El Poder Judicial analiza la posibilidad de continuar con los juicios orales de manera remota. Tras las sucesivas prórrogas de la feria extraordinaria y ante la casi segura extensión del receso sanitario hasta el próximo 24 de mayo, el Consejo de la Magistratura ya recibió varios pedidos de tribunales del fuero penal para que se establezcan mecanismos tecnológicos con el objetivo de dar continuidad a los procesos de manera online. Entre ellos están el juicio a Cristina Kirchner y los de lesa humanidad. La experiencia ya fue exitosa en algunos juicios abreviados, pero las dudas están en los debates más complejos, con varios imputados, testigos y querellas. Mientras en Comodoro Py miran con atención la experiencia del Congreso, advierten que uno de los mayores escollos -–además de la cuestión técnica-- es la dificultad para certificar que quien declare del otro lado de la pantalla lo esté haciendo por su propia voluntad.

Al igual que los poderes Ejecutivo y el Legislativo, el Judicial busca avanzar en la digitalización del trabajo para dar continuidad al servicio de Justicia en medio del aislamiento obligatorio.

El jueves pasado, en los tribunales federales de Retiro todos siguieron con atención la experiencia de un juicio a distancia. Sin mayores dificultades, un proceso unipersonal --es decir, con un solo juez-- a cargo del TOF Nº1 se desarrolló con el imputado vía teleconferencia desde el penal de Marcos Paz. En la sala de audiencias del edificio de Comodoro Py 2002 sólo estaban presentes el juez y un secretario, con el distanciamiento social reglamentario y protocolos de higiene. La plataforma digital utilizada fue la misma que se aplica habitualmente en los casos en los que los detenidos que deben declarar en un juicio piden hacerlo desde la cárcel para no ser sometidos a los traslados.

Este sistema debutó en los debates orales por delitos de lesa humanidad, cuando los acusados o testigos estaban fuera del país y declaraban desde cualquier lugar del mundo, conectados a una computadora ubicada en alguna embajada o consulado. A partir de allí, su uso se fue extendiendo a otros procesos y se aplica con regularidad. Ahora, la emergencia por la pandemia global impone el enorme desafío de ampliar la virtualidad para casi la totalidad de un proceso, lo que implica una mayor complejidad. Las plataformas que se usan habitualmente son Polycom y Cisco, pero ninguna de ellas permite más de doce puntos de conexión -–de usuarios-- en simultáneo. “Estos programas no aguantan si los nueve tribunales orales los usan a la vez. Por ejemplo, no podría haber dos juicios el mismo día en esas condiciones”, explicó a PáginaI12 un funcionario judicial que trabaja en la elaboración de la nueva modalidad. Por eso, en el Consejo de la Magistratura estudian la posibilidad de armar una plataforma especial a través de Arsat, mientras que en tribunales también analizan el uso de algunos sistemas desarrollados por universidades.

Mientras tanto, en Comodoro Py están mirando con atención las pruebas piloto de Diputados y Senadores, con el objetivo de tomar la experiencia como ejemplo. Desde la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal a cargo del edificio de Retiro, se piensan por estos días los protocolos posibles para lo que podría ser un sistema mixto. Por ejemplo, podría estar sólo uno de los tres jueces o juezas de un tribunal junto a un secretario/a de manera presencial en la sala de audiencias y el resto de las partes, (fiscalía, querellas, defensores e imputados) en forma remota.

Los mayores problemas que todavía no saben cómo resolver son dos. Por un lado, la dificultad en materia de seguridad informática, para evitar hackeos o interferencias. Por otro, la manera de garantizar que un testigo o imputado no esté siendo coaccionado, es decir, que esté declarando por su propia voluntad. Esto es algo muy sencillo de establecer cuando la indagatoria o la testimonial tiene lugar en presencia del tribunal. Pero a distancia, alguien podría estar al lado del declarante, fuera de cámara, amenazándolo para que diga tal o cual cosa, lo que sería imposible de detectar desde el otro lado de la pantalla. Una de las soluciones que se analizan sería la posibilidad de enviar un efectivo de alguna fuerza de seguridad al domicilio del testigo o imputado al momento de su declaración. Sin embargo, aún está en duda la capacidad logística que implicaría esta opción. Por eso, algunos opinan que quien declare lo haga de manera presencial con todos los recaudos necesarios, mientras que empleados/as, secretarios/as, abogados/as y fiscales participen en forma virtual.

Al mismo tiempo, habría que digitalizar gran parte de las pruebas, lo que en algunos casos, advierten, sería casi imposible o muy difícil de llevar a cabo en un tiempo razonable. Sobre todo en juicios del fuero Penal Económico, donde cheques, dinero en efectivo, cajas de seguridad, etc. suelen ser elementos probatorios materiales fundamentales. Además, los protocolos deberían contemplar los procedimientos que suelen tener lugar durante los juicios, que implican sí o sí el trabajo en el territorio, como el reconocimiento de lugares y las reconstrucciones de los hechos que se investigan.

Como se ve, implementar un juicio a distancia respetando todas las garantías procesales es de una enorme complejidad. “No podemos aplicar un sólo protocolo para todos los juicios. Estamos pensando en algo general, pero cada caso deberá tener sus propias normativas según las características y la etapa en la que se encuentre cada proceso. No es lo mismo un juicio que recién se inicia, que requiere la presencia de todos los imputados, por ejemplo, que uno que está en la etapa de alegatos o de las últimas palabras”, detallaron a este diario en Comodoro Py.

Juicio Vialidad y de lesa humanidad

El Consejo de la Magistratura ya recibió varios pedidos formales para que se implementen los juicios remotos. El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal Nº2, elevó la solicitud para continuar con el proceso por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que está acusada la Vicepresidenta Cristina Kirchner junto a otros doce imputados. El juicio está en la etapa las testimoniales. Las audiencias se venían desarrollando a un ritmo muy lento, los días lunes y con la declaración de sólo un testigo cada vez, con una lista prevista de más 180.

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal, organismos de derechos humanos y las diferentes querellas de los procesos contra los genocidas de la última dictadura cívico militar también reclamaron a la Cámara de Casación que se reanuden las audiencias a distancia. Sobre todo porque se trata de procesos muy largos, que ya vienen demorados y cuyos imputados, en su mayoría, son de edad avanzada, por lo que podrían morir antes de la sentencia. En concreto, pidieron que se reinicien aquellos que estaban en trámite y que comiencen los que estaban a un paso de arrancar antes del aislamiento obligatorio. En total, son más de una decena de juicios.

En todos los casos, la dificultad es la misma. Se trata de debates orales con muchas personas involucradas. Según pudo relevar PáginaI12, la Casación ya remitió las solicitudes a cada uno de los tribunales, quienes a su vez deben acordar los detalles del trámite con el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema