municipio”.
La oposición lo consideró excesivo, poco razonable y acordaron que un 51% estaría bien, pero finalmente se resolvió que el tema debía quedar en manos de los nuevos concejales, que asumieron el 3 de diciembre.
Bettina Romero asumió sus funciones el 10 de diciembre, reunió entonces a todos los concejales para explicarles y prácticamente exigirles que el 55% debía ser el incremento porcentual; “ fue una apretada de novela”, recordó un edil. “No estábamos en un diálogo, nos estaba dando órdenes, esa actitud cayó muy mal”. A partir de ahí, nada fue igual.
Luego hubo un par de reuniones con funcionarios recién asumidos para proponer el 45% de aumento con readecuaciones cuatrimestrales asociadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC.
El Concejo Deliberante terminó aprobando ese incremento con 17 votos a favor y 2 en contra, pero con una sola readecuación en junio, según la suma de las variaciones mensuales de Nivel General del Índice de Precios al Consumidor para la Región Noroeste, reajuste que no puede ser superior al 23%.
La recaudación municipal inicial proyectada para este año es de $ 3.200 millones ajustada por inflación. En las planillas de ARMSa la proyección tiene un “ajuste por coronavirus”, que reduce esa cifra a $2.255 millones de pesos, es decir unos $960 millones menos.
En la misma planilla se indica que si la Unidad Tributaria no se ajusta en base a lo previsto, esa diferencia sería de $1.100 millones menos.
Con esos números, que muchos concejales tienen en mano, hay que ver quién de ellos desea plantear la eliminación del reajuste de la UT, que el Ejecutivo ya resolvió.
Fuentes de la comisión de Hacienda, indicaron que el aumento es mínimo y además, replantar la readecuación, sería otro motivo más de conflicto para adjudicar al Legislativo las penurias del Ejecutivo para afrontar sus gastos.
